José Moisés Martín: "En España hay una sensación de estancamiento que está políticamente generada"
Tras una pandemia mundial, una guerra a las puertas de Europa y una situación económica frágil y dominada por una inflación galopante que nos puede conducir a una recesión, podría parecer que quedan pocas ganas para el optimismo. Sin embargo, José Moisés Martín Carretero (Madrid, 1973) reniega de la visión apocalíptica que se destila en determinados ámbitos políticos y mediáticos. Este economista, asesor de Brecha Socioeconómica en el Consejo Asesor España Nación Emprendedora de Moncloa, acaba de publicar El futuro de la prosperidad (Editorial Ariel), donde reivindica la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como senda para alcanzar el progreso social y económico.
Martín Carretero proclama en su libro que "todos somos decrecentistas" en el sentido de que "crecer con todo nuestro potencial ya no es el objetivo último de la sociedad, hay que respetar determinadas condiciones que en el caso concreto del cambio climático están clarísimas y estimadas". También avisa del peligro de "desintegración social" con los "juegos de suma cero" en los que se enfrentan a diferentes sectores sociales como ha ocurrido recientemente en el supuesto debate intergeneracional creado tras la subida de las pensiones. En el debe de España, este economista aboga por una reforma del sistema fiscal de nuestro país, que califica como "insuficiente, poco progresivo y que no atiende plenamente a las necesidades que tenemos como sociedad".
En su libro escribe que España es "una sociedad sin un porvenir preciso", ¿por qué?
Realmente ocurre con todas las sociedades. Tenemos herramientas y potencial suficiente como para hacer un país próspero, sostenible, justo, etcétera... Pero tenemos también en nosotros mismos el germen de nuestra propia destrucción. Va a depender mucho de lo que nosotros queramos que sea nuestro país. ¿Nos diferenciamos de otros países? Bueno, yo creo que tenemos más extremos en todos los sentidos. Tenemos un país con un tremendo potencial para las energías renovables y una base industrial suficiente para su desarrollo, pero al mismo tiempo tenemos una cualificación muy baja de la población activa. Por otro lado, tenemos un estilo de vida que nos convierte en el quinto país donde la gente prefiere vivir y, sin embargo, tenemos unas tensiones políticas que hacen que el clima sea complicado.
Hay cierto pesimismo del que no es posible escapar.
Hay sensación de impotencia, de que no sabemos hacia dónde vamos, cuando tenemos herramientas y palancas suficientes. La economía se está complejizando: ya no se mide solamente el PIB, también el bienestar. Todo se está complejizando al mismo tiempo que la política se está simplificando. Hay que romper esas orejeras.
En España se está avanzando con más o menos acierto. El sistema de protección social que tenemos hoy en día es infinitamente más completo que el que teníamos hace años. Solamente hay que comparar los resultados sociales de la crisis del 2020 con el resultado de la crisis financiera: absolutamente nada que ver en términos de empleo o pobreza... Es cierto que la Unión Europea ahora nos ha ayudado mucho.
En España hay una sensación de estancamiento que está políticamente generada. Decir que en España no se están haciendo reformas o no está habiendo cambios es falso. El sistema de bienestar social está modernizado. Se están haciendo evaluaciones de impacto de las políticas públicas que antes eran impensables. Tenemos uno de los gobiernos más valientes en lucha contra el cambio climático; en materia de digitalización, con la Carta de Derechos Digitales, España se adelantó a la Unión Europea. Estamos liderando la dimensión ética de los algoritmos. Hay mucho que mejorar, pero entre los aspectos estructurales, creo que hay un progreso suficiente como para estar moderadamente satisfecho.
Dedica buena parte del libro a explicar que nuestro sistema fiscal es uno de los que menos redistribución genera. ¿Tiene sentido las políticas que propone el PP de rebajas constantes de impuestos? ¿Se comprende la rebaja de impuestos que ha hecho el Gobierno de coalición?
Tenemos un sistema fiscal insuficiente, poco progresivo y que no atiende plenamente a las necesidades que tenemos como sociedad. Estamos cinco puntos por debajo de recaudación respecto de la media de la Unión Europea. La progresividad se está deteriorando. Si se observan los datos de la presión fiscal del quintil más pobre y los del quintil más rico son prácticamente los mismos porque los impuestos indirectos pesan mucho. Y además tenemos un problema de redistribución del gasto, ya que no se atiende a la gente más pobre. Somos, junto a Italia, el país de la OCDE que dedica menos recursos a atender a los más desfavorecidos.
Claramente necesitamos una reforma. Y es algo que todos los gobiernos desde los últimos diez años vienen hablando. El PP la estudió, pero no la puso en marcha. PSOE y Unidas Podemos la han estudiado, pero de momento no la están poniendo en marcha. Se van poniendo parches pero no hay una definición estructural, ni del nivel de impuestos que necesitamos ni del nivel de gasto público. Yo apuesto porque se tomen en serio las conclusiones del Libro Blanco sobre la reforma tributaria, que se acometa esa reforma y que también, al mismo tiempo, reformemos en buena medida la orientación y la calidad de nuestro gasto público.
