El Gobierno ofrece a los agricultores comprar sus derechos de riego para proteger Daimiel: nadie quiere vender
Montar una empresa de ecoturismo junto a un Parque Nacional debería ser un negocio seguro, pero este verano Alejandro del Moral no espera ningún visitante. “A quien me llama le digo que no es el momento de visitar las Tablas de Daimiel. La situación es horrible”, cuenta el guía local. Estos días el humedal es una llanura polvorienta, con un 95% de su superficie seca, algo que tiene poco que ver con la falta de lluvia: la inmensa reserva de agua subterránea que debería rebosar y dar vida a las Tablas está esquilmada por miles de pozos que riegan los cultivos de la zona.
Desde 2014, de los acuíferos del Alto Guadiana, declarados oficialmente “sobreexplotados”, se han bombeado 1.500 hectómetros cúbicos más de lo que se ha repuesto de forma natural, según los estudios del Instituto Geológico y Minero de España. Es tanta agua como la que cabe en el embalse de Mequinenza, el mayor de la cuenca del Ebro.
La Administración ha invertido cientos de millones de euros para compensar a los agricultores de la zona por la reducción del riego, mientras el humedal se ha mantenido encharcado con medidas artificiales “de emergencia”, como trasvases y bombeos desde pozos.
Pero el nivel del agua subterránea sigue cayendo, y en esta situación desesperada, el Gobierno planteó en marzo de este año un nuevo intento de proteger Daimiel. La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) puso sobre la mesa cinco millones de euros de los fondos de recuperación para comprar derechos de riego a los agricultores del entorno de Daimiel –de las tres masas subterráneas que más influyen en el parque, las de Mancha Occidental I y II, y de Rus-Valdelobos, el conocido como Acuífero 23– y tratar de recuperar agua.
Ángel Nieva, el comisario de aguas de la Confederación del Guadiana, califica la medida de “ensayo”: un agricultor podía vender sus derechos de riego –la concesión que entrega el Estado, gratuitamente, para utilizar ese recurso público– con la idea de que el agua que se dejase de utilizar sirviese para darle un respiro a los acuíferos y, en consecuencia, a las Tablas de Daimiel.
Estos instrumentos de mercado, conocidos como bancos de agua, llegaron a España con una reforma de la Ley de Aguas promovida por el Gobierno de Aznar, según explica la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Lucía de Stefano. “Surgen de la idea de que los mercados pueden ayudar donde es difícil implementar una ley porque se tienen que aplicar medidas poco populares o poco aceptadas socialmente”, comenta la directora adjunta del Observatorio del Agua de la Fundación Botín.
Pero esta oferta pública no ha logrado rescatar ni una gota. Aunque se presentaron un puñado de ofertas, el comisario de la Confederación del Guadiana dice que eran lo que se conoce como “derechos de papel”: gente que mantiene sus concesiones de riego, que en España están ligadas a la tierra y duran hasta 75 años, pero no las utiliza. Así que el organismo ha rechazado esas ofertas y declarado el concurso desierto.
Las condiciones de la confederación eran que se hubiese regado en tres de los últimos cinco años, para que la compra supusiera un ahorro real, que los papeles estuvieran en regla y que la concesión se cediera definitivamente. Un avance frente a la anterior compra pública de derechos en el Alto Guadiana, entre 2008 y 2012, que las organizaciones ecologistas calificaron de “inmenso fraude”.
En aquella ocasión, la confederación invirtió 66 millones de euros en “derechos de papel”: según un análisis publicado por WWF, el 83% de las explotaciones que vendieron sus derechos no había usado sus pozos al menos durante los cinco años previos.
“Cualquier persona con un poco de normalidad, lo que no puede hacer es acogerse a algo con lo que pierde un valor una propiedad que tiene”, comenta Ángel Bellón, presidente de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Mancha Occidental I. Este agricultor, que representa los intereses de los regantes, es tajante: “Si usted quiere cerrarme el negocio, en este caso si cierra el pozo, será a cambio de algo”.
Bellón explica que, al perder el derecho de riego, el cultivo pasa a secano y pierde gran parte de su valor. La Confederación del Guadiana ofreció 5,25 euros por metro cúbico, eso supone una compensación de 10.500 euros por una hectárea de herbáceos, como la cebada, o algo más de 7.000 euros por una hectárea de cultivos leñosos, como un olivar.
La agricultura de regadío es un gran negocio en La Mancha. Según anuncios publicados en un portal inmobiliario de la zona, la hectárea con agua triplica su precio: ronda los 30.000 euros para las tierras de labor o los viñedos, frente a los 10.000 de una de secano.
