Roberto Sánchez concentra votos en zonas de minería ilegal, mientras Keiko Fujimori lidera en áreas de tala ilegal
Roberto Sánchez logró sus principales resultados electorales en provincias vinculadas a la minería ilegal, mientras Keiko Fujimori obtuvo ventaja en territorios golpeados por la tala ilegal y el tráfico de madera amazónica.
El líder de Juntos por el Perú encabezó la votación en zonas mineras de Puno, Madre de Dios, La Libertad y Arequipa. En paralelo, la lideresa de Fuerza Popular concentró respaldo en provincias de Loreto y Ucayali afectadas por la deforestación, según el conteo oficial de la ONPE al 100% que este medio revisó.
Sánchez lideró en 18 provincias ligadas a economías ilegales y Fujimori lo hizo en 10. En tanto, Ricardo Belmont apareció primero solamente en Tacna, una de las regiones más golpeadas por el contrabando fronterizo.
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Entre las provincias donde Sánchez obtuvo más votos aparecen Pataz, Caravelí, Camaná, Sandia y Tambopata. Todas registran presencia de minería informal, extracción ilegal de oro y rutas de comercialización clandestina. En el VRAEM, además, ganó en La Mar, Huanta, Satipo y La Convención, corredores marcados por economías vinculadas al narcotráfico.
Keiko Fujimori concentró respaldo en Maynas, Requena, Coronel Portillo y Atalaya. Estas provincias figuran entre las más afectadas por la pérdida de bosques amazónicos y el comercio ilegal de madera. El resultado coincide con cuestionamientos previos a Fuerza Popular por apoyar cambios legislativos observados por organizaciones ambientales y pueblos indígenas.
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Roberto Sánchez respaldó ampliaciones del Reinfo y promovió proyectos cuestionados por favorecer a la minería informal
Desde el Congreso, Roberto Sánchez mantuvo una posición favorable a iniciativas vinculadas al sector minero informal. Una de las más cuestionadas fue la Ley 31989, incluida dentro del grupo de normas observadas por debilitar herramientas contra el crimen organizado. La norma, aprobada en marzo de 2024, despertó alertas porque modificó disposiciones relacionadas con el control de explosivos utilizados en actividades mineras informales y redujo herramientas de intervención frente a operaciones vinculadas a la minería ilegal. En aquella ocasión, Sánchez votó a favor de la iniciativa.
Sánchez también impulsó en noviembre del 2025 el Proyecto de Ley 13246/2025-CR conocido como la 'Ley de Minería Ancestral'. La iniciativa proponía crear una figura paralela al Reinfo para reconocer a mineros ancestrales y tradicionales. El proyecto recibió cuestionamientos porque flexibilizaba requisitos ambientales y mecanismos de control para sus beneficiarios. Dicha iniciativa quedó estáncada en la Comisión de Energía y Minas.
Durante su paso por el grupo parlamentario de Energía y Minas, el congresista respaldó además las ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Aunque el sistema nació como un mecanismo temporal, miles de inscritos permanecieron años sin completar procesos de formalización ni requisitos técnicos y ambientales.
El candidato de Juntos Por el Perú defendió estas medidas bajo el argumento de proteger a trabajadores artesanales y promover una “nueva minería social”. Sin embargo, las críticas aumentaron tras la expansión de la violencia en provincias como Pataz, donde bandas criminales disputan el control de socavones, rutas de transporte y comercialización de oro ilegal.
Fuerza Popular apoyó leyes observadas por flexibilizar controles forestales en la Amazonía
Fuerza Popular respaldó la Ley 31973, conocida como la 'Ley Antiforestal', aprobada por insistencia en el Congreso pese a observaciones previas. La norma modificó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, permitiendo regularizar actividades agrículas sobre áreas deforestadas sin exigir procesos estrictos de zonificación forestal. La ley también redujo la participación del Ministerio del Ambiente en decisiones vinculadas a planificación territorial.
En 2024, la congresista fujimorista Jeny López presentó el Proyecto de Ley 09653/2024-CR donde se planteó habilitar actividades económicas dentro de bosques primarios y reconocer áreas previamente deforestadas para uso productivo. En 2025, se presentó un texto sustitutorio ante la Comisión Agraria del Congreso y se encuentra a la espera de ser debatido.
