El gobierno del tercer poder del Estado se declara en rebeldía
“Me opongo a que esta institución se declare en rebeldía respecto a la Constitución y la ley”. El 5 de septiembre, dos días antes del acto solemne de Apertura del Año Judicial, Carlos Lesmes lanzó este aviso en una improvisada e inusual intervención ante los medios de comunicación en los exteriores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que todavía presidía. Se refería a los dos nombramientos del Tribunal Constitucional que correspondía hacer al órgano de gobierno de los jueces antes del 13 de septiembre y que el núcleo duro del sector conservador amenazaba entonces con bloquear.
Más de un mes después, la “rebeldía” institucional a la que se refirió Lesmes es un hecho constatado. El órgano de gobierno de los jueces sigue sin renovar el tribunal de garantías, mientras parte de sus vocales utilizan cualquier resquicio para buscar el choque con el Gobierno. La última ocasión, a propósito de los actos de la Fiesta Nacional. Vocales elegidos a propuesta del Partido Popular no asistieron al desfile militar del 12 de octubre como respuesta al supuesto “desprecio” del Ejecutivo. Este nuevo desencuentro se produce en plena negociación entre el Gobierno y el PP para la renovación del órgano, que camina hacia los cuatro años con el mandato caducado.
Según la versión de los consejeros conservadores, desde el Ministerio de Defensa se les informó la semana pasada de que había una “orden” de la Presidencia del Gobierno de invitar a la parada militar únicamente a Lesmes, que no acudió tras haber presentado su dimisión. Se dieron entonces por “no invitados” y cuando a mediodía del lunes recibieron la invitación con la petición de que confirmaran antes de las 11 de la mañana del martes consideraron que el procedimiento había sido “irrespetuoso” y decidieron acudir solo a la recepción del Palacio Real, a la que la Casa Real sí les había invitado la semana anterior.
Hubo un vocal que sí asistió a ambos actos: el progresista Rafael Mozo, que este jueves fue nombrado presidente “suplente” en sustitución de Lesmes. Otros vocales progresistas niegan que su ausencia en el desfile se debiera a ningún tipo de desplante y confirman que, aunque más tarde de lo habitual, recibieron las invitaciones.
En la Moncloa confrontan la versión de los conservadores y aseguran que las invitaciones para la parada militar llegaron “en tiempo y forma” y tal y como se ha hecho en otros años. “Acudió quien quiso”, dicen estas mismas fuentes. Un portavoz del CGPJ también confirma que esas invitaciones llegaron, aunque no lo hicieron las de los miembros de la sala de gobierno del Supremo y la presidencia de la Audiencia Nacional y de los 17 tribunales superiores de justicia, a pesar de que también se habían solicitado.
El incidente a raíz de los actos del 12-O se suma a una lista de encontronazos entre el CGPJ que ha tenido en la renovación del Constitucional su episodio más intenso. Tanto es así que la ministra de Justicia, Pilar Llop, llegó a decir que “quizá” habría que “replantearse” si los vocales que frenan esos nombramientos debían seguir cobrando su sueldo, en unas declaraciones que soliviantaron a muchos de ellos. Otros miembros del Gobierno, como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, han bajado el tono instándoles a “cumplir la ley” pero pidiendo dejarles trabajar “con tranquilidad, sosiego, serenidad” y “sin injerencias”, según afirmó en una entrevista con elDiario.es.
Lo cierto es que la renovación del Constitucional acumula ya un mes de retraso y sigue sin vislumbrarse un escenario próximo de resolución. Los vocales no han llegado ni a intercambiar nombres de posibles candidatos. A día de hoy es una incógnita cuándo se podrá sustituir a los cuatro jueces del Constitucional que tienen el mandato caducado desde el 12 de junio y cuyo relevo corresponde hacer al CGPJ (dos) y al Gobierno (otros dos). El Ejecutivo finalmente ha renunciado a nombrar a los suyos hasta que no lo haga el órgano de gobierno de los jueces.
El asunto fue tratado brevemente en el pleno celebrado este jueves, que estuvo centrado en la sustitución de Lesmes aunque el orden del día incluía ambos asuntos. “Nos pusimos de acuerdo en que no había acuerdo”, resume un vocal. Sobre el papel, la voluntad general es que la comisión negociadora formada por conservadores y progresistas “continúe sus trabajos” y que se fije “de inmediato” un nuevo calendario de encuentros.
