A cinco días de las elecciones del domingo, el gobierno catalán aprobó ayer un decreto ley que trata de limitar el precio máximo de la vivienda de alquiler en las zonas de mayor demanda. Los alquileres no podrán superar el 10% de la media de la zona (según determine el Índice de Referencia que se fija a partir de los contratos y fianzas depositados en el registro) o del 20% en el caso de obra nueva. En este último caso, la limitación se rebajará al 10% transcurridos cinco años. La iniciativa ya ha recibido la amonestación de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO).
Las zonas que podrán acogerse a dicha limitación son aquellas donde el precio del alquiler de vivienda experimente un crecimiento superior al de la media de Cataluña, donde la carga media del alquiler en el presupuesto familiar supere claramente a la catalana, donde el aumento de la densidad demográfica no se corresponda con el aumento del parque de vivienda o donde el precio suba más que el IPC en el área afectada.
En paralelo, la Generalitat de Cataluña inició los trámites para una nueva ley de Arrendamientos urbanos que prevé
aumentar a entre seis y diez años
la duración de los contratos de alquiler, y por contra reducir las tres mensualidades que ahora puede reclamar el arrendador en concepto de fianza.
La regulación recibió la amonestación del organismo catalán encargado de regular la competencia, la ACCO, que emitió un informe alertando de que la iniciativa de la Generalitat puede alterar el funcionamiento competitivo del mercado, subir las rentas e incluso llegar a ocasionar más escasez de vivienda de alquiler por el retraimiento de los propietarios ante la menor rentabilidad.
El decreto ley aprobado ayer, aunque con dudas de la Autoridad Catalana de la Competencia, pudo al menos salir adelante salvaguardando la unidad interna dentro del ejecutivo catalán. JpC denunciaba la iniciativa como electoralista para ayudar al candidato republicano por Barcelona. Desde el Govern se defendió en cualquier caso las competencias para sacarlo adelante y se dijo confiar en que el Gobierno de Pedro Sánchez no lo impugne.
