«Cualquier intervención sobre el territorio debe atenerse a 235 normas»
Una queja constante de los empresarios a la hora de abordar un proyecto urbanístico es la gran cantidad de obstáculos que se encuentran en la Administración autonómica. El Gobierno del cambio también es consciente de este galimatías normativo, tanto que, según aseguró ayer la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, «cualquier intervención sobre el territorio debe atenerse a 235 normas». Así lo aseguró en un desayuno informativo organizado por LA RAZÓN y Azvi en el hotel Eurostars Torre Sevilla, una cita que congregó a numerosos representantes empresariales.
Carazo avanzó los retos que abordará su departamento próximamente, siendo uno de ellos la simplificación de trámites administrativos y requerimientos. Una normativa «enmarañada» que, en palabras de la consejera, «no sólo no ha sido capaz de dar soluciones a las demandas de nuestros pueblos y ciudades, sino que ha contribuido a crear problemas e incluso frenar el desarrollo de muchas iniciativas». Y como muestra un botón. Si un promotor quiere poner en marcha un proyecto urbanístico tiene que sortear 235 textos legales en vigor, tal y como detalló Carazo, 151 autonómicos y otros 84 estatales «entre leyes, reales decretos, decretos leyes, decretos, órdenes y resoluciones».
Por ello, la consejera insistió en que la legislación urbanística «tiene que basarse en una reglas de juego claras y sencillas». Una promesa que el PP ha reiterado en multitud de ocasiones y que ahora pretende cumplir en la Consejería de Fomento. Aunque «no se trata de desregularizar, sino de aclarar, simplificar y armonizar».
Carazo inició su intervención subrayando que asume este cargo con «orgullo y responsabilidad». Junto a ello, confesó que se sumaba «la certeza de poder tener la oportunidad, junto al equipo de la Consejería, de contribuir a la vertebración y cohesión social de Andalucía, además de contribuir a la creación de empleo y riqueza». Por tanto, el objetivo prioritario de la Junta y del presidente Juanma Moreno «es el empleo». «El bienestar en Andalucía se llama empleo. Lo que más preocupa a los andaluces es el empleo y por el empleo comienza toda política social».
También quiso marcar distancias respecto a los anteriores gobiernos socialistas. La consejera proclamó su firme voluntad de desarrollar «una gestión diferente» basada, entre otras cosas, en el «uso riguroso del dinero público, en la colaboración con los colectivos afectados, en la lealtad institucional con todas las administraciones, en la transparencia y en la ambición por el mejor futuro para Andalucía». Unas premisas que «no eran las que primaban» en los equipos anteriores.
La consejera apostó por una administración «útil para el ciudadano» que resuelva sus problemas y que incluso se adelante a ellos. Es por ello que defendió las bondades de la «buena planificación» y del «buen urbanismo», dos armas que permiten la «adaptación a situaciones cambiantes» y que los ciudadanos puedan acceder a bienes y servicios «fundamentales» como la vivienda, el transporte o las zonas verdes. En definitiva, «una buena planificación permite poner las bases para la transformación social y favorece la integración». Junto a ello, Carazo aseguró que el urbanismo «puede ser un arma contra la desigualdad y un instrumento para el desarrollo de nuestras ciudades y pueblos». Y se refirió a uno de los problemas más graves que padecen las zonas de interior. «La planificación urbanística y territorial debe ser una herramienta para paliar el proceso de despoblación de nuestros pueblos». Los núcleos poblacionales, por tanto, no son «islas» sino que están incardinados «en un espacio territorial donde también es vital una ordenación sostenida y respetuosa con nuestro medio ambiente».
En este punto, Carazo fue desgranando los pasos que irá dando su departamento próximamente, unos objetivos «claros e irrenunciables» que estarán muy presentes en la tarea diaria. El primero de ellos es garantizar «la calidad de vida de los ciudadanos». «Lo más importante es mejorar el bienestar de la población. Es lo que da sentido al urbanismo y a la ordenación del territorio». También el desarrollo de actuaciones sostenibles «ambiental, económica y socialmente». En este sentido, señaló que todas las actuaciones que se lleven a cabo «tienen que valorar los impactos y adoptar las medidas correctoras que sean precisas».
