María Caruajulca no retomó el cargo como procuradora general del Estado
Al respecto, el Gobierno de Dina Boluarte ha señalado que esperará la decisión de la Corte Superior de Justicia de Lima sobre el caso de la abogada.
Esta mañana, la abogada María Caruajulca llegó a la sede principal de la Procuraduría General del Estado para cumplir con la resolución emitida por el Poder Judicial, la cual señala su reposición como titular de la referida institución del Estado, puesto que —hasta el momento— el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha decidido mantenerlo para Javier Pacheco pese a haber sido notificado hace unos días.
En ese sentido, la letrada llegó a la sede de la mencionada entidad acompañada de efectivos policiales. Sin embargo, se llevó una sorpresa al ser impedida de ingresar por el personal de seguridad. Este acto fue presenciado por los medios de comunicación, que esperaban la llegada de la abogada al tener conocimiento sobre el caso.
Caruajulca, en conversación con los reporteros, indicó que fue cesada de sus funciones de manera irregular y que los fundamentos no corresponden para que determinado procurador deje de representar al Estado debido a que no se encuentra dentro de los causales.
"A mí se me cesa de manera ilegal bajo el concepto de pérdida de confianza pese a que las normas de la Procuraduría General del Estado, de manera clara y precisa, establece de que a un procurador no se le puede cesar por pérdida de confianza; ya que no está dentro de las causales. A mí se me cesa con la misma resolución que le cesa al doctor Daniel Soria, solamente varía en el número de la resolución, la fecha y el nombre", manifestó a los medios de comunicación.
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"Todos los mandatos judiciales se cumplen", asegura María Caruajulca
En esa línea, la abogada María Caruajulca se pronunció sobre el comunicado que ha emitido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto al tema y afirmó que los mandatos judiciales se deben cumplir. Asimismo, subrayó que, en caso de que se llegue a incumplir las disposiciones de las autoridades, se podrían ordenar sanciones severas, tales como detenciones provisionales.
"Todos los mandatos judiciales, en virtud del artículo 4 de la ley orgánica del Poder Judicial, se deben cumplir; pero, cuando es un mandato proveniente de un órgano constitucional, aun con mayor razón. En caso de incumplimiento, hay penas y sanciones más severas e inclusive de destitución, además de detención provisional", sostuvo.
Al ser impedida de ingresar a la Procuraduría General del Estado, la letrada informó que interpondrá una denuncia ante la comisaría de San Isidro para dejar constancia de los hechos, al de ser impedida de retomar al cargo como la titular del referido órgano constitucional. Volvió a reiterar que los mandatos judiciales se deberían acatar y mencionó que se buscaría "dilatar" su retorno a la institución.
"Yo debo suponer que la señora Dina Boluarte no conoce del caso y, ante la difusión de los medios, le pediría con el mayor de los respetos que le informen que actué conforme a ley cumpliendo un mandato judicial y que le digan que vea que una hija está buscando justicia", indicó.
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Minjusdh esperará decisión del Poder Judicial
A tempranas horas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señaló, mediante un comunicado emitido en las redes sociales, que esperará la decisión de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima sobre la "ejecutabilidad" de la sentencia que repone a María Caruajulca Quispe como procuradora general del Estado.
"Se advierte que dicho mandato judicial no especifica la forma en la que el contexto actual —distinto al existente en el momento de concedida la medida cautelar— coadyuvaría con su ejecutabilidad (...) En vista de ello, el Minjusdh, la PCM y la PGE se encuentran a la espera del pronunciamiento correspondiente del referido órgano constitucional, en atención a los escritos procesales que, oportunamente, han ingresado ante la mesa de partes del colegiado, exponiendo con detalles los argumentos jurídicos procesales del conflicto generado", se lee en el pronunciamiento del Ministerio de Justicia.
