Las formaciones políticas PP, Cs y Vox, que respaldaron la marcha por la unidad de España celebrada el pasado 10 de febrero en Madrid, cierran filas ahora en torno al Archivo de Salamanca, y así sus máximos dirigentes, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, respectivamente, han suscrito el manifiesto de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, constituida hace ahora cinco años, para apoyar la integridad del centro y reclamar que la Generalitat de Cataluña devuelva los 400.000 documentos que mantiene indebidamente en su poder y que nunca debieron salir de la capital salmantina.
Pero no sólo han sido rúbricas, sino que la Asociación, que preside el investigador Policarpo Sánchez, ha arrancado a Casado el compromiso de incluir -Abascal ya lo ya hecho- en su programa electoral a los comicios generales del próximo 28 de abril la derogación de la Ley de Restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil sustituyéndola por una normativa que «blinde el Archivo de Salamanca, impidiendo nuevas entregas de documentos y que, con fundamento en la misma, se puedan recuperar todos aquellos que están siendo retenidos ilegítimamente o ilegalmente» por el Gobierno catalán y otras instituciones.
El propósito también se extiende a «recuperar y restituir todos aquellos documentos que nunca debieron de ser entregados pues incumplían la normativa legal, aquellos que ya en poder del Gobierno catalán no se han restituido y aquellos que sí se han proporcionado pero no a sus legítimos propietarios».
Tejido social
Orgulloso de haber conseguido «incorporar a todo el tejido social» a la defensa del Archivo de Salamanca, de «haber removido conciencias» y de haberlo «elevado al debate de la política nacional» cuando mucha gente pensaba que la batalla se había perdido, Sánchez enumera las decenas de apoyos a un manifiesto, a las que se unen las más de 115.000 adhesiones recogidas a través de plataformas ciudadanas.
Así, en el ámbito político y además de Casado, Rivera y Abascal, han estampado su firma el candidato del PP a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, María Josefa García Cirac; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; y el portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes; así como el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, o el vicesecretario jurídico de esta misma formación política, Pedro Fernández, ambos letrados que ejercen la acusación popular en el juicio del «procés» que se sigue en el Tribunal Supremo.
A ellos se une el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona y presidente de Empresarios de Cataluña, Josep Bou; el vicepresidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos, o instituciones como el Senado, las Cortes de Castilla y León, los ayuntamientos de Salamanca o Murcia y el Parlamento asturiano, así como una decena de partidos en el ámbito provincial, entre otros.
Sector empresarial
Respaldo también han encontrado las reivindicaciones de la asociación en el seno del entorno empresarial, y así las patronales Confaes y CES se han sumado al requerimiento, al igual que lo han hecho la Cámara de Comercio de Salamanca, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, la Asociación de Empresarios de Ciudad Rodrigo (Afecir), colectivos de mujeres, de mayores, de vecinos o incluso la Federación de Peñas Taurinas Helmántica o la Asociación de Padres de Familia Separados.
En el terreno deportivo y cultural, destacan el Club Baloncesto Perfumerías Avenida, el Movimiento Cívico d’Espanya i Catalans, el Círculo Cívico Valenciano, la asociación cultural «Grupo de Historia San Ginés y Santa María la Mayor de Utebo», de Zaragoza, así como los escritores Gonzalo Santonja, director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua; Antonio Piedra, director de la Fundación Jorge Guillén, o el también escritor Luis Pío Moa Rodríguez.
En esta misma línea se han posicionado las fundaciones Villacisneros, que preside Íñigo Gómez-Pineda, o Valores y Sociedad, con el exministro Jaime Mayor Oreja al frente y con la expresidenta del Partido Popular del País Vasco María San Gil entre los patronos.
Pero la «batalla» legal de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, que cuenta entre sus miembros con el exbanquero Mario Conde o el periodista Hermann Tertsch, continúa, y así, a finales del pasado mes de enero, presentó en la subdelegación del Gobierno de Salamanca un requerimiento al Ministerio de Cultura para «la devolución, con carácter inmediato, de los documentos transferidos ilegalmente al Gobierno de Quim Torra, así como el traslado a Salamanca, también inmediato, de todos los documentos que no han sido digitalizados, según se ha establecido por Ley, y hacer las gestiones necesarias para la devolución de documentos que han sido presuntamente entregados a titulares inexistentes o personas físicas o jurídicas que no tienen vínculo con los documentos».
Se trata de un texto de casi medio centenar de páginas, con otras miles de soporte en documentos anexos, que empieza a fijar plazos para agotar la vía administrativa -seis meses- y poder emprender acciones en sede judicial, en este caso la Audiencia Nacional, si el Ministerio de Cultura sigue sin dar respuesta alguna. También la asociación ha empezado a estudiar acciones legales contra los responsables del expolio.
Patrimonio histórico
«Es el Gobierno de España el que tiene que ordenar a la Generalitat de Cataluña la devolución de los 400.000 documentos, tal y como recoge la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña», remarca Sánchez.
Mención especial hace el investigador a los galardones instituidos en 2014 por la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca -distinguida con el premio HazteOir.org-, que reconocen a personas, entidades e instituciones que sobresalen «por su excelencia en la defensa de la unidad de España y de su patrimonio histórico documental, en especial del conservado en el Archivo General de la Guerra Civil española frente a quienes promueven su destrucción», habiendo llegado a convertirse en «referente en la vida cultural española».
