El juez propone juzgar por un delito de terrorismo a 13 miembros de los CDR
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar por un delito de terrorismo a 13 presuntos miembros de una facción radicalizada de los Comités de Defensa de la República (CDR) que planearon supuestamente sabotajes o acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en 2019.
El magistrado acuerda procesarles por un delito de pertenencia a organización terrorista, al que suma otro de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista para nueve de ellos.
En su auto, difundido este martes, explica que los investigados habrían conformado "una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados" utilizando explosivos y sustancias incendiarias fabricados en laboratorios clandestinos.
La mayoría fueron detenidos en septiembre de 2019 en la conocida como Operación Judas por planear, presuntamente, acciones violentas de cara al aniversario del 1 de octubre, fecha en la que se celebró dos años antes el referéndum independentista catalán, declarado ilegal; y a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes soberanistas.
Entre los trece procesados figura la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sentmenat (Barcelona), Queralt Casoliva (CUP-Amunt).
De acuerdo a la resolución, se agrupaban en el autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula radical dentro de los CDR creada por la necesidad de contar con un grupo clandestino de máxima confianza, totalmente entregados a "la causa" a los que se les encargó las acciones más sensibles.
El juez afirma que compartían principios ideológicos favorables a la independencia de Cataluña y al activismo radical, y que su objetivo era conseguirla empleando la violencia en su máxima expresión y forzando, de modo coercitivo, a las instituciones.
García Castellón acoge en su auto la tesis de la Guardia Civil y de la Fiscalía y recuerda que los miembros del ERT han participado en acciones contundentes como cortes de carretera o levantamiento de barreras de peajes.
También intervinieron, continúa el auto, en la creación y desarrollo de los centros de coordinación (CECOR) y asumieron el encargo recibido de un denominado "CNI Catalán" para que aportasen infraestructura logística para acometer una acción en la que se pretendía ocupar y defender el Parlament.
La ocupación se realizaría por la puerta principal y el plan contemplaba el alquiler de inmuebles para permanecer en el interior al menos una semana, montando antenas para mantener las comunicaciones, con un presupuesto estimado de 6.000 euros.
Tras la investigación, el juez concluye que la célula presuntamente formada por los procesados "elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior", y recuerda que cuando fue desarticulada algunos miembros ya habrían desarrollado actos preparatorios como reconocimiento de objetivos, vigilancia de instalaciones policiales, y la toma de fotografías y vídeos de accesos, cámaras, localización de torres eléctricas, agentes y matrículas de vehículos policiales.
Sobre los presuntos objetivos, el auto menciona la Comandancia Naval de Barcelona, Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, miembros, vehículos e instalaciones policiales, torres de alta tensión, instalaciones en autopistas, peajes o el Parlament.
En opinión del juez, destaca el reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, llevado a cabo por el procesado Jordi Ros, quien también -dice el auto- habría realizado diferentes búsquedas en Internet sobre personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un mosso d'Esquadra.
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