El juez de Púnica investiga una nueva vía de financiación irregular del PP de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa 'Púnica' ha acordado abrir una nueva pieza separada, la número 13, para investigar la documentación aportada desde la cárcel de Soto del Real por el que fuera alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y que podrían acreditar la existencia de un sistema de facturación impuesto "que perseguiría satisfacer necesidades económicas del PP de la Comunidad de Madrid".

Se trata de una serie de correos electrónicos que incluyen facturas y que Ortega entrega por medio de su abogado a la Audiencia Nacional en aras de dar muestra de su disposición para colaborar con la justicia. "Se aporta como 'ejemplo' de la existencia 'de este sistema' (de facturación impuesto) documentos anexados a correos recibidos en el correo electrónico del Sr. Ortega, ggortega@telefonica.net", dice el auto con fecha de 12 de mayo al que ha tenido acceso Europa Press.

Ahora, el magistrado, que recibió el escrito de Ortega en el marco de la pieza 9 de Púnica, en la que se investiga si el PP de Madrid se financió de forma ilícita, decide abrir nueva pieza dado el momento procesal de la pieza 9, que está cerca ya del fin de instrucción.

Además oficia a la UCO para que analice esas facturas entregadas por Ortega y las compare con la documentación entregada por la Comunidad de Madrid relativa a contratos y facturas de publicidad del Mercado de Puerta de Toledo.

Pero, según consta en el escrito de Ortega de abril de 2021, al que también tuvo acceso Europa Press, y refleja el juez Manuel García-Castellón en su auto, el que también fuera presidente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo asevera que ha recibido un borrador que "acreditaría la existencia de irregularidades", si bien matiza que esperará a entregarlo por consejo de su abogado hasta "recibir la documentación completa que le sirva de contraste".

A pesar de abrir pieza nueva tras el escrito de Ortega, el juez advierte de que le llama la atención que las facturas que entrega y que acreditarían esas irregularidades son "documentos que provienen de su correo electrónico, por lo que se trataría de archivos de los que ya disponía en el momento en que presentó su primera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción", y cuando declaró en julio de 2020.

Además, recuerda que en su declaración como testigo refirió la existencia de más de un millón de euros de sobrefacturación en la contratación de publicidad desviados a través de la sociedad Mercado Puerta de Toledo, con lo que se estaría creando una suerte de "fondo", según palabras del propio Ortega, para pagar gastos del partido.

"El Sr. Ortega afirmó que se desviaba dinero para mejorar la imagen de los miembros de la CAM, del Gobierno Regional y de la Presidenta -en aquel momento Esperanza Aguirre- señalando de una manera poco concisa que de ese fondo se hacían actos y se organizaban actos para los medios de comunicación o había periodistas que cobraban dinero para poder organizarlos, desconociendo si se trataba de dinero en efectivo", indica el juez en el auto.

En este sentido, recuerda además que Ortega afirmó también que la mercantil SWAT era utilizada para pagar gastos del partido de forma encubierta a través del Mercado Puerta de Toledo. Y añade que tras nueve meses desde esa declaración, ahora aporta una serie de documentos, los cuales entiende indiciarios de acreditar los hechos que en su momento se denunciaban.

Tras estas consideraciones, García-Castellón califica la entrega de documentos de Ortega de "salto considerable" respecto a los que son objeto de la pieza número 9, ya que se habla de "una presunta desviación monetaria a través de la sociedad Mercado Puerta de Toledo". Y subraya que la pieza separada 9 se refiere a las presuntas irregularidades que se habrían cometido en IMADE en la adjudicación y ejecución de un contrato de servicio de publicidad.

"Visto el momento procesal en el que nos encontramos y el tiempo transcurrido desde la incoación del presente procedimiento, y atendido que los hechos a los que se refiere el señor Ortega suponen un salto cualitativo que desborda considerablemente el objeto de la presente pieza, quien suscribe esta resolución considera que deberán ser objeto de investigación en una pieza separada", concluye.

Sobre los hechos objeto de la nueva pieza, indica que de lo entregado por Ortega se infieren indicios de la presunta comisión de un delito de falsedad documental cometida por particular en documento mercantil. Y apunta que la pena para este delito no excede los tres años y habría quedado prescrita antes incluso de la interposición de la querella que dio lugar a la incoación de las presentes diligencias en 2014.

Con todo, el juez recuerda que más allá de los documentos presentados, facturas presuntamente modificadas, "no se aporta ningún indicio de la desviación monetaria, ni se acredita de modo alguno que pudiera haber existido el 'fondo' al que hacía mención el denunciante Ortega en su declaración en sede judicial".

Al hilo, advierte que el que fuera alcalde popular parte de unas circunstancias personales "que deben ser tomadas en consideración al valorar la credibilidad de su testimonio, al tratarse de una persona condenada que denuncia hechos que le incriminan".

Y añade que no aporta indicio que permita advertir gasto o desembolso que se hubieran podido realizar con cargo a este referido "fondo", ni se identifica qué actos, qué personas o entidades pudieran haber recibido contraprestaciones con cargo a este "fondo", ni se justifica su existencia, siquiera indiciariamente, de ninguna manera.

Por todo ello, considera que el impulso del proceso no puede depender de la voluntad del denunciante, y añade que es "cuanto menos sorprendente" que Ortega presente esta documentación ahora sin dar más explicaciones cuando lo tenía en su correo electrónico particular.

En su escrito, Ortega hace una relación de hasta 13 facturas emitidas por SWAT entre 2006 y 2009 contra el Mercado Puerta de Toledo "por trabajos aparentemente ficticios" y que sumarían un total de 832.560 euros. Esos trabajos 'ficticios' habrían quedado registrados como eventos, relaciones públicas, vídeos, fotografías, pintura o mantenimiento.

También habla de facturas con sobreprecios de facturas emitidas por el Mercado Puerta de Toledo hacia el IMADE. Y apunta que mientras que la empresa subcontratada emitía una factura por un determinado precio, ese encargo se facturaba desde el Mercado al IMADE por un precio muy superior.

En una de las facturas que entrega al juez llega a hablar que se pasa de 4.000 euros a 74.000 euros. A esto suma que también se realizaban duplicidades de facturas por los mismos trabajos, conceptos similares, y analiza facturas con sobrecostes por un desfile de moda que se hizo en 2008 y por la semana del deporte.