Obra Pía: mil millones de tentaciones para Moncloa

La Conferencia Episcopal teme por la gestión de los bienes de esta entidad eclesial tutelada por el Estado que ingresa siete millones en alquileres 

Mil millones de euros. Es el valor aproximado de mercado que podrían tener los cerca de 240 bienes inmuebles que pertenecen a la llamada Obra Pía, una entidad eclesial con intervención del Estado que aglutina todas las propiedades que a lo largo de la historia los españoles residentes en Italia donaron a la Iglesia católica. Entre las propiedades, se encuentran casi 200 viviendas, a las que se unen más de medio centenar de locales comerciales, una decena de oficinas y estudios.

La Obra Pía nació en 1840, como salvaguarda del patrimonio de la Iglesia. Ante el temor de que Italia llevara a cabo un proceso de desamortización aprovechando la decadencia de los Estados Pontificios, se creó esta persona jurídica sin ánimo de lucro. Siendo de la Iglesia, sí se puso bajo la tutela del Estado español, precisamente para blindarla. Hoy, este paraguas para proteger los bienes eclesiales podría convertirse en «una trampa» en manos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Agenda política

Así lo confirman fuentes eclesiales a LA RAZÓN sobre uno de los temas que estarían dentro de la agenda de Moncloa en lo que a las relaciones Iglesia-Estado se refiere. Tanto es así que en su momento se creó ex profeso una comisión mixta entre la Conferencia Episcopal y el Ejecutivo para la renovación del estatus de la Obra Pía. Con las inmatriculaciones y la crisis de los abusos sexuales como prioridades de los socialistas, apenas se ha avanzado en esta cuestión. Sin embargo, esto podría cambiar con el inmediato nombramiento de un nuevo director para la reconocida institución.

En julio está previsto que se designe oficialmente al sucesor del actual director de la Obra Pía, Raúl Sandoval, después de cumplir con los preceptivos ocho años de mandato en dos legislaturas. Según ha confirmado este diario, ya estaría el nombre de quien será encargado de pilotar esta nueva etapa.

«Está claro que, amén del proceso de selección de candidatos que exige cumplir con unos requisitos oficiales, entre los finalistas se habrá escogido a alguien afín con el Gobierno», explican a esta diario fuentes conocedoras del «casting» realizado.

Y es que, fiscalizar la gestión de esta entidad con una cantidad tan jugosa de fondo supone algo más que una tentación para el Gobierno de Pedro Sánchez. Es más, se da por hecho que uno de los motivos de la elección de Isabel Celaá como embajadora de España ante la Santa Sede tendría su razón de ser en la pericia de la ex ministra de Educación. Estas mismas fuentes eclesiales confirman que la embajadora conoce, dos años después de su desembarco en Roma, todas las aristas y potencialidades para sacar el máximo partido de la entidad. Y de sus beneficios.

No en vano, amén del director, el órgano de gobierno de la Obra Pía es la Junta, integrado por siete españoles residentes en Roma, miembros a título honorífico y gratuito, y cuenta con la embajadora como presidenta en calidad de «Governatore».

«Tenemos sospechas de que Isabel Celaá tendría interés en dedicar parte de los ingresos que se obtienen por los alquileres de los inmuebles a otros fines diferentes a los estipulados por su fines fundacionales», comentan desde la Conferencia Episcopal Española, un extremo que se desmiente desde la embajada. A priori, el dinero ingresado al año, que podría rondar los siete millones de euros, se han de destinar a estipendios de misa, obras benéficas y asistenciales, becas de estudios para sacerdotes y actividades culturales.

En el entorno de los obispos dejan caer, sin embargo, que habría una intención manifiesta de sufragar, con fondos de la Obra Pía, parte de las reformas que se están acometiendo en el Palacio Monaldeschi, la histórica sede de la Embajada de España en la Santa Sede, situada en la Plaza de España de Roma. Se calcula que es necesario invertir más de 750.000 euros para una remodelación más que significativa. La situación del inmueble es tal que el Consejo de Ministros aprobó la declaración de emergencia para contratar las obras necesarias solo en las llamadas salas de los Cardenales y de los Obispos, con un presupuesto de 496.972,18 euros. Estos fondos están orientados a frenar la deformación de los artesonados de ambos espacios que podrían poner en peligro la estructura del edificio.

Así pues, con este «plan renove» de la embajada de fondo, la incógnita de quién será el director de la Obra Pía inquieta «de forma significativa» a los obispos españoles, que están a la espera de los movimientos del Gobierno, que definen como «imprevisibles» para mover ficha.