El juez del "caso Koldo" apremia a Transportes a identificar a los funcionarios de diez expedientes de obras bajo sospecha
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno a acordado reclamar al Ministerio de Transportes que le remita "a la mayor brevedad" los expedientes de una decena de obras investigadas por posibles amaños de la "trama Koldo".
El instructor ha acordado la medida a instancias del fiscal de Anticorrupción Luis Pastor, con el objetivo de avanzar en la investigación de las supuestas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones ilegales de las que se habrían beneficiado el exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
Moreno encomienda a la Unidad Central Operativa (UCO) a recabar y analizar toda esa información, que afecta a proyectos de obra pública adjudicados a Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR).
Todos esos proyectos, resalta, "permanecían bajo el dominio" del Ministerio de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras. Y el instructor identifica a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al que fuera director de Carreteras Javier Herrero, "cada uno dentro de su ámbito de actuación", como los "facilitadores de asistencia para el éxito de las adjudicaciones proyectadas".
Las obras afectadas
En la resolución en la que acuerda la medida, acuerda que toda esa información se reclame al Consejo de Obras Públicas del ministerio que dirige Óscar Puente.
De todas esas obras en el foco solicita "copia de los dictámenes emitidos en los expedientes" así como la relación de los funcionarios que participaron en su redacción.
Entre esas obras de las que reclama más información figuran el soterramiento de la línea de AVE en Murcia, la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad entre Pulpí y Vera, la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat, la construcción de puentes y túneles en el tramo Monforte-Lugo y la estabilización de los taludes de la línea Gijón-Pravia, todos ellos adjudicados por Adif.
Además, requiere la documentación en relación a la licitación del tramo de carreteras Arrúbal-Navarrete, en La Rioja, la del puente del Centenario de Sevilla, la del tramo de autovía de Úbeda a Torreperegil, la de la segunda calzada de la autovía A63 en el tramo Salas-La Espina y las obras en la autovía A12 de Santiago en el tramo entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río, en La Rioja y Burgos.
No son meras sospechas
El juez Moreno justifica la necesidad y oportunidad de la medida en que "se trata de investigar y constatar adecuadamente la ejecución de unas presuntas conductas delictivas que tanto en el plano de la respuesta penal como en el de la trascendencia social son de una enorme gravedad".
"No nos encontramos con una mera sospecha -argumenta- sino en la constancia y evidencia de claros indicios" de la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, "sin perjuicio de aquellos otros que se puedan determinar en el curso de la
investigación". Se trata, recalca, de "delitos graves" que llevan aparejadas penas altas.