Hemos entrado en un debate generacional para hablar del sistema público de pensiones ¿tiene sentido?
En Economía hablamos de juegos de suma positiva, suma negativa y de suma cero. Las economías modernas de mercado son de suma positiva, es decir, tienden a crecer. Por lo tanto, en el ejercicio de crecer tenemos que ver cómo lo distribuimos de la manera más justa posible. ¿Qué problema tenemos ahora? Prácticamente no hay crecimiento. La generación que nació en 1960, en sus primeros 30 años de vida, vio cómo la renta per cápita de nuestro país se multiplicó por tres. Para la generación que nació en el año 2000, la renta per cápita está estancada. Es decir, ha habido una caída muy importante del crecimiento económico y esto hace que la tarta no esté creciendo al ritmo al cual podríamos esperar. Esto se traduce en que la presión por ver cómo se reparte la tarta va a ser más grande y nos estemos moviendo hacia sociedades de suma cero. Y eso es peligrosísimo, al final es un todo contra todos. Una generación contra otra generación; es Madrid contra Extremadura, es Cataluña contra Andalucía; los pensionistas contra los que están trabajando... Es un mal camino que lleva a la desintegración social, cuando lo que se debería hacer es poner las bases para un nuevo contrato social.
La polémica que se está generando entre jóvenes y mayores en relación a las pensiones es ver el mundo con orejeras. Las pensiones de hoy se están pagando. Lo que está en riesgo son las pensiones de dentro de 20 o 30 años. Y es ahí donde tenemos que actuar. Este debate entre jóvenes y mayores no tiene sentido. Es cierto que para la generación que tiene menos de 35 años, las perspectivas no son positivas, pero reconociendo la necesidad de mejoras no se puede hacer a costa de la gente que ya no tiene posibilidad de defenderse: los mayores, que ya ni trabajan ni están en los centros de poder.
Respecto a lo que dice del crecimiento, en su libro apunta que "en definitiva hoy somos todos, de una manera u otra, decrecentistas". Sin embargo, no parece que sea la pauta económica que se esté imponiendo.
Hay un decrecimiento clásico, que defiende Carlos Taibo y otros intelectuales y científicos, que explican que hay una serie de límites que no se pueden traspasar y que, por lo tanto, hay que decrecer para volver a estar dentro de esos límites. Pero si se le pregunta hoy en día a cualquier economista sensato si prefiere un crecimiento sin freno o sacrificar una parte de ese crecimiento porque hay que cumplir determinados objetivos ambientales, todo el mundo te va a decir lo segundo. Hoy se están anteponiendo otros principios sociales y ambientales al mero crecimiento económico. Crecer con todo nuestro potencial ya no es el objetivo último de la sociedad, hay que respetar determinadas condiciones que en el caso concreto del cambio climático están clarísimas y estimadas. El Banco Central Europeo calcula que vamos a dejar de crecer en torno a un 2% anual para luchar contra el cambio climático. En este sentido, todos somos decrecentistas.
Usted señala a la Agenda 2030 como marco de referencia y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible cómo principios de seguimiento, ejecución y monitorización, pero tanto la guerra en Ucrania, con la presión de los precios y la crisis energética han puesto en duda el cumplimiento de parte de esos objetivos y su calendario.
No lo creo, por supuesto que son factibles. En el año 2006 teníamos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estaba con Susan George en un seminario en Casa América. Le pregunté qué le íbamos a decir al mundo cuando llegásemos a 2015 sin cumplir los objetivos. Susan me dijo que no entendía la pregunta porque no había vuelta atrás. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se cumplieron en buena parte, aunque yo en 2006 lo veía casi imposible. Hoy tenemos tiempo para actuar en elementos centrales como la lucha contra la pobreza, el cambio climático, agua y saneamientos, etc. Necesitamos acelerar, pero hasta el año 2020 la pobreza global se había revertido, volvió a crecer por una pandemia tremenda con una caída del PIB global del 3%. Es un retroceso, pero no tan grande como para que no volvamos a revertirla en 2030.
Los resultados electorales de Italia, con la victoria de la ultraderecha, ¿no están marcando otra dirección?
Han demonizado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si todos los gobiernos de la Unión Europea terminan en manos de la extrema derecha nos encontraríamos en un escenario muy diferente, pero ahora es un ruido más bien simbólico. El marco institucional que tenemos es suficientemente solido para aguantar. Ya hemos visto que estos partidos, o rompen este marco o terminan estando dentro. El Green Deal o los fondos Next Generation se aprobaron con Gobiernos de extrema derecha en Hungría y Polonia. Si no generan una ruptura estructural, se seguirá avanzando. Lo vemos también en España: por ejemplo, Castilla y León va a seguir comprometida con los objetivos de sostenibilidad. Madrid, con todos sus numeritos, igual. El actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hizo campaña electoral contra la zona de bajas emisiones pero ahí sigue en marcha. Hay que diferenciar el movimiento estructural de fondo de este debate de correveidiles en el cual está metida nuestra política.
