La cumbre europea tropieza con el bloqueo del norte a los coronabonos
La cumbre europea de ayer confirmó que da igual si estas reuniones se celebran en persona o como en este caso telemáticamente. Cuando no hay consenso, la discusión se queda trabada en la línea divisoria de siempre. Estaba previsto que durase apenas un par de horas y se alargó como siempre hasta tarde después de una dramática discusión en la que, según fuentes diplomáticas, el primer ministro italiano Giuseppe Conte, junto con Pedro Sánchez bloquearon el borrador de las conclusiones que habían pactado los embajadores porque no aparecían menciones ni a los «coronabonos», algo que se esperaba, ni siquiera al uso del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Los presidentes han decidido devolver a los ministros de Economía de la zona euro, que en dos semanas deberán presentar una propuesta común para estimular la economía cuando sea posible una salida conjunta de la crisis.
En lo que sí hubo acuerdo es en la necesidad de proteger a las grandes empresas estratégicas europeas de los depredadores financieros que podrían aprovechar su extrema debilidad. Los Veintisiete estuvieron de acuerdo en tomar «todas las medidas necesarias para proteger los activos estratégicos y la tecnología frente a las inversiones extranjeras que podrían amenazar objetivos legítimos de la política pública».
Entre los sectores que deben ser protegidos figuran el de la salud, biotecnología, investigación médica e «infraestructuras que son esenciales para nuestra seguridad y orden público».
Por lo que respecta a la lucha contra la epidemia, la declaración insistía en su llamamiento a la Comisión «para que continúe y acelere sus esfuerzos para ayudar a garantizar el suministro urgente y adecuado de equipos médicos en toda la UE, que es la prioridad más aguda». Para ello «los Estados miembros deben proporcionar datos oportunos y fiables».
Al Ejecutivo comunitario le piden que acelere los procedimientos de homologación de materiales médicos esenciales para luchar contra esta epidemia y en el espinoso caso de los obstáculos que han puesto algunos países para que otros gobiernos europeos compren en su mercado, el consenso pide que «la adopción de la decisión sobre la autorización para la exportación de equipos de protección personal debería conducir al levantamiento total y efectivo de todas las formas de prohibiciones o restricciones internas». También recuerdan que «a la luz de las recomendaciones de la OMS, es urgente aumentar las capacidades de prueba, y los Estados Miembros informarán a la Comisión sobre la situación».
El centro de la discusión estuvo en el párrafo 14 del documento de conclusiones que, a todas luces, no ha complacido a los nueve países que ayer firmaron una carta pidiendo que se pongan en marcha mecanismos de deuda colectiva. Finalmente, tanto el presidente del Consejo, Charles MIchel como la de la Comisión, Ursula von der Leyen, dijeron que al menos se había llegado a un consenso en admitir que «hay bastante espacio abierto como para discutir todas las posibilidades», que es lo mismo que decir que aún no se puede descartar plenamente la apuesta por una fórmula de deuda colectiva. La presidenta de la Comisión parece tener una preferencia natural por apoyarse en más que en bonos, en lograr que le concedan un presupuesto europeo más amplio y así poder intervenir, pero endosando la deuda inevitable a los países. Michel, que representa a todos los países, era más moderado diciendo que, es cierto que todas las fórmulas han de ser exploradas, pero insiste en devolver el debate al Eurogrupo. Pero el caso es que los «progresos» del Eurogrupo a los que se refiere el documento consistieron precisamente en trasladar a este consejo la decisión acerca de estas medidas y no han ido mucho más lejos en definir qué hacer para resolver esta crisis, cuyas consecuencias van a ser mucho más importantes de lo que se hubiera podido intuir.
Los países firmantes de la carta enviada el miércoles a Michel para pedir esa especie de «coronabonos» fueron Italia, Francia, España, Portugal, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Eslovenia y Bélgica, aunque este último país -al parecer- expuso ayer una posición más matizada. En contra de poner en marcha esos mecanismos de deuda compartida se han mantenido Países Bajos, Alemania y Finlandia, los llamados «virtuosos», grupo al que se unió Austria y, por otras razones, los países orientales, todos opuestos a compartir los riesgos de la operación de salvamento de la economía europea, de todas esas empresas que ayer ya reconoció Von der Leyen que van a tener que «hibernar» hasta que pasen los efectos de esta catástrofe sanitaria.
Por ahora, los países miembros están todavía dudando sobre si están llevando a cabo la estrategia correcta para tratar de contener la infección, sería bastante difícil esperar que estuvieran de acuerdo para un futuro que todavía no se puede ni siquiera intuir.
Por ahora, la presidenta Von der Leyen puede decir que, por su parte, ha tomado ciertas medidas claras, como es el levantamiento de la cláusula de emergencia del pacto de estabilidad, la flexibilización de la legislación sobre ayudas de Estado y el plan de desviar una importante cantidad de dinero desde el presupuesto de los fondos estructurales a las inversiones directas contra la epidemia. Ayer, el Parlamento aprobó esa transferencia en una sesión inédita en la que solo estaban presentes un diputado por grupo político.
La Unión Europea está atravesando una prueba crucial para su futuro. Si esto no es una guerra en muchos aspectos se parece mucho y si la UE no puede demostrar ante los ciudadanos que es útil en un momento como este, no es difícil imaginar que será muy difícil que mantenga el apoyo de los ciudadanos.