Preguntas gravitacionales
No sé qué me gusta más, si el Óscar Puente como ofensor o como ofendido, en el papel de pillín o de pillado. La que no me esperaba es la que ofreció este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la del docto en leyes, en filosofía y sobre todo en ética. Ya empezaba con la expresión “gravita una pregunta” que solo se me ocurre su utilización por el reciente protagonismo de la misión Artemis II de la NASA. ¿Una pregunta puede gravitar y ser vista? ¿O realmente lo que está es gravitando dentro de su cabeza? ¿Por extensa o por poco densa? Y, además, se atrevía a decir que de la respuesta a la pregunta dependía nuestra propia democracia. La pregunta en estado gravitacional es la siguiente: ¿Estamos ante causas judiciales que tratan de eliminar espacios de impunidad? O ¿estamos ante causas judiciales que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente? La pregunta debiera ser: ¿estamos ante causas judiciales que buscan acabar con la impunidad o ante un relato interesado que pretende presentar cualquier investigación como un ataque a la democracia? No sé, a lo mejor el caso hidrocarburos, el caso Begoña Gómez, el rescate de Air Europa, el Delcygate, las bolsas que llegaban con miles de euros a Ferraz, las “sobrinas” de Ábalos, los contratos de mascarillas, lo que pretenden es ¿violentar la acción política? Qué pasa, si después del accidente de Adamuz, donde los informes apuntan a fallos graves en la infraestructura, de tener un Cercanías funcionando al límite, con inversiones que apenas alcanzan lo previsto; una red ferroviaria sometida a más uso pero con menor esfuerzo en mantenimiento; y un sistema que ha visto cómo el gasto por viajero en conservación se ha reducido de forma significativa en los últimos años, te enteras de que el Ministerio de Transportes dejó sin ejecutar más del 60% de los fondos europeos asignados en 2025, alrededor de 1.200 millones de euros. ¿Son hechos, violación de la acción política o futuras preguntas gravitacionales? Al final, la democracia no depende de preguntas que “gravitan”, sino de respuestas claras. Y la más evidente es esta: en un Estado de derecho, ninguna investigación judicial es un ataque a la democracia. En todo caso, lo sería intentar desacreditarla sistemáticamente cuando no conviene. La impunidad no se combate con discursos ingeniosos ni con giros semánticos. Se combate con hechos, con transparencia y, sobre todo, con respeto a las instituciones. Incluso -y especialmente- cuando estas no dicen lo que uno quisiera oír.