El escándalo de las marismas del Guadalquivir ha tenido consecuencias nefastas para los regantes, que no sólo se quedaron sin el nuevo sistema de canalizaciones y regadíos, sino que además han tenido que soportar zanjas y tuberías distribuidas por toda la zona sin la menor utilidad. Pero además los afectados tienen a la Unión Europea persiguiéndoles los talones y reclamando el dinero que se dilapidó.
Concretamente, la Oficina Europea Antifraude ha investigado este fraude en las subvenciones públicas gestionadas por la Junta de Andalucía para el sector agrícola y ha concluido que fue una práctica generalizada. El desvío de los fondos destinados a la obra para la modernización de las marismas del Guadalquivir delatan una trama de concursos amañados y facturas falsas para justificar ayudas que nunca se llevaron a cabo.
Las ayudas europeas tenían precisamente esa finalidad: renovar las infraestructuras del campo para adaptar la producción agrícola a las nuevas tecnologías y dar una segunda oportunidad a las zonas rurales más deprimidas. Pero gran parte del dinero se perdió en el camino.
La Guardia Civil sostiene que todos los implicados querían «repartirse el pastel»
Todo empezó con la manipulación del concurso, que desembocó en que la UTE a la que los regantes quisieron dar el contrato y la supuestamente impuesta por la Junta firmaron un acuerdo interno para subcontratarse entre ellas y lo cumplieron. A partir de este hecho, la Guardia Civil ha investigado posibles sobornos.
Los agentes aseguran que hubo un «reparto del pastel» y tratan de averiguar si el presidente de los regantes recibió como regalo un Mercedes por parte de uno de los empresarios beneficiados. Además, sigue la pista a varios viajes que realizaron los miembros de la mesa de contratación supuestamente a cargo de los empresarios en aquellas fechas.
Pero lo más grave es la emisión de facturas falsas para justificar obras que no se habían ejecutado y seguir recibiendo los fondos europeos. Según los agentes que han llevado a cabo la investigación, esto se hizo en connivencia entre todas las partes implicadas, incluida la Junta de Andalucía, donde estaría el origen de las indicaciones técnicas necesarias para seguir aprobando certificaciones de una obra que estaba parada con el fin de obtener el dinero de Bruselas. Por eso hay actualmente 26 imputados: políticos, empresarios y regantes.
