Michael Barnier, el apuesto gaullista al que le tocó en suerte negociar el divorcio británico en nombre de la Unión Europea, ha decidido abrir el melón migratorio, como anticipo de sus aspiraciones presidenciales. Nadie sabe mejor que él que una de las razones del Brexit fue la constatación de que la política migratoria expansiva de Tony Blair había transformado el carácter de la sociedad británica; y nadie es más consciente de que es cuestión de tiempo que este asunto deje de ser tabú en el continente. Que la motivación de Barnier sea interesada, y que la cuestión sea planteada en un contexto de angustia existencial, fruto de la relativización de los valores republicanos a causa del multiculturalismo, no es óbice para agradecer la madurez política que demuestra queriendo ponerle el cascabel a tan elusivo gato: lo que Barnier nos pide, en esencia, es que determinemos si la institucionalización de la diversidad con políticas activas de inmigración justifica sus consecuencias negativas.
Empero, esta cuestión entraña el riesgo de hacernos caer en la falacia de la «ignoratio elenchi», esto es, de esquivar la cuestión de fondo, consistente en decidir cómo vislumbran las naciones europeas su futuro.
Basta con revisar nuestro flamante Plan 2050 para hallar ejemplos de cómo se dan ya por sentados debates, como el de la emigración, al abogar por la entrada de más de siete millones de emigrantes en los próximos treinta años, haciendo un soufflé con argumentos de ingeniería social —para parecernos más a las países escandinavos— y de utilitarismo economicista —para sostener las pensiones— que han servido de base para repensar el porvenir de los españoles, sin contar con ellos.
No hace falta secundar teorías conspirativas como la del «Gran Reemplazo» de Kalergi para evidenciar las inconsistencias de la verdad recibida sobre la cuestión migratoria, ni es preciso creer, con José Carlos Mariátegui, que «el marxismo-leninismo es el sendero luminoso del futuro», para apuntar que las externalidades de la libre circulación de capital material y humano alteran la urdimbre nacional, tanto en términos de soberanía económica, como de cohesión social. No hay más que revisar las cifras de desempleo femenino, cercano al 20% de la población activa, y próximo al 42% entre las menores de 25 años, para apreciar la endeblez del postulado que favorece la inmigración sobre la natalidad, en aras a propiciar el acceso de la mujer al mercado laboral. Y no hay más que ver las cifras de empleo intermitente y flexible, para constatar la aparición de una nueva clase social, el precariado, cuya diferencia sustantiva con el proletariado es que no pone su vejez en manos de su prole, sino en las de inmigrantes.
El empeño en hacer de la «Ecuación de Heckman» uno de los mantras de los gurús de la factoría Redondo no puede ofuscar que nuestra incapacidad para transmutar educación en empleo no sólo ha creado un «ejército industrial de reserva», sino que nos obliga a importar mano de obra barata para seguir compitiendo en precio, antes que en valor. Ni puede ocultar que ésto, como señala Barnier, acarrea costes sociales, que se exacerban cuando, como denuncia Ana Iris Simón, al hacer de palanganero del mercado tiramos al niño con el agua sucia. Es decir, cuando negligimos el apoyo a la familia, en favor de una amalgama de identidades líquidas, que facilitan la desarticulación de la idea misma de sociedad, reduciéndola a un surtido de individualismos consumistas, ilusoriamente ligados mediante tribus artificiosas.