En privado, no obstante, algunos vocales sostienen que si las conversaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el órgano siguen avanzando sería oportuno aparcar estos nombramientos. Recuerdan que así se hizo también en otras ocasiones en las que el acuerdo entre las fuerzas políticas para sacar al CGPJ de la parálisis pareció estar cerca. Otras fuentes, sin embargo, entienden que ambos son procedimientos paralelos y no relacionados entre sí y defienden que hay que dar un “impulso serio” a estos nombramientos, que consideran “una prioridad”.
Los intentos realizados hasta la fecha no han dado frutos. De hecho, el minoritario sector progresista decidió el pasado 5 de octubre dar por zanjadas las conversaciones y anunciar que exploraría “otras vías alternativas” tras constatar la falta de “perspectivas de acuerdo” con los ocho vocales del sector conservador que durante el último mes han utilizado diferentes subterfugios para dilatar las designaciones. La vuelta de los progresistas a la comisión negociadora revela el fracaso de la búsqueda de esas opciones alternativas de acuerdo y que pasaban, en cualquier caso, por romper la minoría de bloqueo ejercida por esos ocho vocales.
Esa vía también la exploró, sin éxito, el propio Lesmes, que este jueves volvió a recibir otro golpe de los vocales que lo eligieron presidente hace casi una década. Por 16 votos a uno, el pleno acordó que su sustituto fuera Rafael Mozo, vocal de más edad. Ocupará el cargo de presidente “suplente” con unas atribuciones tasadas. La decisión desoye el informe sobre su “eventual sustitución” que Lesmes encargó al gabinete técnico antes de dimitir ante la circunstancia de que el órgano no puede elegir a un nuevo presidente al tener su mandato caducado. Ese documento establecía que la presidencia de los dos órganos que dirigía desde 2013, el CGPJ y el Tribunal Supremo, debía recaer “de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno” en una misma persona: el actual vicepresidente en funciones del Alto Tribunal, Francisco Marín.
La votación de este jueves evidenció que una mayoría de vocales no está de acuerdo con esta solución. El “automatismo” que figuraba en el informe había soliviantado especialmente a los consejeros, que consideran que esa decisión debía tomarla el pleno y que tenía que utilizarse el mecanismo de sustitución previsto para relevos puntuales del presidente. La consecuencia es que habrá una bicefalia en ambos órganos con Marín como presidente del Supremo y Mozo como presidente “suplente” del CGPJ.
Este último pleno también sirvió para constatar que la voluntad de los vocales es que nada cambie en el CGPJ a pesar de la dimisión de Lesmes. En un comunicado, los vocales afirman que seguirán trabajando “con plena normalidad” y que seguirán ejerciendo “todas y cada una de las competencias que les atribuye el ordenamiento jurídico”. La renuncia en bloque que han solicitado sectores de la judicatura como la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia no está sobre la mesa. Tampoco se esperan a corto plazo salidas individuales.
La posibilidad de que los vocales renunciaran para forzar la renovación se abordó sin éxito en un pleno celebrado en diciembre de 2020, en plena bronca con los partidos que sustentan al Gobierno a propósito de la reforma que acabó quitando competencias al CGPJ cuando está en funciones. Entonces, el vocal progresista Álvaro Cuesta planteó una propuesta de resolución para que todos sus miembros anunciaran su “renuncia” a partir del 1 de enero, cuando ya se habían cumplido de largo dos años con el mandato caducado. Esa iniciativa, sin embargo, sólo fue respaldada por otros cuatro vocales del sector progresista —Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda— y nunca llegó a fraguarse en una iniciativa concreta.
En ambos sectores insisten en que, aunque tiene vedada su función esencial de hacer designaciones en los principales tribunales, el CGPJ sí mantiene sus competencias en otras cuestiones relevantes como el régimen disciplinario, la provisión de destinos y ascensos reglados o la realización de informes sobre proyectos legislativos y afirman que no se pueden desatender esas responsabilidades. “Tenemos muchas cosas en marcha y hay que seguir trabajando”, sostiene una vocal progresista. “Cuando uno asume una responsabilidad lo hace con todas las consecuencias”, dice otro vocal del sector conservador.