El alquiler, a punto del colapso: el 58% de los propietarios subirá precios al renovar sus contratos y un 34% retirará sus pisos del mercado residencial

Si ya resulta imposible encontrar un piso de alquiler asequible, lo peor está por venir. En los próximos meses, más de un tercio de las viviendas de alquiler convencional podrían desaparecer del mercado y casi seis de cada 10 propietarios elevarán los precios de sus inmuebles hasta nuevos máximos. La razón: una “fuga de oferta” sin precedentes que, según advierte Fotocasa, dejará a millones de inquilinos en la cuerda floja y convertirá el acceso a una vivienda en un privilegio de unos pocos.

Según una encuesta realizada en febrero por Fotocasa, el 58% de los propietarios tiene previsto subir el precio de su alquiler una vez finalice el contrato vigente. Del total, un 32% afirma que subirá el precio de manera explícita, mientras que otro 26% reconoce que buscará directamente inquilinos con mayor capacidad de pago, excluyendo de facto a la clase trabajadora y a los jóvenes. Asimismo, el 8% de los actuales propietarios de viviendas en alquiler afirman que en el futuro se planteará más seriamente comprar una vivienda como inversión.

Este acelerón se verá impulsado y agravado por una retirada masiva de inmuebles del alquiler residencial. El 34% de los propietarios retirará su vivienda del alquiler convencional al terminar el contrato actual. Este éxodo se compone de un 24% que venderá el inmueble, un 8% que lo destinará al alquiler por habitaciones y un 2% que lo reconvertirá en apartamento turístico.

"Nunca habíamos detectado una fuga de oferta similar en el mercado. Esta retirada de oferta hará que el mercado se vuelva inevitablemente más restrictivo, elevando las exigencias económicas y limitando el acceso de la gran mayoría de los inquilinos”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. Estas cifras adoptan una dimensión aún más grave si se tiene en cuenta que el 37% de los contratos de arrendamiento vigentes terminarán en un plazo máximo de 12 meses. Por otro lado, el 11% de los contratos terminará dentro de dos años, mientras que el 34% lo hará dentro de tres años o más.

Los mecanismos para frenar este subidón, sin embargo, son diferentes según el sector inmobiliario y según el Gobierno. Desde el sector inmobiliario explican que para evitar repuntes tan acusados del precio del alquiler los propietarios necesitan seguridad y previsibilidad. Actualmente, los contratos firmados desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023, actualizan su renta anual en base al Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) publicado mensualmente por el INE y que para los arrendamientos que se revisen en marzo se situó en el 2,47%. Los contratos firmados con anterioridad a esa fecha, en cambio, se actualizan con el IPC -si así se pactó-, que está escalando por el impacto de la guerra de Irán. En cambio, los nuevos alquileres pueden fijar su precio libremente a excepción de los que se ubican en las zonas declaradas como tensionadas.

En un contexto de demanda creciente, intervenir los precios sin facilitar nueva construcción, rehabilitación o cambios de uso, hace que la oferta se reduzca -retirada de pisos del mercado o trasvase a otras modalidad de alquiler- o se desplace a otras zonas donde los precios no estaban tan altos, provocando un incremento de la escasez y el traslado de la presión de precios, pero no su desaparición.

En cambio, desde el Gobierno insisten en el intervencionismo para frenar el precio los alquileres, un vía que demuestra su ineficacia mes a mes con los sucesivos máximos que marcan los precios de los arrendamientos. En concreto, el decreto de Sumar para prorrogar durante dos años los alquileres que vencen en 2026 y 2027, y que también recoge un tope del 2% a las actualizaciones anuales de los contratos, se votará el próximo 28 de abril en el Congreso, y tiene como objetivo evitar el subidón de precio del que advierte Fotocasa. Según sus cálculos, los inquilinos que se beneficien de ambas medidas podría ahorrar hasta 1.730 euros en un año.