El Gobierno aprueba una reforma para que el Supremo unifique doctrina y haya restricciones sin estado de alarma
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que modifica la ley del contencioso administrativo para habilitar la posibilidad de recurrir los autos de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma al Tribunal Supremo, buscando con ello una rápida unificación de doctrina que permita a los gobiernos regionales seguir tomando medidas restrictivas sin estar vigente el estado de alarma.
Según explican fuentes gubernamentales, en la práctica «todo sigue igual». En el sentido de que el Gobierno defiende que las autoridades autonómicas podrán tomar medidas solicitando autorización a los tribunales superiores de justicia de cada región. «Lo que se crea es un recurso de casación sumario al Tribunal Supremo para que unifique doctrina», explican desde La Moncloa.
En la rueda de prensa, la vicepresidente primera, Carmen Calvo, ha defendido dejar atrás el estado de alarma pese a que «nos ha ayudado mucho», y defendiendo que se trata de una «prerrogativa de estado excepcionales». Calvo ha defendido que con esta reforma se pueden seguir tomando muchas medidas, «incluso aquellas que afectan a derechos fundamentales y libertades públicas».
Calvo ha explicado que este RDL contempla un recurso de casación frente a las resoluciones de los TSJC y de la Audiencia Nacional «para que en tiempo récord la sala tercera del Supremo unifique doctrina». La vicepresidenta ha trasladado que esta medida sirve para «tranquilizar» a los ejecutivos autonómicos. El Gobierno defiende que en este tiempo los tribunales «han ayudado», pero en algunos casos, cuando no hubo estado de alarma como va a suceder ahora, algunos tribunales superiores tumbaron decisiones de los gobiernos regionales. En el Gobierno defienden que este mecanismo evitará problemas como los que sucedieron con el TSJ del País Vasco.
El Gobierno busca que sean ahora los gobiernos regionales los que apliquen medidas basándose en las leyes sanitarias de 1986 y 2011. Si los TSJ deniegan alguna de esas medidas, la reforma aprobada hoy plantea que la Sala Tercera del Supremo se pronuncie de forma urgente en un plazo máximo de cinco días. La vicepresidenta primera lo ha definido como una “innovación jurisdiccional” que aportará “seguridad jurídica” a la regiones: “Hemos de estar tranquilos, los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes, con la garantía de protección y de la igualdad para todos que nos ofrece el Tribunal Supremo”.