La batalla por proteger la posidonia se recrudece durante la temporada veraniega en Ibiza
El 27 de julio de 2018 fue un día muy importante para las Illes Balears. Ese viernes el Govern balear aprobó el Decreto sobre la conservación de la posidonia oceánica, también conocida como “el pulmón del Mediterráneo” por ser la principal fuente de creación de oxígeno (una hectárea de posidonia crea cinco veces más oxígeno que una de selva amazónica). Es, además, con 100.000 años, el ser vivo más longevo del planeta. Este decreto prohíbe la pesca de arrastre sobre la planta marina y el fondeo de embarcaciones de manera incontrolada, entre otras cuestiones que la dañan profundamente y que provocan que se encuentre en una situación cada vez más delicada por los efectos nocivos de la masificación turística, la construcción en primera línea de playa y la contaminación en el mar.
“Ahora tenemos normativa y regulación, es decir, las autoridades pueden sancionar y exigir la aplicación de la ley. Antes no podías ni quejarte”, explica a elDiario.es Joan Carles Parlem, presidente del grupo ecologista GEN-GOB Eivissa. “Ante determinadas situaciones puedes llamar al 112 y avisar a la Guardia Civil, pero las autoridades están desbordadas porque hay mucha presión de embarcaciones”, lamenta Palerm. Otro de los problemas existentes es que la legislación española es muy garantista, lo que puede terminar beneficiando a los infractores. Los expedientes sancionadores, apunta Palerm, tienen una tramitación muy larga: “te llega una carta, te preguntan si llevabas el barco aquel día, luego el afectado puede recurrir y esto alarga el proceso. Sería ideal poder ponerles un cepo a estas embarcaciones y que no puedan salir hasta que paguen la multa correspondiente más los costes asociados”.
El Consell de Menorca presentó el 26 de julio su embarcación de vigilancia de posidonia en Fornells (Mercadal), lo cual la convierte en la primera de las cuatro islas que posee su propio servicio de vigilancia. La función del servicio de la institución supramunicipal es informativa y solo se levanta acta de sanción en el hipotético caso de que un barco mal fondeado no se mueva después de haber sido informado. La isla cuenta también con tres barcas del Govern balear, informan fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente a elDiario.es.
El refuerzo de la embarcación del Consell de Menorca permite a las instituciones actuar de manera más rápida desde que se produce un aviso en el teléfono posidonia (617 975 172) por un barco mal fondeado, con lo cual se han recortado los tiempos respecto a veranos anteriores. “Es un paso más para mejorar la preservación del entorno, en este caso del medio marino, y un claro ejemplo de la importancia que tiene la colaboración y coordinación entre administraciones”, explicó el conseller de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera del Consell de Menorca, Josep Juaneda, en declaraciones recogidas por Europa Press.
En lo que se refiere al resto de las islas, el servicio de vigilancia de la Conselleria de Medio Ambiente cuenta con seis embarcaciones en Mallorca, cuatro en Eivissa y tres en Formentera. Este servicio realizó un total de 121.904 comprobaciones en 2021 (para saber si estaban fondeando o no sobre posidonia), según informó el Govern balear en una nota de prensa. Por islas, en Mallorca se comprobaron un total de 45.785 embarcaciones, de las cuales 3.221 fueron movidas; en Menorca, se comprobaron 2.593 y movieron 999; en Eivissa fueron verificadas 7.008 y desplazadas 668, mientras que en Formentera se inspeccionaron 66.518 y trasladaron 824.
La batalla para proteger la posidonia se ha vuelto a recrudecer esta temporada de verano en Eivissa. Existen, como mínimo, tres calas en el municipio de Sant Josep que en estos momentos funcionan como un puerto ilegal: Porroig, Sa Caleta y Es Xarco. La situación es especialmente grave, porque ambos enclaves se encuentran en espacios protegidos. En el caso de Porroig, la zona cuenta con la declaración de Lugar de Interés Común (LIC) y está, en parte, incluida en el Área Natural de Especial Interés (ANEI), mientras que Sa Caleta es una cala de pescadores situada en una zona que albergó un poblado fenicio en el siglo VIII a.C. (declarado como Patrimonio de la Humanidad junto a las praderas de posidonia) y que forma parte del Parc Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera (área reconocida como ANEI –en las salinas de Eivissa, los islotes de Es Freus, que es una zona entre medias de las dos islas, y las áreas de Estany Pudent y Estany des Peix en Formentera– y catalogada también en las categorías LIC, Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación -ZEC-).
