A estas alturas de las investigaciones del Ministerio Fiscal sobre la actividad financiera del Rey emérito, no puede negarse que Don Juan Carlos I cometió infracciones fiscales que él mismo ha reconocido mediante regularizaciones ante la Hacienda Pública española. Ese proceder del anterior jefe del Estado es inadmisible y así fue entendido por su hijo, el Rey Felipe VI, quien desde su acceso al trono ha ejecutado todo un plan de transparencia económica con medidas concretas de regeneración de la Corona. Por tanto, si Don Juan Carlos incurrió en conductas que pudieran ir más allá de una mera infracción tributaria, la Justicia debe concretar las correspondientes responsabilidades. Pero, al mismo tiempo, si Don Juan Carlos es uno más ante la ley, debe ser tratado como uno más ante la justicia. No está siendo así. Ayer se hizo público el contenido de una comisión rogatoria que el fiscal encargado del caso, Juan Ignacio Campos, dirigió a su colega suizo en febrero pasado para obtener información sobre el dinero del padre del Rey. Al margen de que el fiscal considere que Don Juan Carlos es un «comisionista internacional», lo cual es grave, lo más llamativo de la jornada de ayer fue la respuesta inmediata y contundente de su abogado. Hasta ahora, la defensa de Don Juan Carlos se había conducido con extraordinaria prudencia y discreción, sin presencia pública y colaborando con la Fiscalía y Hacienda. Hasta ahora, decimos, porque el abogado de Don Juan Carlos denunció ayer algo tan serio como la violación de su presunción de inocencia y la falta de pruebas de los delitos imputados. La dureza de los términos empleados por el abogado anuncia un cambio de actitud, quizá fruto de una quiebra de confianza entre ambas partes. Todo un punto de inflexión, con consecuencias imprevisibles, en una dinámica marcada hasta ahora por la actuación libérrima de la Fiscalía, sin plazos -y los que hay se incumplen-, ni controles externos.
Que el padre del Rey cometiera ilegalidades no justifica que se le prive de las garantías procesales más elementales. A Don Juan Carlos, que no ha sido llamado a declarar, no le investiga ningún órgano judicial, que solo podría ser la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Don Juan Carlos es investigado desde hace años por la Fiscalía, órgano incardinado en el poder ejecutivo. Pese al tiempo transcurrido, los fiscales del caso no han podido concretar formalmente ningún delito contra él. Sospechas, muchas; resultados, ninguno; manipulación política, a diario. La Fiscalía transmite la imagen de que realmente no es más que una sucursal del fiscal suizo Bertossa, quien dosifica a su conveniencia informaciones de personas cercanas a Don Juan Carlos.
Además, nada de lo que investigue la Fiscalía tiene valor probatorio -según doctrina del Supremo- y habrá de pasar el filtro de la investigación judicial, si es que alguna vez tal investigación se abre. La Constitución establece como derecho fundamental ante la justicia el de la tutela judicial efectiva. Ya es hora de que la Fiscalía exhiba sus cartas y tome la decisión de archivar el caso o de presentarlo ante el Supremo. La Fiscalía parece temerosa de dar el paso a judicializar su investigación pese a que una querella del Ministerio Público tiene garantizada, como regla general, su admisión a trámite. Los temores de la Fiscalía no justifican la vulneración de los derechos del Rey emérito a conocer de qué se le acusa, a ser oído para poder defenderse, y a presentar las pruebas de descargo que considere pertinentes. Los mismos derechos que se le reconocen, por cierto, a cualquier ciudadano español por mucha falta de ejemplaridad en que haya incurrido.
