Malestar en los sindicatos por la propuesta del Gobierno para bajar las futuras pensiones

La tensión entre los sindicatos y el ala socialista del Gobierno va en aumento. En las próximas semanas tienen que decidirse alguno de los puntos clave de la negociación colectiva: salario mínimo interprofesional, reforma laboral, reforma de pensiones, extensión de los ERTE y el escudo social. A medida que pasan los días se acumulan los roces y los desencuentros. El último capítulo es el de las pensiones. La Seguridad Social está preparando una reforma del sistema que sea aceptable para la Comisión Europea y lleva meses de conversaciones con la Comisión Europea para evitar un hipotético reproche de los socios europeos que complique el programa de ayudas Next Generation EU.

La Seguridad Social asume que para blindar la revalorización de las pensiones con el IPC es necesario ajustar la tasa de sustitución bajando la cuantía de las futuras pensiones. En primer lugar, la intención es penalizar las salidas anticipadas y fomentar el retraso de la jubilación voluntaria. Pero esta medida difícilmente servirá para remendar el problema. La solución con la que trabaja el ministerio pasa por aumentar el número de años para el cálculo de la pensión, que pasaría de 25 a 35 años.

El norte de España depende de las pensiones para crecer

Javier G. Jorrín

La propuesta ha generado un profundo malestar entre los sindicatos que, después de defender con éxito los derechos de los pensionistas, ahora se ven presionados a aceptar un recorte de las prestaciones futuras de los trabajadores. Los sindicatos lamentan que el Gobierno esté preparando una propuesta para enviar a Bruselas sin que haya pasado aún por el diálogo social. Fuentes de la negociación colectiva aseguran que este texto no se ha tratado en ninguna reunión de las mantenidas con diversos miembros del Gobierno.

Eso no significa que de forma informal se haya trasladado el documento a los agentes sociales, pero no se ha negociado en la mesa que correspondería, la de pensiones. Los sindicatos ya han reaccionado públicamente a la propuesta. El secretario de políticas públicas y protección social de CCOO, Carlos Bravo, ha lamentado por redes sociales la propuesta del Gobierno, ya que no forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que están recién aprobadas, y tampoco se ha negociado con los agentes sociales.

Según adelanta ‘El País’, ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión supondría una merma de las futuras prestaciones del 5,5%, según los propios cálculos de la Seguridad Social. El motivo es que los primeros años de la carrera de los trabajadores suelen tener salarios más bajos, de modo que esto penaliza la cotización media utilizada para determiinar la pensión inicial cuando un trabajador se jubila. Esto significa que el ajuste del sistema recaería sobre los trabajadores actuales y se garantizarían los derechos de quienes ya están jubilados. Los sindicatos rechazan esta opción y piden explorar el aumento de los recursos del sistema para combatir el déficit, como puede ser el destope de la base máxima de cotización o la subida de impuestos para financiar estas prestaciones.

Los sindicatos empiezan a tocar tambores de guerra contra el Gobierno

Carlos Sánchez

Para el Gobierno, la reforma de las pensiones es uno de los textos más importantes de toda la legislatura. Y no solo por su coste social, también porque la Unión Europea está mirando con lupa cómo España decide resolver el enorme agujero del sistema una vez que ha decidido volver a indexar las pensiones al IPC.

El SMI, primer obstáculo

El promer obstáculo que tienen que superar el Gobierno y los sindicatos en los próximos días es el del salario mínimo interprofesional (SMI). Esta es una competencia exclusiva del Gobierno, pero, como ha informado el Ministerio de Trabajo, su intención es alcanzar un acuerdo con los agentes sociales para la subida. Eso sí, Trabajo ha puesto una condición infranqueable: no se congelará el SMI. Una condición que no comparte todo el Gobierno.

El ala socialista del Ejecutivo, liderado por la vicepresidenta Nadia Calviño, no comparte esta visión y considera que no se puede subir el SMI si no hay acuerdo entre los agentes sociales. Lo que está reconociendo el ministerio es que la situación actual es tan delicada que elevar los costes de las empresas podría ser contraproducente para la recuperación económica. La CEOE ya ha dicho que no quiere subidas del SMI dada la coyuntura económica tan complicada, y los sindicatos interpretan que el Gobierno quiere otorgar poder de veto a la patronal.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha criticado por redes sociales las declaraciones de la vicepresidenta de este lunes en el programa ‘Al Rojo Vivo’. “Está claro que tenemos el compromiso de subir el SMI, la cuestión es si ahora es el momento”, ha señalado Calviño. “El Gobierno debe promover el diálogo social, no ponerle palos en las ruedas”, ha lamentado Sordo.

Una muestra más de la tensión existente en los últimos días entre el Ministerio de Economía y los sindicatos. Una tensión que se hace extensible al socio de Gobierno, Unidas Podemos, con la CEOE. Divisiones que ponen en riesgo los logros conseguidos por el diálogo desde el inicio de la legislatura y que incluyen la subida del SMI al inicio del año 2020 y todo el desarrollo de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo). Se avecinan semanas complicadas para la unidad del Ejecutivo y el diálogo social. Hasta ahora, poner en marcha ayudas públicas era lo fácil y así se podían lograr acuerdos, pero ahora llegan las políticas mollares y, con ellas, las dudas.

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