“Lo que sucede en Porroig –utilizar la bahía como puerto ilegal para realizar actividades de chárter– no pasa en ningún otro lado de manera tan exagerada”, afirma a elDiario.es Palerm. Según su visión, tanto este verano como el pasado ha habido mucha presión de embarcaciones en la bahía, un hecho que ha motivado que algunos de los que actuaban en Porroig hayan pasado a hacerlo en Sa Caleta, subiendo y bajando a gente con sus embarcaciones a los barcos.
“Donde también hay mucha proliferación de embarcaciones, continuamente, es en la cala Es Xarco, entre Jondal y Porroig. Funciona como un puerto ilegal”, asegura Palerm. Una de las medidas que se proponen para evitar situaciones como las de Porroig (donde el Govern balear prevé implantar un campo de boyas ecológicas en verano de 2023) o Sa Caleta es la colocación de balizamiento. “El problema es que allí (en Sa Caleta) hay muchas casetas varadero (casetas de pescadores) con llaüts (pequeña embarcación de madera típica de Balears), que son profesionales y venden pescado. Si balizas, tienes que dejar (libre) la entrada para las barcas, porque tiene que haber un acceso, pero todo es ponerse en marcha”.
Estas actividades que tienen lugar en la parte suroeste de la isla está teniendo sus consecuencias también en la zona norte de Eivissa, en el municipio de Sant Joan, según cuenta una testigo de la zona a elDiario.es. Debido a la gran presión que hay en las calas de Sant Josep, cada vez proliferan más las actividades de chárter ilegal en Cala Xarraca, cuyo embarcadero estaría funcionando también como puerto ilegal. Allí, aseguran las mismas fuentes, la afluencia de gente con maletas es cada vez mayor. Estos turistas, después de usar el servicio de chárter ilegal tendrían a disposición también taxistas ilegales, que les esperan a la salida, apuntan los mismos testigos. Pegada a esta cala se encuentran otras dos, S'Illot des Renclí y Cala Xuclar, en las que no tendrían lugar estas actividades de chárter, pero donde sí hay una gran cantidad de barcos que fondean en una zona con una presencia de praderas de posidonia muy importante.
Palerm apunta a Cala d’Hort (Sant Josep) como otra cala en la que se da el servicio de traslado de personas que desde su barco cogen una embarcación en dirección a un restaurante para comer o cenar. “Al lado del restaurante El Carmen (en la entrada de la playa), a la izquierda hay un muelle de madera, donde la gente va a hacerse fotos con los islotes de Es Vedrà y Es Vedranell de fondo. Ahí hay entre 15 o 20 embarcaciones y he visto cómo hay gente que tira el ancla para fondear y que posteriormente es recogida por otra persona que la lleva a un restaurante”, asevera Palerm, quien apunta a que siempre ocurre con la misma embarcación, de color gris. Palerm puntualiza que solo ha ido dos veces este verano a la cala y, por tanto, no está seguro de que el ejemplo sea representativo. Respecto a otras playas de las Pitiüses que sufren esta presión en el mar, señala Talamanca (Eivissa) y Espalmador (incluida en el Parc Natural de ses Salines, protegida por las figuras LIC, ZEC y ZEPA), Es Trucadors y playa de Llevant (Formentera). “Lo que ocurre en Es Espalmador es una burrada”, lamenta Palerm.
El pasado 13 de julio, elDiario.es publicó las presuntas actividades delictivas de Evaristo Soler Cardona, empresario de Porroig, detenido el pasado miércoles por la Guardia Civil, acusado de haber promovido actividades de chárter y fondeo ilegal en la bahía, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil a esta redacción. Las mismas fuentes aseguraron que el detenido quedó en libertad, después de que se le prestara manifestación y se le leyeran sus derechos (asistido por un abogado), a la espera de que el juez o jueza le tome declaración en los juzgados cuando lo estime conveniente.
