Adamuz: Puente ignoró el plan de prevención exigido por Bruselas
El Ministerio de Transportes conocía desde junio de 2025 que tendría que evaluar los riesgos de las infraestructuras de Adif y elaborar un plan de resiliencia para afrontar posibles percances, como el que desgraciadamente tuvo lugar el pasado 18 de enero, con el fatal desenlace de 46 víctimas mortales en Adamuz (Córdoba).
Así se desprende del contenido de la página 10 del informe suscrito y firmado el 12 de junio de 2025 por Alejandra González Madrid, secretaria general técnica del ministerio de Óscar Puente, que informaba de la remisión, por parte de la cartera de Interior, del «Anteproyecto de ley de protección y resiliencia de entidades críticas», con el objeto de emitir un dictamen de puesta al día.
Transportes enviaba sus conclusiones a Interior –«como responsable de la transposición»– acerca de la Directiva 2022/2557 del Parlamento Europeo relativa a la resiliencia de las entidades críticas cuyo plazo para su traslado al derecho español mediante una ley nacional había vencido el 17 de octubre de 2024. Al mes siguiente, tras la caducidad del calendario previsto, la cartera de Interior recibió «la correspondiente carta de emplazamiento de la Comisión Europea».
Más tiempo
En el escrito, el Ministerio de Transportes pedía más tiempo para emitir el informe de evaluación de riesgos de ADIF y el plan de resiliencia exigidos en la directiva y contemplados en el anteproyecto de ley (fechado en mayo de 2025) con unos plazos de nueve y seis meses, respectivamente, alegando que «podían ser muy ajustados debido al elevado número de áreas a coordinar».
Por este motivo, la cartera de Óscar Puente apuntaba que «sería planteable un régimen especial con plazos ligeramente más dilatados para entidades con presencia y actividad a partir de un determinado número de provincias».
Sin embargo, en el proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso de los Diputados y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 27 de marzo de 2026, estos plazos de nueve y seis meses no fueron ampliados, como pidió el Ministerio de Transportes, siendo coincidentes, por lo tanto, con los contemplados inicialmente en el anteproyecto de ley.
A la vista de estos datos, el incumplimiento del plazo previsto para la transposición de la directiva europea así como la propia toma de conocimiento de la necesidad del informe de riesgos y un plan de resiliencia para ADIF por parte de la cartera de Puente, y su falta de puesta en marcha, «gravitarán» sobre el fatal accidente ferroviario de Córdoba en el que murieron 46 personas, según señala a LA RAZÓN el abogado que ha obtenido esta información en base a la Ley de Transparencia y que obra en poder de este diario.
Directiva
En opinión del letrado, de haberse transpuesto la directiva comunitaria en plazo y de haber existido ese trabajo de resiliencia en ADIF, con su informe de riesgos al día y el plan ad hoc, el siniestro podría haberse evitado.
«Es evidente que el Ministerio de Transportes pedía más tiempo porque las infraestructuras de ADIF están muy abandonadas, como es público y notorio, con las dotaciones presupuestarias bajo mínimos desde la crisis de 2012», manifiesta el abogado que ha hecho la petición.
Por otra parte, como figura también en el informe, el Ministerio del Interior, como promotor y encargado principal de la transposición, había considerado que la nueva normativa europea no acarrearía costes adicionales: «En la ley no generarán incremento de gastos de personal al servicio del sector público y en la MAIN [Memoria Análisis Impacto Normativo] no se indica que la aplicación de esta norma afectará a los presupuestos públicos implicando un gasto».
Sin embargo, «como se reconoce en la exposición de motivos del texto normativo y en la propia MAIN, la nueva norma implicará obligaciones para las entidades críticas», consigna Transportes, para quien «esta ley sí supondrá un gasto para las entidades críticas, máxime dados los exiguos plazos que se contemplan para atender ciertas obligaciones.
Por consiguiente, para implementar las medidas sería necesario que establecieran en sus presupuestos partidas específicas».
«De hecho», recoge el documento, «la Dirección General de Carreteras (DGC) ha reiterado que si fuera considerada entidad crítica, necesitaría más recursos humanos y financieros para hacer frente a las medidas que se deriven de los planes de resiliencia que habrá de elaborar». Incluso cuantifica que suplir esta carencia en una necesidad presupuestaria adicional de 62.982,90 euros.
Como reza en el anteproyecto de ley, «la resiliencia, entendida como la capacidad de las entidades para la prevención, la protección, la respuesta, la resistencia, la mitigación, la absorción, la adaptación y la recuperación de sus funciones en casos de incidente, resulta una cualidad para cuya consecución es necesario, en primer lugar, contar con una estrategia nacional en la que se establezcan los objetivos estratégicos para la mejora» de «las entidades críticas».
Además, «la adopción de un enfoque basado en el riesgo que se centre en las entidades más pertinentes para el desempeño de funciones sociales o actividades económicas vitales, cuyos resultados hagan posible tanto la identificación de las entidades que deban ser consideradas críticas, como el impulso de las actuaciones orientadas a la implementación de las medidas adecuadas para ayudar a éstas a alcanzar sus objetivos frente a los riesgos pertinentes».
Según el letrado, la información desvelada es «otra consecuencia de un Gobierno que no puede aprobar nuevos presupuestos adaptados a las necesidades legislativas acorde a la nueva directiva europea, con lo que quedan bloqueadas todas las normas que conllevan un coste asociado, como es el caso».
Finalmente, a su juicio, «haber tenido esta directiva aplicada en el plazo legal establecido no sólo habría supuesto, probablemente, una mejora en la gestión de la crisis ferroviaria de Adamuz sino también incluso con la Dana de Valencia del 29 de octubre de 2024 y con el gran apagón del 28 de abril de 2025 en múltiples aspectos, no sólo en los que afectan al transporte».