HRW: Que nadie se engañe con el supuesto cambio de actitud del régimen venezolano

 

 

El régimen venezolano intenta por todos los medios convencer a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) que está dispuesto a trabajar constructivamente con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela. Esta astuta maniobra política no debería frustrar la urgente necesidad de adoptar medidas eficaces para asegurar que las víctimas venezolanas logren justicia por las atrocidades del régimen.

Por: José Miguel Vivanco | Human Rights Watch

Esta semana, el CDH analizará dos propuestas de resolución sobre Venezuela.

Una resolución fue presentada en nombre de Venezuela por Irán –que difícilmente puede considerarse un socio creíble en este ámbito– e insta al régimen a implementar plenamente las recomendaciones incluidas en el lapidario informe publicado por Bachelet en julio y a permitirle a representantes de su oficina acceso a todas las regiones del país y centros de detención. También pide que Bachelet informe al consejo sobre los “señalamientos de posibles violaciones de derechos humanos”.

Esta resolución no es una respuesta suficiente ni creíble a la gravísima crisis humanitaria y de derechos humanos que sufren los venezolanos.

Para empezar, no reconoce la severidad de la brutal represión ni de la emergencia humanitaria causada por Maduro. Además, enfatiza la necesidad de “fortalecer el sistema judicial” en un país donde se usan los tribunales para perseguir a críticos, en vez de investigar delitos. Y exagera la relevancia de un memorando de entendimiento firmado esta semana entre la oficina de Bachelet y autoridades venezolanas. Al respecto, la propia Bachelet admite en un reciente comunicado que el memorando únicamente establece ”un marco para las discusiones… en el futuro” y que su oficina negociará un “futuro plan de trabajo” con las autoridades en un plazo de 30 días – esto es, luego que concluya el actual período de sesiones del consejo.

Recordemos que Venezuela rechazó el informe de la Alta Comisionada y lo calificó de “sesgado” y “politizado.” En el supuesto altamente improbable de que el régimen de Maduro haya decidido repentinamente cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos, la colaboración con la Alta Comisionada no debería servir de excusa para postergar la urgente necesidad de que los responsables de gravísimos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolana rindan cuentas. Los abusos cometidos incluyen detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones de los derechos a la alimentación y la salud.

Por este motivo, los miembros del CDH deberían apoyar sin vacilación otra propuesta que también está sobre la mesa del CDH y que fue presentada por el Grupo de Lima para crear una misión de determinación de hechos que indague sobre los casos de ejecuciones, desapariciones, detenciones arbitrarias y tortura. Diversos informes de la oficina de Bachelet ya han dejado en evidencia el diagnóstico: el régimen de Maduro es responsable por masivos y graves abusos. El próximo paso debe ser crear un mecanismo internacional independiente que pueda determinar las responsabilidades individuales por estas atrocidades.

El único motivo por el cual el régimen de Maduro repentinamente promete estar dispuesto al escrutinio de la oficina de Bachelet es la presión internacional que están ejerciendo las democracias a nivel global. Esta no es la hora de relajar esa presión. El Consejo debería aprobar esta semana un mecanismo internacional de rendición de cuentas independiente. Cualquier otro resultado representaría una dura bofetada a las miles de víctimas del régimen que reclaman justicia.

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