Rufián y Lastra «analizan la situación» en Cataluña y Sánchez ignora a Torra
El ambiente en Cataluña está enrarecido y no tiene visos de amainar. El presidente del Gobierno y el ministro del Interior visitaron a los policías nacionales heridos en las refriegas de la pasada semana –Marlaska también los visitó el pasado sábado– y fue objeto de insultos y gritos a la salida del hospital del Sagrado Corazón y dentro de Sant Pau por pequeños grupos de manifestantes convocados a golpe de redes sociales. «Eran cuatro gatos», han dicho personas presentes en los hospitales, pero los suficientes para ser noticia. Torra también acudió al Hospital de Sant Pau, se reunió con la dirección del centro, pero no visitó a los heridos. Nadie de su gobierno lo ha hecho. Ni siquiera han visitado a los Mossos que están ingresados Los policías trasladaron al presidente del Gobierno su preocupación por la «dosis de violencia de los manifestantes». A Torra no se lo pudieron decir. El presidente catalán cada día está más solo, dentro y fuera de su gobierno, tratando a la desesperada de tener un interlocutor en el Ejecutivo. Sánchez visitó Barcelona y no se entrevistó con él, enviándole en cambio una dura misiva. «Con qué Torra hablaría Sánchez. Con el del referéndum unilateral –lo planteó en el Parlament la pasada semana– o con el que no condena la violencia», sentencian fuentes socialistas. «Primero tiene que condenar la violencia y ponerse del lado de su policía y de los ciudadanos», remachan.
Sin embargo, ERC no tiene ese problema. A pesar de reivindicar trato de igual a igual como Podemos, PP y Ciudadanos, los republicanos tienen fluida relación con el gobierno y con el PSOE, como avanzó el vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonés, en la entrevista publicada el domingo. Ayer estos contactos se reprodujeron. Según ha podido saber LA RAZÓN, estos contactos continuaron y Gabriel Rufián mantuvo una larga conversación telefónica con Adriana Lastra, vicesecretaria general del Partido Socialista, por indicación de Pedro Sánchez. No ha trascendido el contenido de la conversación y según estas fuentes se «analizó la situación actual y su posible evolución».
Mientras que Torra ha dinamitado todos los puentes con el Ejecutivo central, los republicanos mantienen contactos aunque sean «informales». Estos movimientos parecen indicar que desde el gobierno de Pedro Sánchez se trata de aislar todavía más a los sectores más radicales del independentismo que ayer no dudaron en equiparar la acción de la Audiencia Nacional contra el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, con presiones cuando la investigación se refiere a sus relaciones con el narcotraficante Sito Miñanco. Puigdemont ha salido en defensa de su abogado, desconociendo el contenido de las acusaciones de la Audiencia, por las que declarará mañana.También los independentistas han puesto el grito en el cielo por el registro de la sede de la Asociación Catalana de Municipios, entidad que fue presidida en su día por Miquel Buch, actual conseller de Interior y responsable de la ACM en la época investigada. También en defensa de Boye salió el candidato de los Comunes, Jaume Asens, en el pasado vinculado con Iridia, la organización que está defendiendo a los violentos detenidos.
Sánchez mantiene la frialdad con Torra pero no cierra la puerta con ERC. Es la táctica de «divide y vencerás», para ahondar en la fractura independentista, cada vez más evidente. ERC sufre la presión de los partidarios de Puigdemont y la extrema izquierda de la CUP, CDR y ANC como se pudo ver en la manifestación que abucheó, insultó y calificó de botifler a Gabriel Rufián, o las acusaciones de Laura Borràs a los republicanos por no plegarse a la dirección de Puigdemont.
En el Gobierno catalán las relaciones están bajo mínimos, aunque la ruptura del Ejecutivo es casi imposible antes del 10 de noviembre. «El que rompa será acusado de traidor», afirman fuentes independentistas, por lo que la situación «será tensa, difícil y con conatos de enfrentamiento, pero no habrá ruptura». Algunos, incluso, señalan que algunos sectores estarían encantados «con la aplicación del 155 o la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional para salvar la cara, ante la incapacidad de dar una respuesta política», que se evidenció en el pleno de la pasada semana. De hecho, en el mundo independentista está calando la idea de que Puigdemont quiere mano dura del Estado, incluso con la inhabilitación de partidos porque «de esta forma el poder pasaría al Consell de la República que él controla». «La solución pasa por ERC y un PSOE civilizado, si no ganarán los radicales», apuntan estas fuentes. La prueba se vio el sábado. ERC fue la inspiradora de las murallas humanas entre los radicales y la policía para evitar enfrentamientos. Rufián pagó el pato porque la CUP apoya a los más radicales junto con sectores de Junts per Catalunya.