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La iniciativa causó alerta por el posible incremento de ocupaciones sobre territorios amazónicos y el debilitamiento de controles forestales en zonas afectadas por tráfico de madera y pérdida acelerada de bosque.
Loreto, Ucayali y Madre de Dios concentran algunas de las tasas más altas de deforestación del país. En provincias como Coronel Portillo y Atalaya, además, se reportan rutas vinculadas al comercio ilegal de madera, territorios donde Keiko Fujimori obtuvo importante respaldo electoral.
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En diciembre de 2025, Epicentro TV señaló la promulgación de una ley impulsada por siete congresistas del fujimorismo que declaró de interés nacional la construcción de la carretera UC-105, una vía proyectada sobre una zona amazónica de Ucayali con presencia de cultivos de coca, rutas del narcotráfico y pistas clandestinas. La norma fue promulgada por el expresidente José Jerí pese a las alertas sobre el impacto que podría generar en territorios vulnerables y comunidades indígenas.
El proyecto fue cuestionado porque el Congreso aprobó la propuesta sin estudios técnicos completos ni evaluaciones detalladas sobre impacto ambiental y seguridad. Además, reportes periodísticos y líderes indígenas advirtieron que este tipo de carreteras suele facilitar la expansión de cultivos ilegales, la deforestación y el avance de organizaciones vinculadas al narcotráfico en corredores amazónicos.
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Alejandro Godoy, politólogo: “Lo que tenemos es una reducción clara de la capacidad del Estado”
El politólogo Alejandro Godoy consideró que el respaldo electoral obtenido por Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en provincias vinculadas a minería ilegal y tala clandestina no resulta aislado. Según explicó, ambos sectores políticos han mostrado posiciones favorables hacia actividades extractivas informales en un escenario marcado por el aumento del precio de los minerales y las altas ganancias económicas que generan estas economías.
“Se trata de dos candidatos que tienen clara proclividad a favorecer dicha actividad, en un contexto de altos precios de los minerales y, por tanto, de ganancias. No habría que descartar incluso financiamiento de por medio”, declaró Godoy.
Respecto al comportamiento electoral en territorios donde predominan actividades ilegales, el especialista señaló que también influyen estructuras políticas ya consolidadas en determinadas regiones del país. “Puede ocurrir que en dichas zonas el fujimorismo o la izquierda encarnada por Sánchez ya tengan bases propias”, sostuvo.
Godoy también advirtió sobre el impacto que tienen las normas observadas por flexibilizar controles ambientales y mecanismos de fiscalización estatal. Para el analista, este tipo de medidas termina debilitando la capacidad de respuesta frente a economías ilícitas. “Básicamente lo que tenemos es una reducción clara de la capacidad del Estado para ello”, afirmó.
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Martín Ueda, politólogo: “Hay una tesis sobre la captura del poder por parte de economías informales”
El politólogo Martín Ueda señaló que existe una discusión cada vez más presente sobre la influencia de las economías ilegales e informales dentro de la política peruana. Según explicó, actualmente ya se trabaja una tesis vinculada a la captura del poder por parte de estos sectores económicos.
“Ya hay una tesis que se está trabajando sobre la captura del poder por parte de estas economías informales. Negar que muchos candidatos tengan vínculos o nexos sería ingenuo”, afirmó.
Ueda sostuvo además que actores ligados a economías ilegales han identificado al Congreso como el principal espacio de influencia política. Por ello, advirtió que estos grupos podrían incrementar su capacidad de presión sobre leyes y decisiones parlamentarias durante el próximo periodo legislativo.
“Muchos de esos actores ya saben que el verdadero poder está en el Congreso. Van a tener mayor capacidad de coordinación y más influencia en leyes que les favorezcan”, señaló.
El especialista también alertó sobre las consecuencias económicas y ambientales que deja la expansión de actividades extractivas ilegales. Indicó que estas economías no generan tributos para el Estado, incrementan la vulnerabilidad en los territorios afectados y terminan debilitando la capacidad estatal de respuesta frente a estos problemas.