Las más de 500 páginas de la sentencia emitida hace unos días por la Audiencia Nacional no dejan lugar a duda. Arantza Zulueta, Jon Emparantza, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi estaban integrados en Halboka
, la estructura considerada brazo jurídico de la banda terrorista. Poe ello les condena a penas de entre tres y siete años. Todos ellos deberían ingresar en prisión en los próximos meses. Sin embargo, intentarán eludir la cárcel pidiendo amparo al Tribunal Supremo.
Jone Goirizelaia, ahora concejal de Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao y con una larga trayectoria en la defensa de etarras, y Aiert Larralde han ejercido como representantes legales de los condenados. En una rueda de prensa que se ha celebrado en el Colegio de Abogados de Bilbao, han denunciado que el juicio, en su opinión, «sin garantías» y que la sentencia no tiene en cuenta «la realidad social» con ETA ya desaparecida.
Para Goirizelaya, la Audiencia Nacional hace «una interpretación curiosa» del delito de integración terrorista. Ha explicado que se limita a hacer un «resumen de las pruebas practicadas en el juicio». Estas dudas en el sistema jurídico español no les han impedido, en cualquier caso, recurrir al Tribunal Supremo.
Para la Audiencia Nacional, sin embargo, existen pocas dudas acerca de la implicación de Zulueta, Emparantza, Zurriarain y Sarriegi en el entramado etarra. Cree que los cuatro letrados reconstruyeron la estructura que sustituyó al frente de cárceles. Según la sentencia, entre sus funciones estaba la de ayudar a cobrar el impuesto revolucionario o la de señalar «posibles acciones y objetivos contra los que atentar». Por todo ello les acusa de «integración en organización terrorista».
La última palabra la tendrá ahora el Tribunal Supremo. Los abogados de ETA ya han presentado el anuncio para formalizar el recurso de casación pidiendo que se «corrija» la sentencia. Así consiguen retrasar su ingreso en prisión, al menos, hasta que se pronuncie el Alto Tribunal.
