El Gobierno tira de crédito para pagar más de 19.200 millones en pensiones
La factura superará los 19.200 millones de euros. Un desembolso que no se podrá afrontar solo con cotizaciones. La Seguridad Social tendrá que tirar de parte del préstamo de 13.830 millones que tiene con el Estado y está incluido en el presupuesto prorrogado. Tomará unos 7.500 millones; el resto se afrontará con los ingresos, que crecen con fuerza. La Seguridad Social recaudó hasta abril 40.846 millones, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior, en parte por la subida de las bases máximas un 7%.
No está en los planes de Sánchez tocar el Fondo de Reserva, al que apenas le quedan 5.043 millones después de que en diciembre tomara 3.042 millones para pagar la extra de Navidad. Hoy este Fondo no alcanza ni para pagar los 9.610 millones que cuesta una mensualidad, pero agotarlo tendría un elevado coste social, que el presidente no está dispuesto a asumir.
El esfuerzo financiero que debe hacer el Estado para pagar las pensiones públicas está dejando una factura de difícil digestión al erario público. Con la situación deficitaria que arrastra el instituto previsor desde hace ya ocho años y la hucha de las pensiones en mínimos, el Gobierno de Mariano Rajoy primero, y el de Pedro Sánchez ahora, se han visto forzados a pedir desde 2017 créditos al Tesoro público para cumplir con los jubilados. Esos préstamos han disparado en poco más de dos años la deuda de la Seguridad Social en 25.895 millones de euros o un 150%, hasta los 43.068 millones registrados en marzo, según los últimos datos del Banco de España.
El Gobierno se endeuda una y otra vez por la crítica situación financiera de las pensiones. Su desfase entre ingresos y gastos ha hecho que los números rojos de las pensiones se sitúen ya en 18.300 millones. La escalada del gasto no da tregua, dado que los nuevos jubilados se retiran con pagas cada vez más elevadas y porque hay que afrontar subidas extra aprobadas en las últimas legislaturas,
A pesar de la espiral del gasto público en pensiones, los últimos gobiernos no han tomado medidas para contener ese coste, más bien todo lo contrario. Para poder obtener el apoyo del PNV a sus Presupuestos de 2018, el PP aprobó subidas ligaras al IPC, del 1,6% de forma general y del 3% para las mínimas y no contributivas para 2018 y 2019. El Gobierno de Sánchez se limitó a hacer suyos los acuerdos, sin más, pero sin despejar qué es lo que ocurrirá el próximo ejercicio.
Subidas ligadas al IPC
Lo que vaya a pasar el año que viene es, por tanto, una incógnita para los más de nueve millones de pensionistas que hay en España, pese a que el Pacto de Toledo acordó que la nómina de los jubilados se volviera a actualizar cada año con los precios. Esto quiere decir que si el Ejecutivo no cambia la ley, y no suprime el Índice de Revalorización (IRP), la actualización de las nóminas de los mayores volverá a ser del 0,25% en 2020, tal y como fija la ley de pensiones para años de «vacas flacas» en la Seguridad Social y como ocurrió desde 2014 hasta 2018.
Fedea estimó hace unas semanas que si la revalorización de las pensiones de acuerdo a la inflación de cada año se recuperara en la ley y se aplicara cada ejercicio, el sobrecoste para el sistema público se elevaría hasta los 327.000 millones al cabo de las próximas dos décadas.
El enorme desafío que supone enderezar el sistema público no ha evitado la falta de acuerdo total entre los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados sobre las medidas a tomar para garantizar la sostenibilidad futura de la Seguridad Social. Prueba de ello es que el pasado febrero, fruto de la incapacidad de sus señorías para llegar al entendimiento, la comisión del Pacto de Toledo cerró sin hacer ni una sola recomendación. Con la cuenta atrás de la legislatura ya en marcha, la comisión parlamentaria encalló y con ella la veintena de recomendaciones para afrontar la que probablemente sea la reforma más importante y compleja que tiene pendiente España.
El adelanto electoral dio la puntilla a unas negociaciones que ya estaban muy tocadas por la actitud del PSOE de legislar por libre, un proceder que dio a los grupos de la oposición la excusa perfecta para no poner sobre la mesa un acuerdo sobre pensiones que Pedro Sánchez podría rentabilizar en las urnas. El punto de inflexión en las negociaciones lo marcó el decreto de las pensiones aprobado en el último Consejo de Ministros de diciembre, que con el anzuelo de la revalorización del pago a los pensionistas el Gobierno incluyó además la eliminación de las bonificaciones a la contratación impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.
El Ejecutivo logró sacar adelante este «cajón de sastre» con el apoyo de Podemos y ante el desconcierto de Ciudadanos, que cambió su sentido del voto a última hora y se unió al PP en su abstención. La reforma quedó empantanada.
Toques de atención
Organismos nacionales e internacionales han instado al Gobierno a que emprenda una reforma que asegure su sostenibilidad. En España el Banco de España ha alertado del envejecimiento de la población y reclamó medidas «tanto por los gastos como por los ingresos». El gasto en pensiones, dijo, «aumentará hasta niveles muy superiores a lo que se podría recaudar con cotizaciones».
También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha exigido al Ejecutivo y al Pacto de Toledo que tome importantes decisiones sobre el sistema ya que, en caso contrario, el déficit se disparará. Aboga por aumentar la edad efectiva de jubilación, o el incremento de la carrera del cómputo de la pensión más allá de los 25 años actuales. Y defiende elevar las cotizaciones destinadas al pago de pensiones y reducir las correspondiente al desempleo.