La Comunidad de Madrid fuerza a migrantes con VIH a buscar vías extraoficiales para obtener tratamiento
La vida de Jorge ha dado un giro de 180 grados en el último mes. A principios de julio llegó a España junto a su pareja, huyendo de la violencia xenófoba que había sufrido en Perú, donde había migrado desde Venezuela, y de los efectos secundarios de una medicación para el VIH que le estaba destrozando. A Madrid llegó con esas pastillas, que pese a todo le permitían mantener el virus a raya, pero enseguida se preocupó por averiguar cómo acceder a un tratamiento adecuado para él cuando se le terminaran. Tocó a la puerta del hospital Doce de Octubre. En recepción, cuenta, le dijeron que sin estar empadronado no podían hacer nada por él.
“Me fui, ¿qué más podía hacer?”, lamenta este hombre de 33 años que agotará la medicación que trajo de Perú este fin de semana, sin que la Sanidad Pública madrileña le haya facilitado alguna opción para no interrumpir su tratamiento. El de Jorge es uno de los casos que ejemplifican las barreras de acceso que la Comunidad de Madrid pone a los inmigrantes en situación irregular que llegan a la región y que entidades y ONG llevan meses denunciando.
En noviembre, elDiario.es ya desveló que el Gobierno regional impedía a migrantes que llevan menos de tres meses empadronados en la Comunidad el acceso a tratamientos que son diarios y en los que la adherencia es fundamental. Ocho meses después, pocas cosas han cambiado, salvo la lista de personas atendidas por las entidades sociales que buscan la puerta de atrás de los hospitales para que reciban esta atención. “Hemos estado haciendo números entre todas y calculamos que hemos atendido a unas 1.000 personas sin acceso a estos tratamientos”, explica la presidenta de la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA), Reyes Velayos.
Ante esta situación, Acción Triángulo, Apoyo Positivo, CESIDA, COGAM, gTt-VIH, Imagina Más, KIF-KIF y Salud Entre Culturas han convocado este viernes una concentración frente a la Consejería de Sanidad, para denunciar “el cambio en las medidas y las nuevas exigencias adoptadas en la Comunidad de Madrid desde noviembre del año pasado” que “han creado una barrera administrativa difícil de traspasar que atenta contra los derechos fundamentales e impacta gravemente en la salud pública y en el bienestar de todas las personas”. Unas movilizaciones que prevén mantener en el tiempo si la administración autonómica no hace nada para facilitar el acceso a las personas que enfrentan cada día la exclusión sanitaria.
Las entidades se refieren a los cambios que introdujo la Comunidad a finales de 2021 para que las personas migrantes pudieran tener acceso a los documentos que les conceden la atención sanitaria en Madrid. En concreto, la Consejería de Sanidad creó las Unidades de Tramitación Especializadas, unas oficinas destinadas a verificar la situación del interesado y entregarle el nuevo Documento de Asistencia a Extranjeros sin Residencia Legal (DASE), “si cumple los requisitos”. Estos requisitos pasaban, principalmente, por llevar más de tres meses empadronados en España, en el caso de los migrantes, y contar un NIE para los solicitantes de asilo, que pese a ser situaciones diferentes van ahora por el mismo canal. Esto, de facto, dificulta el acceso a la sanidad de muchos migrantes y, desde luego, retrasa la primera visita a un especialista mientras el bote de pastillas para el VIH se vacía, en el caso de llegar aquí con uno.
“El principal problema es el empadronamiento, porque no todas las personas con ese perfil pueden acceder a él. Hay personas que consiguen una habitación pero el propietario no les permite empadronarse, o no tienen contrato y, por lo tanto, nada a su nombre. O están en alojamientos prestados por conocidos y van de un sitio a otro porque no tienen una vivienda habitual”, relata Velayos. Es el caso de Jorge, que aterrizó junto a su pareja en casa de unos amigos. “Aún no encuentro trabajo y estoy esperando lo papeles”, explica en conversación con elDiario.es.
Jorge tiene una cita para solicitar el estatus de asilado el 12 de agosto. “Es bastante engorroso y complicado tomar esa cita”, reconoce. Será más de un mes después de haber llegado a España y no supondrá el último paso para acceder al sistema sanitario. Después tendrá que conseguir un NIE e ir a una de esas siete Unidades de Tramitación Especializadas. Si pasa el filtro, podrá pedir cita en atención primaria y, después, ser derivado al especialista. Meses y meses sin tratamiento. Mientras tanto, desde Apoyo Positivo, una de las entidades que trabajan con esta población, están intentando ayudarle a conseguir la medicación que se le acaba ya. De forma inminente, a través de las farmacias solidarias y, después, buscando esa suerte de acceso extraoficial por algunos hospitales de la región.
Así consiguió las pastillas para el VIH Antonio. Es colombiano y llegó a España el 11 de mayo. En su país de origen recibía el tratamiento de forma intermitente. Aquí, su primer contacto fue con Apoyo Positivo, que le consiguió un hueco en el Hospital La Paz. “Pedir una cita por tu cuenta no es posible. Tú puedes ir por urgencias, te atienden y ya está, pero te cobran todo lo que te hagan”, resume. Este martes pidió cita en una Unidad de Tramitación. Le han dado vez para el 20 de septiembre, casi dos meses después.
En 2018, el Gobierno aprobó una normativa que devolvía la sanidad pública a las personas sin papeles, pero su redacción dejó en el aire una serie de cuestiones que, en la práctica, permiten a los diferentes gobiernos autonómicos imponer trabas administrativas a la atención de estas personas, sobre todo a aquellas que lleven menos de tres meses en España. Esto provocó ya a finales de año un cruce de acusaciones entre el Ejecutivo autonómico y el central. El primero se acogía a aquel decreto para dejar de dar o interrumpir el tratamiento a inmigrantes con VIH. El segundo afirmaba que la Comunidad es la única que desatiende a pacientes con VIH por su estatus migratorio.
