El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró ayer una reunión extraordinaria para tratar la crisis humanitaria y política en Venezuela. La convocatoria corrió a cargo de EE.UU., el principal aliado en la comunidad internacional del Gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, y supuso la primera reunión del órgano decisivo de la ONU desde los incidentes violentos del pasado sábado en las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia, que acabaron con cuatro fallecidos y centenares de heridos cuando las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro trataron de bloquear la entrada de ayuda humanitaria.
«Fue un uso de fuerza sin precedentes que provocó actos de violencia en dos fronteras internacionales», aseguró sobre la actuación de las fuerzas de Maduro y paramilitares aliados del dictador Elliott Abrams , enviado especial del Gobierno de EE.UU. a Venezuela, y que ayer representó a su país en el Consejo de Seguridad.
Abrams aseguró que su país impulsa una resolución del Consejo de Seguridad que permita «la entrada de ayuda humanitaria» en Venezuela y que lleve a elecciones libre en el país sudamericano.
Abrams aseguró que su país seguirá con la «presión diplomática y económica» sobre el régimen de Maduro y advirtió que habrá más sanciones «esta semana y la que viene» contra altos cargos de su Gobierno. Por su parte, los representantes de la Unión Europea reafirmaron su «apoyo total» a la Asamblea Nacional que da legitimidad a Guaidó como presidente encargado.
En representación del régimen de Maduro compareció el ministro de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, cuyo Gobierno cuenta con el respaldo en el Consejo de Seguridad de Rusia y China. Al cierre de esta edición no se había sometido a votación ninguna resolución, pero era previsible que estas delegaciones utilizaran su derecho de veto ante cualquier texto que suponga una condena al régimen de Maduro, dé legitimidad al presidente Guaidó o fuerce la entrada de ayuda humanitaria en el país.
