LAP cedería 1.000 m2 del nuevo aeropuerto Jorge Chávez: esta es la razón detrás del anuncio
Un terreno de mil metros cuadrados del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez podría ser cedido en uso por la empresa Lima Airport Partners (LAP), concesionaria y operadora privada del terminal aéreo más importante del Perú, ubicado en la Provincia Constitucional del Callao.
La empresa se ha mostrado a favor de destinar el espacio a la construcción de una unidad de flagrancia delictiva vinculada al sector. El objetivo de la iniciativa es dar una respuesta inmediata, a través de este órgano, a delitos migratorios recurrentes en la principal puerta de entrada y salida del país.
¿Qué son las unidades de flagrancia y cómo funcionan?
Se trata de unidades que permiten una actuación coordinada entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Defensa Pública, además de otras entidades involucradas. Asimismo, facilitan la tramitación inmediata de los casos y reducen los tiempos del servicio de justicia. Por ejemplo, un proceso inmediato de flagrancia en estas unidades demora en promedio 72 horas.
Una infraestructura de este tipo instalada en el aeropuerto del Callao permitiría abordar ilícitos asociados a la presentación de documentos falsos, la trata de personas, el contrabando y el tráfico de drogas. Además, permitiría atender las intervenciones policiales y migratorias en el lugar de los hechos, lo que eliminaría las actuales limitaciones de infraestructura y los riesgos asociados al traslado de detenidos.
Avances en las negociaciones
Hasta diciembre de 2025, el Poder Judicial puso en funcionamiento 38 sedes de este modelo de justicia rápida en los distritos judiciales del país, con un nivel de producción del 92,55% de sentencias expedidas en la primera sesión de audiencia.
Debido a su impacto positivo en la resolución de casos, la creación de una unidad similar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue abordada de manera favorable durante una reunión de trabajo interinstitucional entre representantes de LAP, la Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Policía Nacional y el Poder Judicial. Se espera que la iniciativa se concrete pronto.
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