Alcaldes en contexto de crisis: ¿Protagonismo justificado o campaña anticipada?

El rol que han jugado los jefes comunales desde el arribo del COVID-19 a nuestro país ha hecho a muchos preguntarse si éstos están efectivamente representando las demandas de sus comunas o si existe un oportunismo político de cara a un año electoral.

Son muchas las figuras políticas que han salido a manifestar sus opiniones respecto a la crisis que vive actualmente nuestro país y el mundo, a raíz de la pandemia del coronavirus. Entre éstas, una voz ha sonado con mayor fuerza que el resto, lo que ha generado apoyo en algunos y duras críticas de otros. Hablamos de los alcaldes y alcaldesas de las 345 comunas del territorio nacional, quienes en el último tiempo han protagonizado polémicos episodios en su relación con un gobierno que no siempre los escucha.

“Los alcaldes se quejan de todo“, decía este domingo el presidente Sebastián Piñera en entrevista con CNN/CHV, sumándose a las palabras del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien ya durante la mañana había deslizado críticas a los jefes comunales haciendo un llamado a postergar sus campañas electorales.

“Desgraciadamente tenemos un problema, y es que muchos alcaldes no han entendido que la postergación de las elecciones municipales significa también la postergación de la campaña. Están usando en una forma, me parece, lejana a la ética esta emergencia sanitaria de la pandemia por coronavirus, para aparecer en distintas partes, en un esfuerzo de campaña”, sostuvo el secretario de Estado.

Esto a raíz de un nuevo desencuentro con la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y que se suma a los que tuvo la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) al inicio de la crisis -incluyendo una discusión en medio de un punto de prensa en vivo entre el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y el presidente de la AChM, el alcalde de Puente Alto Germán Codina, que terminó con este último abandonando el lugar frente a las cámaras- y a las constantes críticas de los jefes comunales de Renca y Cerro Navia, Claudio Castro y Mauro Tamayo respectivamente, por el manejo de las autoridades centrales frente a la crisis por el COVID-19.

Situaciones que han hecho a muchos preguntarse si los alcaldes y alcaldesas están correctamente representando las demandas de sus territorios o si, en realidad, existe un oportunismo político en el contexto de un año electoral.

La opinión de los analistas

Consultado por nuestro medio, el analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Bellolio, sostuvo que el rol que han cumplido las autoridades locales, más que tener fines electorales, tiene que ver con el importante papel que jugaron durante el estallido social. No obstante, para Bellolio, esta crisis es distinta y requiere una actitud diferente por parte de los jefes comunales.

“Los alcaldes ganaron durante el estallido social un capital político, una legitimidad por así decirlo, que los hizo participar de discusiones que ellos usualmente no participaban. Hoy día creo que están un poco rentando sobre esa legitimidad, lo que en principio no es malo”, advirtió el analista.

“A los alcaldes va a ser difícil bajarlos del pony, por decirlo en forma peyorativa”, sostuvo Bellolio. “Lo que quiero decir es que con la legitimidad social que ellos ganaron, independiente del año de elecciones, ellos sienten que tienen una voz importante que no puede estar ausente de estos debates”, agregó.

En ese sentido, Bellolio señaló que este es un momento en que los jefes comunales deben “morderse la lengua”, ya que “las características de esta crisis exigen que éstos se pongan al servicio de la autoridad central“.

No obstante, para la analista política e investigadora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, la disputa entre el Gobierno y los alcaldes deja entrever una situación aún más grave, que tiene que ver con la debilidad que ha demostrado tener la autoridad central en momentos en que los únicos que han sido capaces de sintonizar o dar respuestas concretas a las demandas de la gente han sido los alcaldes.

“No basta con echarle la culpa al exceso de protagonismo de los alcaldes, sino que hay que ver que hay un problema estructural del sistema político, donde la autoridad central de alguna manera no se siente obligada a considerar estas demandas locales“, comentó Heiss.

En ese sentido, sostuvo que existe un paralelo entre el rol que jugaron durante los días posteriores estallido social y en la crisis actual por el COVID-19, en donde en ambas ocasiones tomaron la iniciativa y lograron hacer eco de la demanda ciudadana de una manera clara.

“Yo creo que eso demuestra la necesidad de tener mecanismos de política local mucho más intensos. Esto muestra una falencia de nuestro sistema político, donde de alguna manera los que responden más a la demanda ciudadana son los alcaldes, que no tienen las herramientas institucionales para representar políticamente las soluciones a las demandas ciudadanas”, señaló la investigadora del INAP.

“Lo que está pasando hoy día en este conflicto de poder, más allá de la chimuchina (sic) digamos, demuestra que no tenemos una política central suficientemente robusta, una política que esté suficientemente cerca de la gente”, agregó la analista del Instituto de Asuntos Públicos.

La arista judicial de la disputa entre Barriga y Mañalich

La tensión se ha acrecentado durante los últimos días por las intervenciones de algunos alcaldes. Es el caso de lo sucedido con la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien ha anunciado ya dos fallecidos presuntamente por coronavirus a través de sus redes sociales personales, situación que generó duras críticas desde el Gobierno.

En ese contexto, el pasado martes, tras la primera situación con la jefa comunal maipucina, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó que autoridades, como los alcaldes, al dar a conocer información personal sobre los pacientes configuran un delito perseguible por la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que protege la confidencialidad de los datos en estos casos.

“Nosotros no tenemos posibilidad legal alguna de entregar información de personas concretas a ninguna otra persona ni autoridad, si lo hiciéramos sería un delito. Y si esa persona, incluso si es un alcalde, revela esa información -sea como sea que la haya adquirido- también comete un delito perseguible por la Ley de Derechos y Deberes“, advirtió Mañalich en esa ocasión.

En ese sentido, la normativa cuya vigencia no ha sido cuestionada o puesta en paréntesis por el Estado de Excepción Constitucional, implica que las personas que pueden saber de un caso determinado con nombre y apellido son el paciente, sus familiares cercanos, su equipo médico tratante, la seremi de Salud -por la notificación obligatoria que debe hacerse en estos casos- y ahora, bajo orden de la Fiscalía, también las policías. Es por esto que Carabineros, la PDI y los militares tienen un registro de los casos positivos, el que utilizan para fiscalizar la cuarentena.

Sobre eventuales acciones judiciales de parte del Ministerio de Salud u otras autoridades sanitarias y del gobierno, desde el Minsal respondieron que no es un tema prioritario por el momento, por lo que mantendrán el llamado a los alcaldes y alcaldesas a respetar los protocolos que ya se han establecido y mantener “una sola voz” ante la pandemia del COVID-19.

Foto en portada: Twitter Agencia UNO.