La inminente yincana electoral que alineará urnas en el plazo de un mes para comicios generales, autonómicos, municipales y europeos hará difícil el cumplimiento del objetivo de déficit, pero el desvío será notablemente inferior al que se produjo en otros años electorales. Una de las razones de esta disciplina fiscal creciente recae en que este año se han acumulado una ristra de prórrogas presupuestarias que han impedido elevar más el gasto público: el Estado sigue con las cuentas del año pasado, pero también siete comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Cataluña) y ayuntamientos del tamaño de Barcelona o Sevilla.
Como apuntan desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), este factor ayudará considerablemente a ajustar un desequilibrio presupuestario que, eso sí, superará el objetivo conjunto del 1,3% del PIB. La institución calcula que se quedará en el 2,1%, es decir, 10.000 millones por encima de su meta. Podría ser peor, eso sí: por ejemplo, pese a que los «viernes sociales» del Gobierno de Pedro Sánchez han costado 920 millones de euros -1.500 millones si se añaden la revalorización de las pensiones y el alza salarial a funcionarios -, lo aprobado por decreto por el Ejecutivo aún así es inferior en 3.700 millones a lo que incluían los Presupuestos que tumbó el Congreso.
Si ponemos en la balanza las subidas de impuestos que estas contenían, el saldo para las arcas públicas también es beneficioso: el déficit sin cuentas será 792 millones menor a si se hubieran aprobado, según la Autoridad Fiscal. Pese a todo, las previsiones apuntan a que la Administración Central triplicará su meta de déficit anual al cerrar en un 1% del PIB, frente al 0,3% de meta.
Lo cierto es que la institución no se fía de las estimaciones de ingresos que hacía el Ejecutivo por los nuevas figuras a tecnológicas y transacciones financieras y las alzas en IRPF y Sociedades a grandes empresas y rentas altas, así como patrimonios elevados: mientras el Gobierno calculaba 5.654 millones más de recaudación, la Airef lo rebajaba a 2.908 millones.
Estos ingresos que no se producirán se compensan parcialmente con el aumento de cotizaciones que el Gobierno aprobó a principios de año por decreto junto a los mayores ingresos por la subida del SMI, que en conjunto la Airef estima en 2.320 millones. Ello dejaría el déficit cerca del objetivo que quería el Gobierno, del 1,8% del PIB, si bien las Cortes tumbaron en dos ocasiones este objetivo, que queda en el 1,3%.
Además, del lado del gasto, como suele ser norma en cada prórroga, los ministerios están atados de inicio a gastar solo el 50% del desembolso presupuestado en las cuentas anteriores. Aunque Hacienda puede relajar este límite si media solicitud del departamento en cuestión.
Esta situación de obligada contención, además, se repite en siete comunidades con prórroga presupuestaria este año, de las que cuatro tienen elecciones en mayo: Aragón, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja. La Airef cree que Castilla-La Mancha y Aragón incumplirán pero ve factible (o muy probable en el caso de País Vasco) que el resto se atengan al objetivo. Pese a ello, aumentarán los incumplimientos: el año pasado solo Valencia y Murcia rebasaron la meta, este año la Airef cree que se sumarán Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura.
Al comparar con otros años electorales, el incumplimiento será mucho menor: en 2011 las comunidades rebasaron su objetivo en 1,4 puntos, en 2015 lo duplicaron al acabar en el 1,73% frente a la meta del 0,7%. En años de elecciones generales el déficit siempre se ha incumplido, menos en 2016, cuando se cerró en el 4,54% frente a la meta del 4,6%. Ello se explica, eso sí, porque Bruselas flexibilizó hasta en dos ocasiones la meta que originalmente era del 2,8% y posteriormente llevó al 3,6%, ante el incumplimiento de un año antes, que estuvo a punto de acabar en una sanción para España.
Esta situación de prórroga también impacta en las corporaciones locales. Ayuntamientos del tamaño de Barcelona o Sevilla aún no cuentan con presupuestos. A ello se le suma otra variable: al haberse rechazado los Presupuestos del Estado, que incluían la posibilidad de reinvertir el superávit en inversiones financieramente sostenibles en lo que después se ha aprobado por decreto, se han retrasado más aún proyectos que finalmente tardarán en ejecutarse por su tardía puesta en marcha. Con 27.655 millones de euros en depósitos y cuentas bancarias a cierre de 2018, las corporaciones locales llevan varios trimestres con más dinero en los bancos que deuda, que el pasado año cerró en los 25.781 millones. Por ello, la Airef estima que incluso igualarán el superávit del año pasado, cuando amasaron 6.000 millones, un 0,5% del PIB.
Más vigilancia
Pese a este alud de prórrogas, la realidad es que la Ley de Estabilidad, aprobada en 2012 para embridar el déficit de las administraciones, continúa sin aplicarse con el rigor requerido por el el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y la Airef: pese a mejorar el control, cada vez que hay elecciones se muestra insuficiente.
La institución dirigida por Christine Lagarde, calculó que entre 2013 y 2015, cuando se celebraron comicios generales o autonómicos un 60% de las comunidades rebasaron el objetivo de déficit, mientras que en los años que no había urnas el porcentaje de regiones díscolas bajaba al entorno del 40%. Cuando las comunidades son del mismo color político que el Gobierno central, el grado de incumplimiento se vuelve a disparar al 55% y cuando no, baja a algo más del 40%.
La propia Autoridad Fiscal ha reclamado un mayor control sobre la evolución del déficit y de la regla de gasto, tanto sobre las regiones -la Airef llamó la atención sobre la Comunidad Valenciana, que lleva dos años sin bajar su déficit y disparando el gasto- como al Gobierno Central -que el año pasado duplicó su objetivo de déficit anual al cerrar con un boquete del 1,5% del PIB frente a la meta del 0,7%-.
