La disolución de las Cortes de Castilla y León se lleva por delante cuatro proyectos de ley diseñados por el Gobierno de coalición PP-Cs, después de meses de tramitación. Decaen por completo, por lo que será el futuro Gobierno autonómico que salga de las urnas el 13 de febrero el que decida si vuelve a llevarlos al Parlamento para su aprobación y, por lo tanto, para su entrada en vigor, o los mete en un cajón. De las iniciativas legislativas, tres proceden de la Consejería de Transparencia y una de la de Sanidad, y las cuatro tienen la «marca» del expresidente de la Junta, Francisco Igea.
Son, además, cuatro textos legislativos con los que la formación naranja ha querido hacer bandera de su política y de su apuesta por «el cambio y la regeneración», según sus propias palabras. De hecho, formaban parte de los acuerdos incluidos en el pacto que PP y Cs firmaron para conformar el gobierno de coalición. La disolución anticipada de las Cortes autónomicas, que deberían haber mantenido su actividad hasta al menos el primer trimestre de 2023, frustra su tramitación que ya de por sí estaba siendo bastante lenta, al menos en los que se refieren al nuevo proyecto de ley de ordenación del territorio y al de la oficina de lucha contra el fraude y la corrupción, en los que Igea había puesto especial empeño.
El primero de los citados lleva lustros encallada en las Cortes sin que consiga ser aprobada por falta de acuerdo entre los distintos partidos e, incluso, dentro de los propios partidos, en función de las diferentes provincias. Su última intentona ha sido en esta legislatura, impulsado por Cs, que consiguió llevarlo al Legislativo para su tramitación en junio y para el que ya se habían concedido varias prórrogas para la presentación de enmiendas. Todo apunta a que volverá a la casilla de salida y se volverá a diseñar el enésimo proyecto para la ordenación de los servicios de la Comunidad.
Otra norma que también había comenzado ya con el procedimiento es la que crea y regula la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, al que se han otorgado tres aplazamientos, de forma que había tiempo para enmendar hasta febrero de 2022. Tampoco sus señorías estaban muy por la labor de sacar adelante este proyecto de ley que, cuando menos, resulta incómodo.
En julio entró en el Parlamento el texto sobre los derechos y garantías de las personas al final de su vida, una apuesta personal de Igea, hasta el punto de que fue el primero que se elaboró cuando comenzó a trabajar el nuevo Ejecutivo PP-Cs hace ya dos años y medio. Sin embargo, tardó en llegar a las Cortes ya que no se registró hasta el 29 de octubre, si bien estaba a punto de cerrarse el plazo de enmiendas.
Cinco aprobadas
La semana pasada finalizó de forma abrupta un año en las Cortes autonómicas «raro», «crispado», «complicado», «el de la moción» y, finalmente, «el de la disolución». Son variados los adjetivos a los que recurren los procuradores de los grupos parlamentarios para definir la actividad legislativa en un ejercicio caracterizado, sobre todo, por la presentación de la primera moción de censura de la historia de la Comunidad y la pérdida de la mayoría en el tándem PP-Ciudadanos que sustentaba la Junta y que ha terminado por estallar. La dificultad para que la ley más importante del año, la de Presupuestos, fuese aprobada aunque ‘in extremis’ en el pleno del día 23, fue la ‘traca final’ de un periodo en el que la crispación ha sido la tónica.
Fue, precisamente, el nuevo arco parlamentario el que determinó que las Cortes regionales sólo hayan aprobado este año cinco leyes, cuando lo habitual es que al menos salgan adelante una decena, con la salvedad del pandémico 2020 en el que toda la actividad del ejecutivo estuvo centrada en frenar la pandemia y paliar sus consecuencias. Entonces se acordaron cuatro leyes, tres de ellas relacionadas con los servicios sociales y la emergencia sanitaria. Pero en el caso del año que está a punto de concluir, la sequía legislativa tuvo más que ver con las dificultades para contar con una mayoría suficiente para aprobar las iniciativas tras la salida de María Montero del Grupo de Ciudadanos para convertirse en no adscrita. Esa marcha dejó a Cs desde marzo con 11 procuradores, a los que se suman los 29 del PP, cuarenta en total, frente a los 41 del resto del hemiciclo (35 PSOE dos de podemos y uno para Vox, Por Ávila, UPL, y la no adscrita). De esta forma, si los partidos que soportan el Gobierno de coalición no lograban, al menos, un voto más para sus propuestas o dos abstenciones, éstas decaían.
Presupuestos en febrero
De las cinco leyes aprobadas en 2021, dos corresponden al Presupuesto de la Comunidad del año en curso, que obtuvo el visto bueno el 22 de febrero, y a la Ley de Medidas Tributarias que le acompaña. Los otros tres textos legislativos son una modificación de los tributos cedidos (eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones), y las leyes de Caza y del Tercer Sector. En definitiva, dos, en sentido estricto.
En el primer año de legislatura se aprobó la declaración del Parque Natural de Sabinares del Arlanza-La Yecla (Burgos), además de tres modificaciones normativas en servicios sociales, renta garantizada y situaciones de emergencia social, todas fruto de las necesidades provocadas por la pandemia.
Han sido, no obstante, meses fecundos en proposiciones no de ley (PNL) aprobadas, 153, una cifra muy similar a la de 2020, aunque por encima de las 144 de 2019, año electoral y, por lo tanto, más reducido en actividad parlamentaria. Además, las Cortes asumieron tres decretos, frente a los diez del año anterior, si bien en ese ejercicio la pandemia fue la razón por la que el Ejecutivo recurrió en más ocasiones a este instrumento.
Las cinco comisiones de investigación desaparecen tras 112 sesiones
Las cinco comisiones de investigación que había activas en las Cortes de Castilla y León desaparecen tras la disolución de las Cortes. Durante la corta legislatura han sido uno de los órganos más activos del Parlamento, hasta el punto de que han mantenido 112 reuniones. Tres de ellas fueron impulsadas por Ciudadanos y, de hecho, su creación era una de las condiciones recogidas en el acuerdo de Gobierno con el Partido Popular.
De hecho, una de ellas, centrada en los planes y la financiación de los medios de comunicación, se ha reunido en 49 ocasiones y por ella han pasado decenas de comparecientes. La dedicada a analizar el procedimiento de adjudicación de parques eólicos, la adquisición de terrenos en Portillo y el edificio de Arroyo, ha tenido 47 sesiones. En ese caso, la comisión, impulsada por el PSOE, ya se constituyó en la legislatura anterior aunque no llegó nunca a iniciar sus trabajos y en la que acaba de terminar se reformuló. La que investiga los planes del carbón, propuesta por Cs, se ha reunido 13 veces y la denominada de las residencias o del Covid, que analiza la actuación de las administraciones durante la pandemia, tres veces. Esta última se ha creado este año, igual que la dedicada a conocer lo sucedido en el incendio de la sierra abulense de la Paramera, que estaba pendiente de constitución. Nada de lo hecho en estas comisiones tiene efectos prácticos o puede ser utilizado de manera oficial como conclusión de las investigaciones hasta el punto de que en la próxima legislatura habría que comenzar con todo el proceso para su creación.
