Marcela Smutt: “Es importante mantener las garantías democráticas para enfrentar la inseguridad”

La Coordinadora del Proyecto Regional Infosegura menciona que se debe buscar formas para combatir y atender la violencia en el marco del Estado de derecho. Hay experiencias que demuestran que esto es posible.

Marcela Smutt, actual coordinadora del Proyecto Regional Infosegura del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe (PNUD), responde sobre el estado de la violencia en América Latina. Advierte sobre la necesidad de buscar soluciones integrales en el marco del Estado de derecho.

-¿La violencia es el principal problema de América Latina?

Es uno de los principales problemas de la región. América Latina tiene altos índices de inseguridad e inequidad. Con tan solo el 8% de la población mundial, concentra el 33% de los homicidios. La violencia presenta múltiples formas que afecta a distintos grupos poblacionales, a diferentes regiones y países.

-Hay diferentes tipos de violencia en la región.

Efectivamente. Los homicidios son la máxima expresión de la violencia, pero hay otras formas que afectan a las mujeres o niñas o a grupos vulnerables. De hecho, la mayor parte de las víctimas de los homicidios en América Latina son hombres jóvenes.

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-¿Y los victimarios?

Muchos son jóvenes también. Por eso, hay que entender este fenómeno para definir estrategias para su atención. No es lo mismo atender delitos vinculados con criminalidad compleja que las estrategias requeridas para atender la violencia contra las mujeres o en el ámbito escolar. Son problemas diferentes que necesitan intervenciones diferenciadas.

-Hay liderazgos como el de Nayib Bukele, en El Salvador, que son muy populares, precisamente por su política contra la violencia e inseguridad. Sin embargo, al mismo tiempo, es conocido que Bukele es alguien que mantiene una relación conflictiva con la democracia y el Estado de derecho. ¿Es posible combatir la inseguridad y la violencia dentro de los límites democráticos?

Desde el PNUD venimos apoyando en los últimos veinte años diferentes iniciativas para atender la inseguridad ciudadana. Y aquellas políticas que han tenido impacto son las integrales, basadas en la evidencia, con estrategias que van desde la prevención hasta la persecución penal en el marco del Estado de derecho y que incorporan elementos de rehabilitación y reinserción y estrategias de atención y protección a las víctimas. Desde Naciones Unidas acompañamos y recomendamos este tipo de estrategias a diferentes niveles.

-¿Pero es posible combatir los altos grados de delincuencia dentro de los límites democráticos?

Es importante mantener las garantías democráticas para enfrentar la inseguridad ciudadana, hay que buscar formas para combatir y atender la violencia en el marco del Estado de derecho. Hay experiencias que nos demuestran que esto es posible.

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-¿Liderazgos como el de Bukele pueden hacer que las personas, cansadas de la situación de inseguridad, piensen que es preferible resignar cuotas de libertad a cambio de sentirse más seguros? Quiero decir, ¿podríamos estarnos enfrentando a la irrupción de liderazgos similares en otros países de la región?

La problemática de la violencia afecta de manera particular a muchas comunidades. Es una de las más importantes preocupaciones de una ciudadanía que reclama respuestas y por eso es importante responder. Ahora, a veces se buscan respuestas urgentes o inmediatas y tratar a la problemática de la violencia desde una perspectiva que no necesariamente fortalezca la gobernabilidad y el Estado de derecho. La seguridad ciudadana es un bien público que busca la garantía del derecho de las personas. Las políticas de seguridad comprenden acciones de corto, mediano y largo plazo y, a veces, los liderazgos (políticos) podrían tener la tentación de apuntar a una política de corto plazo. Desde el PNUD trabajamos en el proyecto regional Infosegura que nos permita generar evidencia y atender de manera diferencia a las distintas formas de violencia.

-Perú es un país en el que existe una alta sensación de inseguridad que no se  soluciona. ¿Cuáles son los riesgos para la estabilidad de un sistema democrático en un contexto así?

Es que, precisamente, los riesgos están en tratar de buscar formas que acorten caminos. La inseguridad es algo complejo, multicausal. Las mejores prácticas se basan, primero, en análisis rigurosos, en recolección de evidencia para conocer lo que no se conoce. Y, segundo, se requiere de liderazgos que puedan coordinar y articular el accionar de diferentes instituciones. Hay nuevos desafíos, además, vinculados con las economías ilegales o la transnacionalización de la criminalidad.

-¿Que es algo relativamente nuevo?

Hay nuevas manifestaciones. Lo que vemos es una mayor cantidad de estructuras criminales operando. Por ejemplo, en América Latina hay tráfico vinculado al narcotráfico o de armas.

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-Y también de personas.

En efecto, hay trata de personas para fines de explotación sexual y laboral. Y son fenómenos transnacionales. Por eso se necesitan esfuerzos regionales.

-¿Cuál es la perspectiva en el tema de la violencia en la región para los siguientes años?

Hay que incrementar esfuerzos. No se puede olvidar que las crisis generadas por la pandemia también plantean desafíos. Es cierto que hay países que avanzan más rápidamente en la reducción de la violencia y otros que requieren seguir trabajando en enfoques integrales.

-¿Y cómo describiría la situación del Perú?

Lo que uno puede ver es que la ciudadanía identifica a la inseguridad como uno de los principales retos. También hay una búsqueda de las mejores formas de abordaje. No podemos hablar de desarrollo de un país sin hablar de seguridad. Creo que es la contracara de una misma moneda. De hecho, estoy invitada a participar en el foro de APEC y que incluyan en este el análisis del impacto que tiene la violencia en la economía y en el desarrollo me parece que da a entender que hay una preocupación para hacer frente a esta problemática que, sin duda alguna, impacta en la vida de las personas.