«Debería suprimirse formal y definitivamente el Impuesto sobre el Patrimonio, estableciéndose las previsiones legales oportunas para que tampoco pueda ser establecido como impuesto propio por las comunidades autónomas». Esta fue la contundente recomendación que el Comité de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español convocado por el Gobierno de Mariano Rajoy formuló no hace tanto, en el año 2014.
Apenas ocho años después y con el impuesto operando en una longitud de onda muy similar a la de entonces, otro comité de expertos, esta vez reunido por un Gobierno socialista, perfila estos días los últimos flecos de un informe que por primera vez en años ignorará el agitado debate académico y político en torno a la existencia del Impuesto sobre el Patrimonio y pondrá el foco en afinar una propuesta que garantice su pago en todo el territorio y, si ello fuera posible, esquive la batalla jurídica en torno al asunto que se adivina en el horizonte por la resistencia de la Comunidad de Madrid a aceptar ese escenario.
Fuentes conocedoras de los trabajos que ha llevado a cabo la Comisión en los últimos meses avanzan que las discusiones internas han revelado un respaldo mayoritario en el grupo a la idea de armonizar tanto la base imponible como los mínimos exentos del impuesto, al objeto de dar una coherencia al tributo en toda España -con la excepción de País Vasco y Navarra, que quedarían exentas de este planteamiento en virtud de su blindaje foral–, y también a la de establecer un suelo mínimo de tributación en todo el territorio, para impedir que haya lugares donde no se cobre el tributo como sucede en la Comunidad de Madrid. En el grupo de expertos convocado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, domina - en realidad, desde su configuración- la opinión de que el ejercicio de autonomía fiscal que hace Madrid tiene efectos perjudiciales sobre el resto de comunidades autónomas y la de que compete al Estado actuar para evitar ese tipo de distorsiones.
Una apuesta ideológica
Al contrario de lo que sucediera en el no tan lejano 'comité de sabios' para la reforma de la financiación autonómica (año 2017), en el que su propia configuración a base de expertos designados por los distintos gobiernos autonómicos garantizó su pluralidad, el debate interno en la comisión creada por el Ministerio de Hacienda no ha girado en torno al mantenimiento o no del Impuesto sobre el Patrimonio en el sistema fiscal sino a la mejor fórmula para garantizar su aplicación efectiva en el conjunto del territorio y a la cuantía que debería tener ese suelo de tributación obligatorio.
El 'campo de juego' responde en este sentido de forma precisa al ya predefinido por la ministra de Hacienda, Mque nunca ha ocultado su intención de armonizar la aplicación de la imposición patrimonial en todo el territorio y de acabar con lo que ella entiende como una competencia fiscal desleal por parte de la Comunidad de Madrid.
Infografía Impuesto sobre el Patrimonio
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Javi Torres
El argumentario gubernamental incide en el presunto 'dumping fiscal' que genera la política de rebajas de impuestos de Madrid y en las consecuencias que este tiene sobre la recaudación en otros territorios, una distorsión que hasta la fecha se asienta más en indicios o en juicios de valor que en evidencias. Fuera de foco, sin embargo, afloran motivaciones más ideológicas, relacionadas con los daños al relato de la justicia fiscal que se derivan del hecho de que haya grandes patrimonios que se ahorran millones de euros cada año en su factura fiscal por el simple hecho de residir en Madrid. Lo que dicen las estadísticas de la Agencia Tributaria es que sólo por residir en Madrid algo más de medio centenar de grandes fortunas con un patrimonio declarado de más de 100 millones de euros se ahorran dos millones de euros anuales de media por la bonificación del 100% que rige en el tributo.
La 'excepción española'
Todo apunta, por tanto, a que la comisión de expertos dará su aval a la excepción española en materia de Impuesto de Patrimonio, una figura que poco a poco ha ido desapareciendo de los sistemas fiscales de los países desarrollados. Tras la supresión del tributo en Francia en el año 2018, España aparece como la única gran economía del euro que mantiene el impuesto y una de las pocas de toda la OCDE.
«Es un impuesto ineficiente desde el punto de vista económico, cuestionable desde el punto de vista jurídico, que introduce distorsiones en la actividad económica y que actúa como incentivo a la fuga de contribuyentes y capitales», recalca el director general del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo.
Izquierdo ilustra el carácter distorsionante del impuesto refiriéndose a un informe académico elaborado en su día en Alemania que concluyó que por cada euro de recaudación extra que se obtenía a través de esa figura tributaria se detraían cinco de la economía productiva. «Su efecto neto sobre la recaudación es negativo porque su aplicación afecta al empleo, a la actividad económica y por esa vía a la recaudación de otros impuestos. Los territorios que aplican el Impuesto de Patrimonio pierden por otro lado mucho más que lo que obtienen de esa figura».
En el caso de España sucede, además, que ya hay distintas figuras que gravan el patrimonio de los contribuyentes como el IBI o determinados campos del IRPF, por los que los contribuyentes abonan cerca de 15.000 millones de euros anuales, «por lo que cuánto más se ingresa por Patrimonio mayor es la situación de doble imposición que se produce», remacha Izquierdo.
Los defensores del impuesto subrayan su importancia no sólo como instrumento de redistribución de la riqueza sino también como una garantía de equidad del sistema tributario, un símbolo de que está orientado a gravar más a los que disfrutan de una mayor riqueza. En 2019, último año para el que hay datos oficiales, abonaron el impuesto más de 200.000 contribuyentes, que abonaron una cuota media de 11.000 euros por persona. Dos de cada tres potenciales contribuyentes con más de 30 millones de euros de patrimonio declarado no pagaron sin embargo ni un solo euro. Todos ellos tienen su residencia en Madrid.