“Un agricultor en activo tiene muy pocos incentivos para vender”, asegura Lucía de Stefano, quien apunta a otros tres factores, aparte del valor de la tierra: la crisis de materias primas y de alimentos, con la expectativa de un aumento de precios; la antesala de una sequía, una situación en la que el agua subterránea se hace más valiosa; y la extensión de las placas solares en los cultivos de Castilla La Mancha, que hace más barato bombear los pozos.
“El regadío es rentable, fija población en los territorios. Eso es una realidad”, reflexiona Ángel Nieva, de la Confederación del Guadiana. En las últimas décadas, la Administración ha dedicado cantidades ingentes de dinero público a favorecer el riego de cultivos tradicionales de secano como el olivar y el viñedo, multiplicando la producción. Según datos del Ministerio de Agricultura, entre 2001 y 2018 se invirtieron en Castilla La Mancha 950 millones de euros para la reconversión del viñedo.
Tras la primera oferta de este año, la Confederación había previsto dedicar 63,5 millones de euros de los fondos europeos para seguir comprando derechos, pero la estrategia va a reevaluarse tras comprobar la falta de interés de los regantes. “No entendemos que haya que entrar en unos escenarios de competir con el precio del mercado, que puede ser volátil”, explica Nieva. Según el funcionario, la medida no puede ser la única para recuperar el buen estado de las masas de agua subterráneas porque sería “inabarcable económicamente”. Con los 63,5 millones se rescatarían tan solo 10 hectómetros cúbicos de agua, frente a los 1.500 del déficit calculado por el Instituto Geológico y Minero.
La directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez, defiende que existen otros instrumentos legales para reducir la sobreexplotación de los acuíferos “sin que ello implique un trasvase de dinero público a manos privadas”. Esta científica recuerda que la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea obliga a recuperar los acuíferos, y que legalmente “esa prioridad está por encima de los usos del regadío”.
“Lo que tendría que hacer la Confederación Hidrográfica del Guadiana es cortar el grifo de todos los regadíos ilegales”, asegura. Un informe de WWF, publicado el año pasado, desveló que casi un 30% de toda la superficie de regadío en el Alto Guadiana carece de permisos.
Ángel Nieva reconoce esos datos, pero dice que su organismo “es impotente” frente al problema. Cada agente medioambiental encargado de la protección del agua debe vigilar más de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio en la cuenca del Guadiana. Los regantes también se quejan de los plazos administrativos, que deberían resolverse en meses pero se acumulan durante años. “Estamos desbordados. En un organismo como el nuestro, habría que triplicar o cuadruplicar la plantilla, y en absoluto pretendo ser exagerado”, dice el funcionario.
Mientras, con el acuífero exprimido al límite, al reseco Parque Nacional de las Tablas de Daimiel le espera un largo verano. En 2023 cumplirá 50 años, pero lleva casi toda su historia en la UCI, sobreviviendo gracias a medidas de emergencia como el bombeo de agua desde pozos. “Llevo 35 años viviendo junto a un Parque Nacional que jamás ha funcionado como debería”, explica el guía Alejandro del Moral, de la empresa Caminos del Guadiana. A finales de verano llegará un trasvase desde el Tajo, otra medida que las organizaciones conservacionistas tildan de “cortoplacista”.
Mientras, los agricultores no dejan de mirar al cielo. Para el presidente de los regantes de Daimiel, es cuestión de tiempo que vuelvan las lluvias. “Aunque estemos en una zona seca, siempre hemos tenido de 8 a 12 años de ciclo de sequía, luego ciclo de lluvias”, cuenta Ángel Bellón. “Yo tengo esperanza y tengo ilusión”.
El milagro ya sucedió una vez, tras una sequía terrible, en la que llegó a arder el subsuelo de las Tablas de Daimiel. En 2009 se abrió el cielo de par en par, con lluvias excepcionales que duraron varios años, y el Guadiana volvió a correr.
Pero el comisario de aguas de la confederación dice que, en medio de la crisis climática, aquel periodo húmedo fue “un espejismo”. “En pocos años no solo no se va a poder regar, ya está ocurriendo en algunas zonas, es que no se va a poder beber”, asegura Nieva.
Alejandro del Moral no sabe cuándo volverá a llover, pero no cree que las Tablas estén perdidas. “A mis clientes les digo que los humedales son unos buenos supervivientes”, comenta el guía, que relata una historia que le llena de esperanza: hace un tiempo, su padre recogió tierra de los antiguos Ojos del Guadiana, que llevaba tres décadas reseca, y la puso en un acuario. Al año siguiente brotaron eneas y masiegas, las plantas acuáticas que solían tapizar las aguas cristalinas de los manantiales y los humedales de La Mancha. “La naturaleza se queda ahí latente hasta que los humanos sepamos estar al nivel y respetarla”, dice este daimieleño.