Usted señala que la tecnología/digitalización puede ser un elemento eficaz en la colaboración público-privada para la protección social, la verdad es que soy un poco escéptico.
Se pueden conseguir bueno resultados. Las alianzas público-privadas dependen de dos elementos importantes. Primero, una transformación por parte de la administración para ser más ágil, capaz de de medir mejor los impactos y sus resultados. Segundo, una transformación por parte del sector privado, ya que estas alianzas no pueden tener como objetivo forrarse. No se trata de privatizar. Si somos capaces de construir alianzas público-privadas sobre la base del impacto social que crean, que no solo se trata de conseguir beneficios sino de aportar valor, pueden ocurrir cosas positivas. En el libro cuento el ejemplo del proyecto de Ley de Modernización de los Servicios Sociales de Castilla y León, donde hubo iniciativa privada con innovación y una intervención pública para la implementación y generación de conocimiento. En el libro también cito alianzas de ciudades para frenar el cambio climático, por ejemplo.
También habla de los trabajadores de plataforma, pero en España, salvo excepciones, hay un largo historial de abusos laborales.
Los modelos de trabajo hacia dónde vamos van a cambiar, es inevitable. No será como las empresas de reparto que tienen a los trabajadores como falsos autónomos, lo que es un fraude de ley. Es otra cosa: ya hay gente trabajando en diferentes proyectos a través de plataformas de manera realmente distribuida. Vamos a un mundo donde una parte muy importante de nuestro tiempo profesional va ser como freelance, con lo que es necesario alianzas público-privadas para una modernización del sistema de protección social que permita que la gente viva con ciertas garantías.
Conseguir el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible va a costar entre 2 y 4 billones anuales hasta 2050. ¿Quién paga esta factura?
La capacidad del sector público es pequeña. La mayor movilización de recursos por el Green Deal fue 500.000 millones de euros para siete años. Es necesario la participación del capital privado. Va a venir un dinero privado que considere que hay un planeta que preservar, que no va a haber rentabilidad en un planeta que está hecho un erial. Es una tendencia que está creciendo. Primero, porque están surgiendo oportunidades de negocio. Y en segundo lugar, porque está surgiendo una corriente, que cada vez es menos testimonial, de mercados financieros reformulados desde una lógica de compartir y de bienestar común que podrían aportar esa financiación.
Usted defiende a las finanzas sostenibles (35 billones de dólares invertidos en 2020) como palanca de cambio, pero entre el greenwashing, la falta de criterios, se crean taxonomías y nos cuelan la energía nuclear y el gas, en fin.
Sí, tiene sus riesgos, pero se está avanzando en tres frentes. Por un lado, en la propia sistematización dentro del mercado, es decir, cuando alguien dice que hace inversiones sostenibles, tiene que decir dónde las hace, cómo las hace, cuál es su impacto. Hay herramientas para medir el impacto o agencias de rating que te dicen si estás o no cumpliendo. En segundo lugar, en la regulación: tenemos la directiva sobre diligencia debida, que va a obligar a que las empresas reporten su información no financiera y se hagan responsables de lo que ocurre en toda su cadena de valor en términos de derechos humanos y de derechos ambientales. En España debería haber una ley este año, pero no va a salir a tiempo. Y un tercer elemento, los consumidores están actuando. Una empresa que tenga un mal comportamiento ambiental o social va a ser castigada por los consumidores.
¿Qué habría que hacer para que 'crecimiento inclusivo', 'transición justa' o 'nuevo contrato social' no sean otros conceptos vacíos?
Son conceptos los utilizamos con mucha ligereza y que cuando los queremos aterrizar se hacen más complicados. Requieren varios elementos. En primer lugar, métricas para saber si estamos avanzando. ¿Cuando hablamos de transición justa, de qué estamos hablando? ¿De los 3 millones de personas que trabajan en España y que sus puestos de trabajo van a estar afectados por la transición climática? Pues habrá que saber quiénes son, qué formación se les va a dar, si va a ser necesario algún sistema de garantía de rentas, si hay alternativas de empleo, etcétera. Segundo, cómo los vamos a financiar, con dinero privado y público. Tercero, que haya una pedagogía social y política. Es necesaria una movilización política, no en torno a un partido político ya que estas banderas deberían ser transversales, sino en términos de activar recursos. Hasta ahora estas ideas eran toleradas porque no tenía un impacto real, pero ahora está siendo confrontadas. La bandera de determinada gente es luchar contra la agenda 2030 y poner un pin parental para que los niños no reciban la educación alimentaria que yo recibí hace 40 años.