PP y Ciudadanos denuncian a la alcaldesa socialista de El Puig por prevaricación y malversación
Los ediles, encabezados por su portavoz Bartolomé Vila, además de los diputados provinciales Javier Montero y Carlos Gil, junto al edil de Cs, David Castelló, piden la actuación de la Fiscalía Anticorrupción por "la decisión unilateral de la alcaldesa y de dos de sus concejales del PSOE en el gobierno de El Puig, María Ángeles Beltrán y Marc Oriola, por revocar la comisión de servicio de la interventora municipal y mantener un pago a un funcionario que se considera irregular", ha explicado el PP en un comunicado.
Según esta formación, la decisión se produjo "tras informar negativamente la interventora de una irregularidad en el pago de miles de euros a un trabajador del Ayuntamiento por productividades que no se justificaban, lo que podía ser un delito, por lo que se pedía que se devolviera el dinero".
En el informe de la interventora se considera que es "especialmente grave porque el funcionario en cuestión es quien elabora las nóminas, lleva el control horario de los trabajadores e informa el expediente correspondiente", ha explicado el PP.
«Presiones»
Este informe de la interventora se realizó el 25 de noviembre, para el pleno que se debía celebrar el 28 de noviembre. Desde el gobierno de la socialista Luisa Salvador "se presionó a la funcionaria para que cambiar su informe antes del pleno y, al negarse ella a hacerlo, se dio una versión diferente en la sesión plenaria", ha aseverado la formación.
El PP ha añadido que el 2 de diciembre el Gobierno de El Puig citó en una sala a la interventora y le comunicó que no renovaban su comisión de servicios porque "había dicho en muchas ocasiones que debía expresar las conclusiones de sus informes de otra manera". "En concreto que debía de tener más cintura, y que no quería que continuara trabajando en el Ayuntamiento", según se recoge en la denuncia.
La interventora, al parecer, comunicó a todos los concejales presentes que "lo que pretendían hacer era una ilegalidad y pese a ello la alcaldesa reiteró que iban a revocar el decreto en el que prestaban su conformidad a la comisión de servicios", ha afirmado el PP, que detalla que los ediles del PSOE indicaron que era una decisión tomada "con la conformidad de todos los concejales del Partido Socialista".
El diputado Javier Montero, encargado del grupo popular de Procedimientos Judiciales en la Diputación de Valencia, y que ha asesorado a los ediles de El Puig en la denuncia, ha asegurado que "no se puede permitir que se amenace a una funcionaria pública en el ejercicio de su trabajo para que tape un posible delito en el que se está malversando dinero público", de ahí que se confía en que la Fiscalía Anticorrupción investigue al gobierno socialista de El Puig.