Tal es el cúmulo de irregularidades detectadas en las subvenciones para el Tercer Mundo que la Diputación de Barcelona concedió entre 2011 y 2015, que permiten pensar que se destinaron en realidad a actividades privadas o fines «ajenos a los de cooperación al desarrollo internacional de comunidades pobres». Lo sostiene en un auto el juez de Barcelona que investiga el destino de un millón de euros en subvenciones durante la presidencia de Salvador Esteve (CiU), en una causa en la que hay imputadas una cincuentena de personas, buena parte de ellas de la órbita convergente.
El juez les atribuye delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. Según explicaron fuentes de la investigación, una parte de la causa, todavía bajo secreto, indaga sobre si parte de esos fondos se desviaron para sufragar el procés independentista.
Entradas y registros
Los expedientes hallados en los registros que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) practicó en mayo de 2018 en la Diputación y en varias entidades –operación Estela– dejan claro que en el reparto de subvenciones y contratos hubo «un incumplimiento bastante grosero del procedimiento administrativo», sostiene Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que dirige la investigación. Que no se respetaron los procedimientos, como sugería una denuncia anónima a partir de la que precipitó la investigación, parece claro.
Ahora queda por ver si finalmente se hicieron los trabajos para los que iban destinados los fondos –aunque su concesión fuese irregular– o si esas ONGs fueron en realidad una mera cañería para que los fondos acabaran en el bolsillo de los implicados en la trama; o para otros fines, como el procés independentista. Y es que se acumulan los indicios para pensar que muchos de los fondos que debían servir para proyectos de desarrollo en el Magreb, Honduras o la isla de Pascua nunca llegaron a su destino.
Los investigadores sitúan en la cúpula de la trama a Jordi Castells, entonces director de relaciones internacionales de la Diputación y ahora repescado como subdirector de Cooperación Local de la Generalitat. Manejaba su departamento con mano de hierro, según relataron a la Policía Nacional trabajadores del ente provincial, que aseguran que este alto cargo obligaba a emitir dictámenes favorables a la concesión de subvenciones a entidades de la órbita convergente, algunas vinculadas a alcaldes del PDECat, pese a no cumplir con los requisitos. Por debajo de Castells, en el organigrama, se situaba Jonatan Jorba, según los trabajadores «la mano ejecutora» del director, que cumplía sus órdenes «sin cuestionarse su legalidad y sin proteger en ningún momento a los técnicos que emitían opiniones discrepantes».
En sus testificales, recogidas en el sumario al que ha tenido acceso ABC, estos técnicos apuntalan la tesis de los investigadores sobre el amaño de los contratos con las entidades «predilectas» de Castells. Una de las trabajadoras relata que entre las compañeras hablaban con frecuencia de estas entidades «preferidas» de Castells, a las que este alto cargo favorecía «forzando el cambio de puntuaciones de las evaluaciones» y obligando a los jefes de oficina a firmar resoluciones «en contra de su voluntad», según la declaración de una testigo. «La sensación era que existían intereses políticos poderosos detrás de esas adjudicaciones», explica otra técnico bajo las órdenes de Castells. «Había que mantener esas subvenciones a toda costa», coincidieron en relatar a la Policía las trabajadoras.
Entidades sospechosas
Son un total de 28 las subvenciones que se investigan, la mayoría para proyectos de cooperación con el Tercer Mundo. Muchas fueron adjudicadas a aquellas entidades que los testigos explicaron a la Policía que eran las «favoritas» del supuesto jefe de la trama. Entre ellas, CatMón, una entidad en principio destinada a potenciar el reconocimiento internacional de Cataluña, de la que Víctor Terradellas, exsecretario de relaciones internacionales de Convergència, era presidente y fundador. También hacían referencia los testigos a la ONG de acción humanitaria Igman, dirigida por el ahora diputado de JpC en el Parlamento catalán Francesc Dalmases. Ambas entidades, de las que ambos son fundadores, eran supuestamente, según la Udef, una «mera cobertura para amparar negocios privados». Los investigadores ponen en duda cuánto dinero de esta partidas se dedicó efectivamente a la cooperación y si hubo un «tanto por ciento desviado». Dalmases y Terradellas formaron, según los investigadores, un entramado para el desvío de las subvenciones, como habrían hecho, por ejemplo, con fondos para la edición de la revista Catalan Internacional View. Ese dinero, presuntamente, acabó en los bolsillos de ambos para gastos particulares.
Dos testigos diferentes, además, apuntaban ante la Policía el trato privilegiado que Dalmases recibía en el departamento de Relaciones Internacionales de la Diputación, que con mano de hierro dirigía Castells. En una ocasión, diez minutos después de mantener una reunión con el representante de Igman, un trabajador recibió una llamada de Castells diciéndole que le habían telefoneado «desde arriba» para decirle que «había tratado muy mal» a Igman. Otro trabajador explicó que un día Dalmases se personó en la Diputación para reunirse con Castells, tras lo que este se dirigió a los técnicos instándoles a «solucionar el asunto sin molestar a la entidad beneficiaria», según recoge el sumario.
Cúmulo de irregularidades
Los investigadores también apuntan a Joaquim Ferrer, con múltiples conexiones con Convergència, y administrador único de Sestrategic, una entidad dedicada a proyectos de internacionalización. Ferrer fue «recurrentemente favorecido a través de subvenciones y contrataciones» de la Diputación y hay una «alta probabilidad» de que fondos públicos hayan sido desviados en su beneficio personal, dice la Udef. Había trabajado para CiU de 1996 a 1999 y en la Consejería de Trabajo de la Generalitat de 2000 a 2003.
Informes sin firma; justificaciones «insuficientes» de los contratos; pagos de las subvenciones antes de que se aprobasen los proyectos; memorias presentadas de «corta y pega»; entidades creadas poco antes de recibir los fondos; facturas de vuelos y hoteles en el extranjero para más de diez días... se agolpan las irregularidades en los expedientes de unas subvenciones que habrían de destinarse a proyectos de cooperación en el Tercer Mundo. La investigación aclarará si se confirman los indicios de que los protagonistas de la trama se lucraron con estos fondos públicos y si parte del mismos alimentaron el procés independentista.
