Cobre, royalty, litio y políticas sociales
Mientras entramos al 2022 con un consenso generalizado de que será un año difícil en lo macroeconómico y de que Chile y sus habitantes deben morigerar sus expectativas, se ha conocido que a 8 mil 400 millones de dólares ascendieron las utilidades del grupo de las 13 empresas mineras privadas más grandes del país en 2021, reportando un salto en el crecimiento de 268 por ciento respecto al año anterior.
Esta situación nos devuelve a la enésima situación donde el país se lamenta por no haber recaudado recursos que podrían haber ayudado a resolver sus necesidades. Contrasta de manera evidente, además, al gobierno saliente con las oposiciones y con la administración entrante. Recordemos que un grupo de parlamentarios, entre los que se cuenta el diputado y senador electo Esteban Velásquez, presentó un proyecto de royalty a la minería que ha sido criticado por el Gobierno, bajo el argumento que iniciativas de este tipo son de exclusiva atribución del Ejecutivo. Sin embargo, no ha avanzado nada, a diferencia de lo que ha señalado el jefe político del Gobierno entrante, Giorgio Jackson, quien señaló que este proyecto será prioridad para la siguiente administración.
El debate se produce cuando se constata el sistemático retroceso de Codelco en la extracción de cobre en Chile y, por ende, en el aporte al país. Hoy, la empresa estatal tiene aproximadamente solo el 30 por ciento de la producción, lo cual evidencia cómo se ha revertido gradualmente la nacionalización del cobre aprobada hace un poco más de 50 años.
No puede omitirse de cualquier análisis el hecho de que se trata de una discusión técnicamente compleja. Hay razonables observaciones sobre la oportunidad, sobre los porcentajes y también sobre si en paralelo deben abordarse otros asuntos, como las exenciones tributarias existentes en la minería. Pero como en toda política, lo técnico ha de subordinarse, por lo que la pregunta que ordena la discusión es si Chile debe recaudar más por la actividad minera. La situación comparativa e instituciones como el Banco Mundial lo recomiendan, además de que el gobierno entrante así lo considera, al revés del actual. Eso cambiará las condiciones de la discusión a partir de marzo próximo.
La discusión sobre el royalty necesariamente debería llevarnos a la pregunta mayor, que en todo caso suele esquivarse, sobre qué hacer con nuestra estrategia -o falta de estrategia- de desarrollo, apegada aun a la explotación intensiva de nuestro patrimonio natural en minería, pesca-acuicultura y la industria forestal, todas ellas además altamente intensivas en el uso de agua. Decimos esto cuando estamos a días de que el Gobierno, con un apuro incomprensible, entregue la explotación del litio hasta el año 2050, el cual considerado el cobre del siglo XXI con una posesión por parte de Chile del 52 por ciento de las reservas mundiales. Vernos frente a una decisión de alcance histórico, sin que se haya promovido una discusión seria e informada, nos hace temer que nuestras dirigencias sean más propensas a repetir los errores del pasado, en vez de revertirlos.