Prioridad nacional: una vivienda digna
Mientras hay partidos que andan enredados en cómo enfrentar a los ciudadanos y generar tensión social con nuevos elementos que enrarecen aún más el clima político y tensionan la sociedad, los ciudadanos esperan soluciones a sus problemas.
El debate de esta pasada semana en el Congreso de los Diputados distó mucho de lo que necesitaban los españoles. En lugar de buscar acuerdos y soluciones se ahondó en los buenos contra malos, como si eso fuera solución al problema que afronta nuestro país. Arrojarse billetes de 50 euros o culparse de los males acumulados en las últimas legislaturas no soluciona ni vislumbra un horizonte positivo a lo que padecen hoy miles de familias.
La enarbolada «prioridad nacional» abre telediarios, centra mítines y fractura la convivencia, mientras la verdadera prioridad de los ciudadanos en tan solo tres años ha pasado a ser la vivienda. Su prioridad real es vivir dignamente.
Hace tan solo tres años, en los distintos barómetros y estudios publicados, solo un 13% de los españoles la situaba entre las principales de sus preocupaciones, en la oleada del CIS de este pasado mes de febrero, se situaba como una de sus mayores inquietudes entre el 42% de los encuestados. En solo tres años, se ha situado para casi la mitad de los españoles en el principal problema del país y para uno de cada es algo que le afecta personalmente.
Es cierto que se producen diferencias entre ciudades y generaciones, pero hoy tener un hogar en nuestro país se ha vuelto más difícil, incierto y con precios desorbitados en muchísimos lugares. Motivando dificultades en nuestros jóvenes para emanciparse, ahorrar y para miles de familias acceder a un alquiler a pesar de destinar una parte excesiva de su salario mensual.
Esta semana, una vez más, el debate en el Congreso de los Diputados en torno a la regulación de los alquileres ha calentado el ya de por sí caldeado clima político. Obviando o queriendo pasar por encima de una realidad que se ha permitido por parte de todos los gobiernos, tensionando las grandes ciudades con crecimientos desorbitados del parque de viviendas turísticas sin control, incluso quebrando la conciencias en comunidades y vecindarios, dificultando la seguridad jurídica que ayudará a aumentar la oferta de larga duración... Y todo ello sin crecimiento del parque público de viviendas a ratios razonables y necesarios.
El desequilibrio entre la oferta y la demanda en los últimos años es más que evidente y eso ha desencadenado una subida de presión no acompasada por el crecimiento de los salarios en nuestro país. En algunos casos, ese crecimiento del precio de la vivienda ha multiplicado por tres el de la subida de los salarios.
La cultura de la propiedad en España heredada tras cuatro décadas carentes de libertades mutó en un sentimiento generalizado en las familias de acceder a su propia vivienda. A raíz de la crisis de 2008 y, luego, de la pandemia, volvió a virar esa tendencia ganando peso la tendencia al alquiler.
En este contexto, España está cinco puntos por debajo de la media europea en parque de vivienda público, un 3% frente a un 8-9% de nuestro entorno. A diferencia de Austria o Países Bajos, nuestra vivienda protegida ha salido del parque público y ha pasado a renta libre al cabo de pocos años.
Es fundamental aumentar la oferta de vivienda pública y privada y, especialmente, en lo referente a viviendas de protección oficial. En el ámbito público, hay que garantizar que sigan permaneciendo en ese parque social similar a los países de nuestro entorno.
Del mismo modo para que estas ofertas de VPO sean asequibles a la inmensa mayoría de las familias que la demandan es fundamental adaptar los costes. Los principales impuestos que gravan la construcción de viviendas en España son el ICIO, el IVA en las ejecuciones de obra y el AJD en la declaración de obra nueva. Estas cargas pueden sumar hasta 20% del coste total en algunos casos.
Por todo ello, resulta imposible que más allá de los parches que se van llevando a cabo, se adopte una solución que no pase por un acuerdo no solo de los principales partidos, sino de todas las instituciones con competencia en la ordenación del territorio, planificación urbanística y vivienda.
Es clave sentar a la mesa a las CCAA, al Estado y a los ayuntamientos para ofertar bolsas de suelo público urbanizable y financiar el proceso hasta la construcción y ello conllevará un plazo de entre 6 y 10 años.
Todo lo demás es ruido y poco interés de solucionar la prioridad de los españoles en este momento, que debe ser el objetivo único de quienes optan a dirigir este país para solucionar las necesidades de sus ciudadanos. Esta sí que es una prioridad nacional: poner sentido común de una vez por todas, pero se antoja cada día más utópico.