Ponerse la vacuna no significará librarse de las restricciones, al menos en Alemania. El Consejo Ético alemán, el grupo de 26 expertos en medicina, derecho y filosofía que nombran el gobierno de Berlín y el Bundestag y que asesora en las decisiones políticas éticamente delicadas, acaba de publicar su informe en el que desaconseja permitir «privilegios» para los ciudadanos que hayan sido vacunados.
«Para empezar, la palabra privilegios no sirve en esta discusión más que para polarizar y yo les rogaría que no volvamos a usarla», ha pedido la presidenta del gremio, Alena Buyx, profesora de Ética Médica de la Universidad de Münster. «El criterio para mantener o levantar restricciones es si una persona puede contagiar a otras y por ahora no tenemos constancia científica de que un ciudadano vacunado no pueda transmitir el virus, por lo que el levantamiento de las restricciones debe ser gradual y para todos, respondiendo al criterio de preservar la capacidad del sistema sanitario», ha explicado, «cuando tengamos otras bases científicas podremos volver a discutirlo, pero por ahora no podemos pensar en que los vacunados disfruten de más libertad que el resto».
Buyx ha subrayado la diferencia entre las restricciones que puede imponer el gobierno, en la esfera pública, y las que las entidades de carácter privado pueden establecer según la libertad de contrato. Se refiere a que, una vez levantada la restricción general a la hostelería, por ejemplo, un restaurante podría por iniciativa propia admitir solamente a personas vacunadas.
Pero incluso en estos casos ha de tenerse en cuenta si esa empresa está ofreciendo un servicio relacionado con los derechos fundamentales o con funciones básicas para el funcionamiento de las infraestructuras y la economía. En este sentido, el Consejo Ético aconseja dejar cierto margen a los proveedores de eventos privados para tomar decisiones sobre tratamiento especial a las personas vacunadas.
Son «en principio libres de decidir con quién firmar un contrato, esto incluye en principio también la posibilidad de diferenciar según el estado de vacunación de sus clientes, aunque deberían aplicarse límites», ha añadido Sigrid Graumann, miembro también del Consejo Ético, «las restricciones a la libertad de contratación de los proveedores privados podrían estar justificadas si el acceso a sus ofertas es indispensable para una participación fundamentalmente igualitaria en la vida social».
El Consejo Ético ha destacado, además, que «las medidas de aislamiento en los centros de atención, ancianos, discapacitados y hospicios deben levantarse lo más rápido posible» para las personas vacunadas a medida que avanza el programa de vacunación y que el número de hospitalizaciones, así como la proporción de enfermos graves y las muertes deben utilizarse como criterio principal para eliminar las restricciones generales actualmente aplicables. Los números puros de infecciones no deberían ser, en opinión de estos expertos, un criterio demasiado influyente.
Si se retiraran las restricciones estatales generales a la libertad de movimiento, dice también el informe, las personas con alto riesgo individual tendrían que seguir siendo protegidas y apoyadas en el «necesario aislamiento adicional». Las obligaciones de llevar una mascarilla y mantener las distancias podrían entonces prolongarse incluso más tiempo porque la carga asociada para los ciudadanos es relativamente baja. Y la protección de datos sanitarios debe ser respetada en al política de la pandemia.
Ya el pasado mes de abril, el Consejo Ético llevó al Ministerio de Sanidad a cambiar un proyecto de ley que contemplaba ciertos derechos para ciudadanos que ya hubieran pasado la enfermedad y que, por tanto, estarían naturalmente inmunizados. La idea era que las personas pudiesen mostrar una tarjeta de inmunidad antes de subir a un autobús, asistir a un concierto o visitar una residencia de ancianos. Pero el Consejo Ético declaró que esa tarjeta inmunitaria violaba el derecho a la privacidad sanitaria.
A pesar de las reiteradas preguntas, Buyx se ha negado a entrar en valoraciones sobre la política del gobierno alemán y las medidas para tratar de frenar la pandemia, solamente ha reiterado que «el único criterio válido para limitar temporalmente la libertad de movimiento de las personas es una situación de peligro de colapso del sistema sanitario» y ha recordado que, de no darse esa circunstancia, debería bastar con normas de higiene y distancia cuya violación puede ser regulada por el Estado como de costumbre, es decir: con multas u otras sanciones.
Al deseo expresado por el presidente del COI, Thomas Bach, sobre vacunas para los atletas antes de su viaje a Japón para participar en los Juegos Olímpicos, el Consejo Ético no considera justificable esa excepción a la lista de vacunas prioritarias y grupos de riesgo anteriormente establecida.