La Consejería de Sanidad insiste en que “la atención sanitaria de Urgencias y la continuidad de tratamientos de VIH u otros medicamentos de uso hospitalario están garantizadas a cualquier ciudadano, independientemente de su situación administrativa y de si tiene o no tarjeta sanitaria”. Sin embargo, a preguntas de esta redacción no ha concretado cómo se garantiza esa continuidad.
“Si no fuera por nosotros, estarían excluidos”, señala el responsable de salud de Acción Triángulo y Refugiados Sin Fronteras, Gerjo Pérez Meliá, sobre esos cientos de usuarios que se han quedado fuera del sistema desde noviembre. Asociaciones como la suya utilizan diferentes estrategias para que estos migrantes puedan ser atendidos en hospitales como el Ramón y Cajal, el Infanta Leonor o el Clínico. “Vamos por urgencias, pero una administrativa tiene la potestad para decidir si un caso de VIH es una urgencia o no”, explica Pérez Meliá. Cuando consiguen que les pasen, les está esperando de forma extraoficial alguno de los médicos de infecciosas que tienen contacto con estas entidades. Lo que tiene claro es que si no acude él personalmente a acompañar a los solicitantes, lo tienen más complicado para lograr que les dejen acceder.
Desde noviembre, explica Pérez Meliá, se han ido haciendo barridos informáticos para eliminar del sistema a quienes no cumplen los requisitos: “Hay pacientes que han salido de Valdemoro, de Torrejón, del Doce de Octubre y de la Jiménez Díaz”. “Depende de los hospitales, en el Ramón y Cajal, aunque les echen del sistema les siguen atendiendo. En la Jiménez Díaz, en el momento en que te echan te dejan de atender”, desarrolla.
José Antonio Pérez Molina, médico adjunto de Infecciosas en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, confirma las dificultades de estos migrantes para acceder al tratamiento de VIH. “La gerencia de mi hospital siempre ha colaborado, pero al estar todo informatizado, si no tiene un CIPA, no se le puede atender”, reconoce, por lo que se ven obligados a buscar esas vías extraoficiales a las que se referían Pérez Meliá y Velayos, como las urgencias. Una situación que, explica, genera “disrupciones”. Primero, porque no es el cauce adecuado y, segundo, por la saturación que sufren los hospitales de la región durante los últimos meses.
Pérez Molina señala que, en realidad, esos tres meses que exige la Comunidad para acceder a la sanidad pública son “muchos más”. Porque, aparte de las dificultades para empadronarse, una vez que se consigue, “las demoras en las unidades de tramitación son muy grandes”. Él habla de unos dos meses, lo que coincide con el testimonio de Antonio. La Consejería de Sanidad tampoco ha facilitado a esta redacción el tiempo de las listas de espera.
Lo que sí desgranan desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero son las atenciones que han realizado estas unidades desde su puesta en marcha en noviembre del año pasado. “Hasta mediados de julio, se han gestionado más de 43.000 citas, lo que ha supuesto facilitar el acceso sanitario público a más de 25.000 extranjeros irregulares. Mensualmente se gestionan más de 4.500 citas”, detallan. Además, indican que “en promedio, el 42% de las citas facilitadas se pierden porque los ciudadanos no acuden” y que se han llevado a cabo otras medidas para “mejorar la atención, como reducción y revisión de los tiempos de citación y anulación de citas duplicadas (cercano a 1.000), procedimientos para renovar el acceso sin presencialidad y priorizar la cita a personas con necesidades especiales” y “protocolos con diversas instituciones para facilitar el acceso a grupos especialmente vulnerables o con dificultades de documentación”.
Con estos datos, los casos que notifican las entidades son minoritarios. Si en las unidades se ha facilitado el acceso a la sanidad pública a 25.000 personas y las organizaciones que trabajan con personas con VIH calculan que desde noviembre han atendido a alrededor de un millar, estos suponen en torno al 4%. “Lo que estamos viendo con el VIH es que es un colectivo pequeño”, explica Pérez Molina. Una minoría que, no obstante, necesita una medicación diaria para no desarrollar el virus, mantener la carga viral indetectable y, por tanto, no transmitirlo. Es, además de una cuestión de derechos humanos, un tema “con interés de salud pública”, indica este profesional, porque “tener a un grupo de personas con una infección transmisible va a poner en riesgo a otras personas”.
Las barreras que pone la Consejería de Sanidad impiden también a los profesionales “atender a los migrantes al poco tiempo de llegar y hacer un examen para identificar si tienen alguna enfermedad transmisible o necesitan alguna vacuna”, explica Pérez Molina, en referencia a enfermedades tropicales como la tuberculosis, pero también al VIH, la hepatitis B u otras inmunoprevenibles. Tampoco tienen acceso a la prep, las pastillas que previenen la transmisión de VIH para aquellas personas que tengan prácticas de riesgo y sean seronegativas. Y en estos casos, dicen los expertos, no es tan fácil como ponerse un condón para evitar la transmisión. “Hay grupos de hombres gays y mujeres trans que se ven obligadas a ejercer la prostitución a los que no podemos acceder y se les niega la posibilidad de tratamientos preventivos de VIH o tratamientos para que no lo transmitan”, señala el doctor.
“Ni me imaginaba que iba a ser tan complicado todo esto”, lamenta Jorge, que convive cada día con la incertidumbre: “La ansiedad y la desesperación es terrible. Cada vez con menos tiempo y no se sabe qué hacer”.