La «seguridad jurídica» es otra prioridad, junto a la coordinación con todas las administraciones: la autonómica, municipal, estatal y sectorial. «No tiene sentido la dispersión normativa sectorial ni la falta de coordinación con el Estado y restantes comunidades autónomas». Un reto que deslizó Carazo es el de aumentar y deslindar las competencias municipales, con el objetivo de agilizar también la tarea de la Administración. Aseguró, por tanto, que los municipios andaluces «no necesitan la tutela de la Administración autonómica, aunque sí su colaboración y apoyo». En el caso de los pequeños municipios, las Diputaciones Provinciales «deben jugar un papel importante».
Las normativas actuales han empantanado la gestión, aunque existe un caso paradigmático, el de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Su balance, tras 16 años de vigencia, «es simplemente muy negativo», remarcó la consejera. Señaló que la norma ha sido modificada en 11 ocasiones y que es una ley «farragosa, compleja y contradictoria». Sus principales disfunciones son que sus instrumentos de planeamiento y gestión «no responden a las necesidades o a los problemas de las ciudades de hoy» y que la regulación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), en el seno de esta norma, «no es acertada».
En este punto, la consejera alertó de que la tramitación de estos planes se ha «eternizado». De hecho, la media para aprobar un Plan General ronda los ocho años y hay casi 300 «atascados y paralizados», lo que supone la paralización de iniciativas que pueden suponer «más viviendas, parques, industrias y empleo». 300 municipios a los que, en definitiva, «se les ha condenado a ver estancado y frenado su futuro». Carazo puso como ejemplo dos casos significativos. El PGOU de Villamartín (Cádiz), ya aprobado, llevaba seis años esperando y el del municipio malagueño de Macharaviaya un total de 18. Almería, por ejemplo, lleva diez años intentando sacar adelante un PGOU que «ha frenado muchas inversiones», así que anunció que «se desbloqueará en breve».
En la sala estaba presente el candidato popular a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, al que la consejera ofreció su «máxima colaboración» para abordar la revisión parcial del PGOU sevillano. «Se trata de una cuestión especialmente importante para el desarrollo de la ciudad».
La Consejería de Fomento también está en disposición de solucionar el problema de las viviendas irregulares en suelo no urbanizable. La consejera cifró en 300.000 las viviendas en esta situación, inmersas en un problema «urbanístico y medioambiental que va mucho más allá, ya que en muchas de ellas sus vecinos no pueden acceder legalmente al agua corriente o la luz». Los gobiernos socialistas «no han sido capaces de solventar definitivamente este asunto tras numerosos anuncios», por lo que se permitirá el acceso de esos propietarios a la condición de «Fuera de Ordenación» (AFO), para que tengan acceso a esos suministros.
Otro compromiso del departamento es la articulación de una nueva Ley del Suelo de Andalucía, que permitirá «facilitar la tramitación urbanística y la inversión». En el preámbulo figurará el objetivo fundamental de «simplificar procedimientos y acortar plazos» y la intención es contar con la «participación de todos». «Tengan claro que esta consejera va a contar con todas las aportaciones que nos lleguen para elaborar dicho texto y vamos a aprovechar lo bueno y positivo que se avanzó durante el proceso de elaboración del anteproyecto».
En el turno de preguntas, Carazo aclaró que, en relación a las restantes líneas del metro de Sevilla, en el Presupuesto de 2019 se consignará una partida para actualizar los proyectos de ampliación. Igualmente, se abordará la elaboración de un Plan de Vivienda que «deberá adaptarse a las nuevas necesidades». Este Plan de Vivienda contemplará diferentes programas de ayudas al alquiler, así como para la rehabilitación.
Una apuesta por la simplificación
Antes del encuentro tuvo lugar la firma de una instrucción, la cuarta en tres meses, que persigue descargar de contenido innecesario los planes generales, eliminando todos los detalles que corresponden a los planes de desarrollo posterior. Una apuesta de la Consejería de Fomento por la simplificación y la flexibilidad.