Marcela Ríos y criminalidad en Latinoamérica: El miedo hace que las personas apoyen proyectos autoritarios

La expansión del crimen organizado y su impacto en el funcionamiento de las democracias en América Latina fueron algunos de los ejes abordados por la doctora en Ciencia Política y presidenta del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Marcela Ríos, a propósito de la presentación del libro «Criminalidad y Democracia en América Latina«.

La exministra advirtió que la región enfrenta transformaciones profundas en las formas de criminalidad y en sus efectos sobre las instituciones. En ese contexto, explicó que uno de los objetivos del estudio fue “contribuir a abrir este debate en América Latina, que está un poco rezagado”, en medio de un escenario donde se observa “una expansión del crimen organizado y una diversificación de las formas de criminalidad”.

Según detalló, fenómenos como la trata de personas, la minería ilegal y el tráfico de armas evidencian que la criminalidad transnacional ya no está concentrada en zonas específicas, sino que se ha extendido a lo largo de la región.

La académica sostuvo que este fenómeno no solo afecta la seguridad de las personas, sino también el funcionamiento de las instituciones democráticas. “La criminalidad impacta a la democracia, primero debilitando a las instituciones del Estado que se necesitan para que la democracia funcione; en segundo nivel, aumentando la violencia, incluyendo la violencia política y electoral; y en tercer nivel, directamente infiltrando la política”, afirmó en conversación con la primera edición de Radioanálisis. 

En esa línea, advirtió que uno de los efectos menos visibles, pero más relevantes, es el aumento de la corrupción y la cooptación institucional. “Tenemos en muchas áreas de nuestra región financiamiento ilegal de partidos, de candidaturas, intervención directa en procesos electorales”, señaló, agregando que la infiltración del crimen organizado en organismos del Estado constituye una amenaza directa al Estado de Derecho.

Ríos también alertó sobre los riesgos asociados a respuestas estatales centradas exclusivamente en medidas punitivas, como el aumento de penas o el fortalecimiento de la presencia policial. A su juicio, el debate público suele concentrarse en la fase final del delito y no en sus causas estructurales. “Hay una limitación del debate sobre cómo enfrentar la criminalidad a la parte final del proceso, a través del punitivismo penal: cárceles, policías, aumento de penas, y no hay necesariamente una mirada general”, sostuvo.

Por otro lado, la exministra enfatizó que el fortalecimiento de los sistemas de justicia y penitenciarios es clave para enfrentar el fenómeno, especialmente en países con altos niveles de impunidad. “Se comete un homicidio, un robo con violencia, y las personas nunca son procesadas”, afirmó, subrayando que esta situación debilita la capacidad del Estado para controlar el crimen organizado y prevenir su expansión.

Asimismo, planteó que se necesitan estrategias coordinadas entre los países de la región, en un contexto político marcado por el auge de posturas nacionalistas. “El crimen está totalmente transnacionalizado, opera de la misma forma en muchos países”, indicó, advirtiendo que enfrentar el problema únicamente desde la lógica nacional resulta insuficiente sin mecanismos efectivos de cooperación internacional.

Finalmente, Ríos advirtió que la falta de decisiones basadas en evidencia constituye uno de los principales obstáculos para enfrentar la criminalidad y sus efectos sobre la democracia. “El no escuchar la evidencia es tremendamente problemático”, afirmó. «No podemos desconocer que la brecha entre la realidad del crimen y la percepción de las personas es una realidad en sí misma. Que las personas sientan miedo y que viven en un estado de emergencia, de inseguridad, les hace, además, estar disponibles para apoyar proyectos autoritarios, como ha ocurrido en El Salvador».

«El presidente de El Salvador no es el más popular de América Latina. Lo es la presidenta de México. Pero Bukele sigue teniendo altísimos niveles de apoyo con medidas que no terminado del todo, pero sí transformado una democracia electoral con imperfecciones en un régimen liberal autoritario», explicó sobre el caso del país centroamericano.

En ese sentido, sostuvo que las respuestas a la crisis de seguridad deben ser rápidas, pero también sustentadas en diagnósticos técnicos y en el fortalecimiento de las instituciones democráticas: «Es necesario buscar respuestas rápidas, pero esas tienen que estar basadas en evidencia. Hacerse cargo de los déficit del Estado en materia penitenciaria, de sistema de justicia, de combate a la corrupción, así como seguir fortaleciendo y trabajando con las policías para también prevenir la corrupción al interior de la policía y que estas puedan hacer su trabajo de manera más ágil», cerró la académica.

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