Anticorrupción concluye que el fiscal del caso Cursach no está incapacitado para defenderse por su papel en la causa
Después de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) archivara provisionalmente, en abril del pasado año, la imputación de Miguel Ángel Subirán -el fiscal que durante varios años investigó al empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach por un supuesto entramado mafioso dirigido a salvaguardar sus intereses-, Anticorrupción acaba de presentar un escrito en el que concluye, en contra de lo alegado por el fiscal, que éste se encuentra capacitado para defenderse de las acusaciones vertidas sobre él por el papel que desplegó cuando se encontraba al frente del caso Cursach.
En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, los fiscales de Madrid Fernando Bermejo y Tomás Herranz, encargados del procedimiento judicial que investiga las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción contra el magnate mallorquín, aseveran que el supuesto trastorno de estrés postraumático que, según Subirán, le impide afrontar con garantías su derecho de defensa en el marco de esta causa, no le incapacita para recordar los hechos en los que habría intervenido.
"Los problemas que el investigado pudiera tener con su memoria en una declaración judicial", que tres forenses puntuaron con un siete en una escala de uno a diez, señalan los fiscale, "afectarían únicamente a los hechos traumáticos que sufriera". "Pero ninguno de esos hechos traumáticos le son imputados", subraya el Ministerio Público, que, sobre las investigaciones en torno a cómo se instruyó el caso Cursach, precisa que "como efecto de un hipotético trastorno de estrés postraumático [Subirán] no sufrirá ningún problema, derivado de su salud mental, para recordar aquellos en los que pudo tener intervención".
Hasta tres forenses han comparecido en dependencias de la máxima instancia judicial de Baleares en relación con la supuesta incapacidad del ahora exfiscal -el Ministerio de Justicia declaró su jubilación forzosa por incapacidad en junio de 2020, a los 59 años-. En su declaración, los peritos ratificaron los informes que emitieron en su día sobre el estado de salud del exacusador público, en los que determinaron que Subirán no se encuentra en condiciones de ejercer su defensa debido al estrés postraumático que aseguraron que padece y que podría afectar a su memoria y a su capacidad de atención en la causa.
Sin embargo, los fiscales sostienen en su escrito que "no existe óbice alguno para que se reciba declaración al investigado" puesto que "todos los médicos que le han examinado han podido tener una fluida entrevista con él (...) sin problemas de entendimiento y conocimiento". Asimismo, recuerdan que las forenses manifestaron ante el TSJIB que Subirán "era perfectamente capaz de conocer el sentido del juicio (refiriéndose al procedimiento penal) y, a preguntas de las acusaciones particulares, una de ellas "aseguró taxativamente que 'claro que no le afecta a la inteligencia ni a la capacidad de entender'".
Cabe recordar que en abril del pasado año, el presidente del TSJIB e instructor de estas pesquisas, Carlos Gómez, libró del procedimiento judicial a Subirán después de que los forenses determinasen que no se encuentra en condiciones de defenderse, motivo por el que el magistrado decidió exonerar al inculpado "en tanto no recupere la salud mental en términos que le permitan continuar el proceso sin merma de su derecho de defensa".
Ahora, el órgano judicial debe pronunciarse sobre el camino a seguir respecto a Subirán y, a su vez, resolver quién se sienta finalmente en el banquillo por las supuestas prácticas ilícitas desplegadas al frente del caso Cursach. Y es que, al tiempo que Gómez archivaba provisionalmente la causa para Subirán, el instructor dejaba a las puertas del banquillo al juez que investigó a Cursach, Manuel Penalva -también jubilado por incapacidad permanente y quien se encontraba de baja y apartado del caso Cursach desde marzo de 2018 por falta de apariencia de imparcialidad-, así como a cuatro integrantes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional -dos inspectores, un subinspector y un agente- que colaboraron mano a mano con exjuez y exfiscal.
El magistrado daba así el paso previo a abrir juicio contra ellos convencido de que Penalva y los cuatro policías filtraron a la prensa información del caso Cursach cuando este se encontraba bajo secreto sumarial y no actuaron para impedirlo -delitos por los que considera que deben responder ante un tribunal-. Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción como una treintena de acusaciones particulares -entre ellas, las ejercidas por el propio empresario del ocio y los demás acusados en el caso Cursach- sostienen que los antiguos investigadores de esta causa deben ser juzgados por, presuntamente, coaccionar a testigos para que declarasen en sentido incriminatorio contra policías y magnate, efectuar detenciones ilegales y prolongar deliberadamente el ingreso en prisión de varios investigados.
Hasta el momento, juristas y policías han defendido tajantes su trabajo y niegan la existencia de indicios "verdaderamente sólidos" contra ellos. Acusan, incluso, a los fiscales de Madrid de sostener "tesis delirantes" en su contra y fundamentar sus acusaciones en testimonios "inveraces e interesados".
De forma paralela, y mientras se dirime por qué hechos deben ir finalmente a juicio Penalva y los miembros de Blanqueo y si Subirán debe ser encausado de nuevo, se encuentra pendiente de señalamiento el juicio que prevé sentar en el banquillo al propio Cursach y a otros 23 acusados -en su mayoría, policías locales de Palma-, bajo peticiones de condena que suman más de cien años de cárcel, por urdir una supuesta trama de extorsiones y tratos de favor para mantener en la cúspide los negocios del considerado rey de la noche mallorquina, hechos que conformaron la instrucción llevada a cabo por Penalva y Subirán y en la actualidad cuestionada por Fiscalía, acusaciones particulares y hasta ocho informes policiales.
En el caso concreto del magnate, Anticorrupción, a través de un escrito de acusación firmado por Subirán y su excompañero Juan Carrau, reclama ocho años y medio de prisión para él por presuntos ilícitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa, coacciones y cohecho activo. Los inculpados, por su parte, apelan a la nulidad de la causa a tenor de lo investigado en torno a quienes pusieron el foco sobre ellos.
No son pocas las circunstancias inusuales que acumula el caso Cursach. Entre ellas, una inédita tanto en Baleares como a nivel nacional: los seis magistrados que integran la sala que debe juzgar la causa se abstuvieron en bloque -y sin éxito- alegando haber tomado parte en numerosas ocasiones del "galimatías de instrucción" que supusieron las investigaciones del supuesto entramado mafioso. Aseguraban haber resulto hasta un total de 158 recursos procedentes de esta causa. Y advertían de que su intervención ponía en peligro su imparcialidad a la hora de juzgar el procedimiento.
La petición, cursada en septiembre de 2020, fue rechazada por el entonces presidente de la Audiencia Provincial, Diego Gómez Reino. El asunto llegó, incluso, hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que inadmitió el recurso de alzada planteado por dos de las magistradas al tratarse de una cuestión ajena a las competencias del máximo órgano de los jueces.