ONU pide a México impulsar nueva investigación en caso Ayotzinapa

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó al Gobierno a impulsar una nueva investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y que recabe pruebas que puedan ser utilizadas para fincar responsables de este caso.

“(Es necesario) conocer el paradero de los estudiantes y sancionar a los responsables es una deuda que el Estado mexicano todavía tiene con las víctimas y sus familias, así como con la sociedad en su conjunto”, aseguró el Alto Comisionado, Jan Jarab.

En un comunicado, el organismo internacional hizo un especial reconocimiento el establecimiento de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia y el diálogo establecido entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y las familias de los estudiantes.

De acuerdo con el Alto Comisionado, la comisión significó un cambio de rumbo que logró construir una relación de confianza entre las familias y el Estado mexicano; además de que permitió abrir espacios de diálogo, confían en profundizar, con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y las Fuerzas Armadas.

Jarab destacó que la comisión buscará romper el silencio de testigos y presuntos responsables, dentro de los márgenes de la ley, y que hizo posible la visita al batallón militar de Iguala, aunque todavía no se han logrado los resultados que merecen las familias.

“La investigación del caso sigue dañada por años de irregularidades y acciones de encubrimiento, cometidas por las instituciones del estado mexicano en el pasado, en el afán de construir y defender la desacreditada ´verdad histórica”, subrayó Jan Jarab

En relación con la nueva evidencia sobre actos de tortura durante la investigación oficial y las liberaciones ocurridas por diversas razones, entre ellas la falta de elementos de convicción lícitos, la ONU-DH exhorta a investigar las graves transgresiones a los derechos humanos ocurridas durante la investigación ministerial.

La oficina del Alto Comisionado subrayó que es una obligación del estado excluir del procedimiento penal cualquier prueba que haya sido obtenida a través de actos de tortura u otros malos tratos.

La tortura envicia las pruebas obtenidas por su comisión, más no así el resto del material probatorio recabado de manera lícita.

OVM​