Este hecho sucedió un día después de que elDiario.es publicara el enfrentamiento que se produjo entre bañistas y propietarios de las casetas de pescadores, por un lado, y trabajadores de las embarcaciones en la bahía de Porroig, por otro. En un vídeo grabado por Toni Juan y distribuido por los biólogos y buceadores profesionales de Maltesa del Mar, se puede escuchar cómo uno de los trabajadores se dirige a los bañistas: “Señora, [échese] para allá, hombre. Ya está bien”. “No, no, parad vosotros”, protestó la mujer. “Desgraciado”, afirmó un bañista. “Estamos trabajando, ¿no os da vergüenza? ¿Qué hacemos?”, le respondió el trabajador. “Pues que no te metas, coño, que no puedes entrar. Si conoces la ley del mar, te lo tienes que saber, joder”, le replicó. “Dile a tu jefe que se compre [una embarcación] más pequeña para poder entrar aquí, que seguro que le sobra [el dinero]. No te jode”, añadió una bañista. “Allí hay más barcos, tenéis más”, se quejó el trabajador. Evaristo Soler Cardona no se encontraba entre los presentes esa tarde, explica un testigo presencial de los hechos a elDiario.es.
Durante las semanas que transcurrieron entre el 11 y el 26 de abril, el Ajuntament de Sant Josep extrajo 91 de los 112 muertos (estructuras de fondeo ilegal) que había en el fondo marino de la bahía de Porroig, unos trabajos que tuvieron un coste de 37.000 euros y fueron abonados a las dos empresas de buceo profesional que hay en la isla, Eivisub y Servisub. Estas labores tomaron como marco de referencia un estudio del GEN-GOB Eivissa, que contó con un presupuesto de 7.000 euros, para analizar la cantidad de muertos que había bajo las aguas.
Un mes después, cuatro miembros de Maltesa del Mar, plataforma que trabaja altruistamente por la limpieza de los fondos marinos de Eivissa, presentaron una denuncia ante la Guardia Civil por supuestas amenazas de muerte realizadas por Soler Cardona, después de haberse sumergido en apnea en las aguas para comprobar y grabar el estado del fondo marino. Durante esta inmersión, detectaron una decena de muertos que no han sido retirados.
Mientras buceaban, Pablo Montoto y uno de sus compañeros, siempre según consta en la denuncia, fueron amenazados de muerte por el ahora detenido. “No quiero volver a veros por aquí, tengo seguro, así que te paso por encima, te mato y no pasa nada”, les habría advertido presuntamente, según la denuncia. Entre otras lindezas y excesos, siempre según el testimonio de los denunciantes, les habría hecho saber que él era quien “mandaba en la zona”, y “conocido” por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
“Eivissa es muy pequeña y ya nos encontraremos, ya sé quiénes sois, vosotros no sabéis quién soy yo, os vais a enterar, estáis jugando con mi trabajo del cual depende la universidad de mi hijo”, les increpó agresivamente, identificándose ante ellos como Evaristo Cardona, reza la denuncia. Los cuatro miembros de Maltesa del Mar, según su relato, abandonaron la zona porque “el denunciado no dejó de grabarles, hacerles fotos y perseguirlos”. Antes de abandonar el agua para volver a la orilla, Montoto y su compañero aseguraron que Soler Cardona les persiguió con una embarcación “a menos de dos metros de distancia”, motivo por el que “temieron por su integridad física”. Finalmente, abandonaron Porroig, después de haber realizado una llamada al 112 y que la Policía Local de Sant Josep no se personara.
El pasado 18 de junio se volvió a repetir una escena similar, mientras los buceadores de Protección Civil continuaban con las labores de desmantelamiento de los fondeos ilegales, con la supervisión de los agentes de la Policía Local. El empresario de Porroig se enfrentaba esta vez a una denuncia por desobediencia a los agentes de la autoridad, así como a “faltas de consideración”, que pueden comportar una multa de entre 600 y 300.000 euros, según informó la Policía Local en un comunicado en redes sociales.