Narcos viven en condominios de alto nivel y aterrizan en fincas: así operan en Costa Rica
El uso de pistas aéreas clandestinas —y en algunos casos legales— se ha convertido en una de las principales estrategias de las estructuras del narcotráfico para ingresar droga a Costa Rica, aprovechando tanto la geografía del país como vacíos en vigilancia aérea.
Así lo explicó el director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, en el programa Nuestra Voz de Amelia Rueda. Según el jerarca, las investigaciones confirman que el país funciona como un punto estratégico para el posterior traslado de estupefacientes hacia mercados internacionales en Estados Unidos y Europa.
Soto precisó que, en apariencia, los grupos criminales operan mediante avionetas que aterrizan tanto en campos de aterrizaje clandestinos como en infraestructuras habilitadas formalmente, muchas veces sin conocimiento de los propietarios.
“Son pistas que están ubicadas en lugares bastante remotos, no tienen una seguridad permanente, estos lo saben los sujetos, las utilizan en horas nocturnas, fines de semana, o lugares donde no hay un control bastante férreo”, explicó Soto.
Pistas ocultas a simple vista
Uno de los aspectos que más llama la atención de las autoridades es la capacidad de estas estructuras para camuflar su operación. En muchos casos, se trata de caminos de lastre o accesos dentro de fincas que, a simple vista, no levantan sospechas, pero que están acondicionados para permitir el aterrizaje de aeronaves.
“Pistas que están ubicadas en zonas bastante remotas, que podrían verse para una persona como un camino dentro de una finca, un camino de lastre”, detalló el jefe policial.
Estas operaciones, precisó Soto, suelen concentrarse en zonas como Guanacaste y la región sur del país, donde el terreno facilita este tipo de actividades y hay menor presencia de vigilancia constante.
Además, los pilotos utilizarían estrategias para evadir la detección, como volar a baja altura para no ser captados por radares.
Al respecto, Soto reconoció que, pese a los esfuerzos, el país enfrenta limitaciones en materia de control aéreo.
“No tenemos como país todas las aeronaves que deberíamos tener para dar un patrullaje constante a todo el territorio nacional y evitar estas pistas o estos vuelos ilegales”, indicó.
Propietarios no se dan cuenta
El director del OIJ enfatizó que, en muchos casos, los dueños de las propiedades donde existen estas pistas no están vinculados con las actividades ilícitas.
Las investigaciones han revelado distintos escenarios: desde empleados que facilitan el acceso sin conocimiento del propietario, hasta casos en los que son amenazados por grupos criminales. Incluso, se han documentado situaciones en las que los dueños ni siquiera residen en Costa Rica.
“Muchas personas que tienen sus pistas en orden, y aprovecho para decir que estas personas no tienen nada que ver con la estructura criminal, pero de acuerdo a nuestras investigaciones, su pista estaba siendo utilizada por las estructuras criminales”, indicó Soto.
Condominios: la otra fachada
Paralelamente, Soto precisó que hay un patrón creciente: la presencia de personas vinculadas al crimen organizado en condominios de mediano y alto nivel, especialmente en zonas como Escazú y Lindora, Santa Ana.
Según Soto, esto responde a dos dinámicas principales:
- Sospechosos que operan en comunidades conflictivas optan por mudarse a estos lugares en busca de mayor seguridad para ellos y sus familias.
- Existen estructuras más sofisticadas que, en apariencia, logran insertarse en la economía formal mediante negocios lícitos que funcionan como fachada para actividades ilegales, particularmente la legitimación de capitales.
“Son personas que se expresan mejor, que ya tienen quizás años de estar dentro de las actividades criminales y viven en economía. Esto también son algunos de los allanamientos que hemos hecho, donde a las personas, después de que allanábamos algún vecino por ahí se acerca y dice: ‘mire, esta persona tiene 5 o 10 años de vivir aquí, jamás hubiésemos creído’“, contó el jerarca judicial.
Además, las características de los condominios —como seguridad privada y control de accesos— también representan una ventaja para estos grupos, al dificultar acciones violentas en su contra.