El coronavirus ha provocado la muerte de 151 ancianos en centros de mayores de Sevilla. Y llegó a infectar en abril a más de trescientos residentes. Los profesionales sociosanitarios que trabajan en estos centros no se libraron de la pandemia, y el número de casos positivos superó los 350 en la misma fecha. La situación ha cambiado radicalmente y actualmente estos centros están libres del Covid-19 y sin registros de rebrotes. Por ahora. Pero, ¿cuáles fueron las principales causas?
La Fiscalía de Sevilla, que preparar un informe sobre la situación que han vivido las casi doscientas residencias de mayores y centro de personas con discapacidad en Sevilla durante la pandemia, apunta dos como principales causas: el retraso en el cierre de los centros y la tardanza en hacer los test a la población residente y a los trabajadores.
Así lo ha asegurado a este periódico Norberto Sotomayor, la persona que lleva analizando la situación desde que el coronavirus hiciera acto de presencia en las residencias.
Fiscal responsable del área de Personas Mayores y Personas con Discapacidad de la Fiscalía de Sevilla, ha mantenido un contacto directo y diario con todas las residencias. La situación actual dibuja un panorama «libre de Covid-19» y «sin rebrotes», pero «por ahora». Aún hay cinco personas aisladas por seguridad, pues ya han pasado el coronavirus.
Los problemas se centran ahora en el rechazo de las familias a las normas «rígidas» que se han impuesto en estos centros para las visitas. Sotomayor realizó recientemente una visita a las tres residencias más afectadas por el coronavirus en Sevilla:Joaquín Rosillo, en San Juan de Aznalfarache; DomusVi en Santa Justa y Fundomar Los Bermejales. La primera ha tenido más de una treintena de fallecimiento, mientras las otras dos han contado con algunos casos menos. «Las medidas de seguridad son espectaculares», ha admitido el fiscal.
El fiscal Norberto Sotomayor - Rocío Ruz
Sotomayor trabaja desde hace semanas en un informe sobre lo que han tenido que vivir estos centros y aún están por perfilar algunas de sus conclusiones, pero tiene claro que las principales causas de las muertes fueron los retrasos.
Piensa que si se hubiesen cerrado unos diez días antes quizás se habrían salvado algunas vidas, sobre todo viendo lo que sucedía en Italia. Se cerraron después del estado de alarma decretado el 14 de marzo. Algunos centros lo hicieron antes pese a las quejas familiares, como Joaquín Rosillo, pero tenía un positivo dentro sin detectar por falta de pruebas.
No delitos, pero sí errores administrativos
Otra razón fue la falta de test. Hasta que no se hicieron las pruebas casi un mes después, los profesionales sociosanitarios no sabían cómo controlar la situación.
Si bien, el fiscal no aprecia ninguna actuación delictiva por parte de los gestores de los centros, algo que ya indicó a ABC hace un par de meses, en lo más duro de la pandemia.
En cambio, sí ha visto errores o disfunciones administrativas que pondrá negro sobre blanco. A su juicio, la pandemia ha aflorado la situación en la que se encuentran los centros de mayores. La Fiscalía tiene abierta dieciséis diligencias informativas. Una general y otra por cada residencia que ha registrado fallecimientos.
«A día de hoy no sé aún de qué departamento de la Junta dependen», ha criticado Sotomayor, quien ha estado trabajando con muchas direcciones generales de la Administración andaluza, a la que no echa más responsabilidad que al Gobierno central en la situación de las residencias. «Los fallos de organización son clamorosos y evidentes», añade. Un ejemplo: no había un listado oficial de centros y tuvo que mandar a la Policía a buscar residencias.
