El Gobierno afronta el dilema de cuánto subir el salario mínimo en un contexto de crisis y con los empresarios en contra
La subida del salario mínimo hasta los 950 euros al mes en 2020 marcó el inicio del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Solo unos días después de su formación, la ministra Yolanda Díaz se apuntaba este primer acuerdo con los empresarios y los sindicatos, al que han seguido bastantes más. Pero ese primer pacto social adquirió una relevancia especial dadas las reticencias que las patronales habían mostrado a que se formase el Ejecutivo de coalición. Trabajo quiere seguir subiendo el SMI en 2021, para lo que intentará llegar a un acuerdo con sindicatos y patronales, que mantienen posturas enfrentadas. La decisión estará atravesada además por el actual contexto de crisis por la COVID. El mercado de trabajo se recupera, pero todavía tiene que reconstruir más de 350.000 empleos destruidos, y sectores de salarios bajos, como la hostelería y el comercio, están todavía muy tocados por la pandemia.
Yolanda Díaz adelantó el viernes que se inclina por aumentar el salario mínimo interprofesional, aunque existen diferencias al respecto en el seno del Gobierno. Fuentes del Ejecutivo reconocen que una parte del Gobierno, liderada por la vicepresidenta Nadia Calviño, no ve claro el aumento del SMI y se alinea más con la petición de los empresarios de congelarlo el próximo ejercicio. En este contexto, la ministra de Trabajo marcó posición públicamente en una entrevista el viernes en TVE. "Desde luego, no compartimos la congelación", afirmó Díaz. La responsable de Trabajo no quiso desvelar ninguna cifra de aumento para "respetar el diálogo social", puesto que el Ministerio se reúne el martes con los sindicatos y las patronales para abordar este asunto en la mesa de diálogo social.
La ministra argumentó la voluntad de incrementar el salario mínimo por varios motivos. En primer lugar, subrayó que en la historia democrática española siempre había subido el SMI, excepto con el Gobierno de Mariano Rajoy, que lo congeló dentro de una política de "recortes y austeridad" muy lejana a la del Gobierno de coalición, indicó Díaz. En segundo lugar, la ministra llamó a mirar qué están haciendo los países europeos, que están acordando subidas del indicador. Y, por último, resaltó que "nadie comprendería" que se congelaran los salarios más bajos cuando el Gobierno ha acordado revalorizar las pensiones y subir los sueldos de los empleados públicos un 0,9%, en línea con la previsión de inflación para el próximo año.
Díaz recordó también "la política de rentas" del Gobierno en esta crisis, de apoyo a colectivos más vulnerables, y su carácter "progresista", como criterios que inclinan al Ejecutivo al incremento del SMI en 2021 para evitar la pérdida de poder adquisitivo de estos trabajadores. La clave, y la dificultad, pasa por definir el aumento. El Gobierno buscará el acuerdo social, pero los empresarios están bastante distanciados en el punto de partida, con su apuesta por la congelación para el próximo año.
El líder de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, advirtió esta semana de que la competencia de definir el salario mínimo es del Ejecutivo, que por ley solo está obligado a consultar a los agentes sociales (no a negociarlo). "No es una competencia del diálogo social. Nosotros podemos opinar, pero realmente es el Gobierno quien tiene que decidir", afirmó. En los sindicatos, UGT ha afirmado que pedirá la subida del SMI en el "entorno de los 1.000 euros" para 2021 y en CCOO no han concretado la propuesta de incremento, pero han recordado que la negociación de los convenios colectivos está acordado aumentos "en una media del 1,5%".
Así, tras escuchar a los agentes sociales, el Ejecutivo deberá decidir finalmente qué subida aplicar, para lo que no contará con la ayuda de la comisión de expertos sobre el SMI que planeó crear en su acuerdo de Gobierno y que nunca llegó a constituir debido a la pandemia, explican en Trabajo. El pacto de coalición recogió el compromiso de aumentar progresivamente el SMI hasta el 60% del salario medio en España, en línea con la recomendación de la Carta Social Europea, y además de crear "una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo y a disposición del Diálogo Social, compuesta por profesionales de reconocido prestigio, académicos y representantes de los sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del Salario Mínimo Interprofesional".
La comisión de expertos pendiente tenía el objetivo de facilitar datos y un respaldo basado en la evidencia a las subidas del SMI, que generan muchas discusiones sobre sus efectos en el empleo. El histórico aumento del salario mínimo del 22% en 2019, hasta los 900 euros al mes, recrudeció los debates. El Banco de España llegó a cifrar la "pérdida de empleo de alrededor de 125.000 trabajadores" en 2019, aunque la institución aún está a la espera de publicar un análisis a posteriori sobre el impacto de la medida. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sí ha completado este ejercicio: aunque en un inicio calculó un impacto negativo de 40.000 empleos, pasado el tiempo, cifraron las consecuencias en el empleo entre los 13.000 y 33.000 puestos de trabajo. Una cantidad reducida si se toma en consideración el total de 19 millones de trabajadores en España.
La AIReF subrayó no obstante que estos efectos negativos en el empleo tienen un "impacto mayor" en determinados colectivos, "como mujeres, jóvenes, trabajadores del sector primario y en comunidades autónomas con menor renta per cápita".
Los empresarios reiteran sus temores de que un incremento del SMI dificulte la recuperación del empleo perdido durante los momentos más duros de la pandemia y que empeore la situación de algunos sectores muy tocados por la crisis derivada de la COVID-19, como la hostelería y el comercio, actividades con salarios muy bajos y a las que por tanto afecta más la subida del SMI. Antonio Garamendi ha mencionado esta semana "un documento de la UE" que advierte de la "pérdida de empleo" debido a la subida del SMI. En la CEOE remiten a este documento de la Comisión Europea, complementario a la propuesta de Directiva sobre salario mínimo, que estima consecuencias negativas en el empleo aunque precisa: "El salario mínimo aumenta los sueldos de los asalariados de bajos salarios mucho más que su posible impacto negativo en los puestos de trabajo".
En los sindicatos destacan que el aumento de los salarios mínimos impulsa el consumo y eso revierte en más actividad económica. Precisamente en este contexto de pandemia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha destacado también la relevancia de los salarios mínimos "para conseguir una recuperación sostenible y justa" y combatir que la crisis incremente la desigualdad. La última palabra la tiene el Gobierno, que deberá decidir en las próximas tres semanas.