No se había mostrado especialmente entusiasmado el Gobierno de España en extender su furor exhumador más allá del Valle de los Caídos, o al menos que este alcanzara el Pazo de Meirás, la residencia estival de Francisco Franco en el concello coruñés de Sada. Ni lo contemplaba dentro de su agenda política prioritaria —el ministro de Cultura desconocía el tema cuando se entrevistó por vez primera con su homólogo autonómico, Román Rodríguez— ni puso en boca de Carmen Calvo el deseo de recuperar este inmueble con urgencia para el patrimonio púbico.
Ahora, con el adelanto electoral, acaba de encontrar la excusa perfecta para enviarlo de vuelta al cajón, a pesar de que —en teoría— la Abogacía del Estado está estudiando las posibles acciones legales para la reclamación del Pazo, según anunció en su momento el Ejecutivo. Hoy el portavoz socialista en el Parlamento, Xaquín Fernández Leiceaga, cuestionó la viabilidad de iniciar de manera apresurada un procedimiento civil para intentar enajenar Meirás a los Franco sin saber qué va a pasar en los comicios del 28-A. «Poco ganaríamos si, iniciando un procedimiento sin el fundamento jurídico suficiente, a continuación tenemos un Gobierno donde la memoria histórica está en manos de Vox», sostuvo.
E
l papel del Ejecutivo es clave en un hipotético pleito civil para recuperar el Pazo, o al menos así lo constataron los informes de expertos que elaboraron los comités de la Diputación de La Coruña y el Parlamento gallego. Basados en dos principios diferentes —el primero, sobre una supuesta compra nula del inmueble por los Franco; el segundo, en base a su conversión en patrimonio del Estado por su uso prolongado para fines gubernamentales—, ambos exigían que fuera el Gobierno quien iniciara el procedimiento. Pero la respuesta del Ejecutivo fue encargar a la Abogacía del Estado un tercer informe, cuyo contenido todavía se desconoce.
De Meirás se acordó la oposición, que planteó al Ejecutivo el inicio inmediato de los trámites antes de la disolución efectiva de las Cortes y el consiguiente periodo de interinidad, sobre todo a la vista de que Pedro Sánchez sí va a agotar su margen de actuación para exhumar los restos de Franco de Cuelgamuros. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, hizo público el envío de una carta al presidente del Gobierno para que comience el trámite judicial y así «poner punto y final» al «expolio» que atribuye a la familia del dictador. «Es una deuda que con todas las víctimas del franquismo y que significaría apostar de verdad por exhumar todos los restos franquistas que quedan en esta sociedad», añadió.
La respuesta de los socialistas fue acusar a Pontón de «oportunista», y recordarle que el fin de la actual legislatura es responsabilidad, entre otros, de su socio en la candidatura a las europeas, los independentistas de ERC. «Claro que hay proyectos muy importantes para Galicia que estaban en marcha pero ahora se ponen en riesgo porque la legislatura termina», replicó Leiceaga, que dejó como cebo la intención de Sánchez de continuar con el procedimiento para reclamar Meirás si continúa al frente del Gobierno tras las elecciones.
Tampoco el PP desaprovechó la oportunidad para propinar un codazo al Gobierno y el PSOE. Su portavoz parlamentario, Pedro Puy, fue no obstante más sucinto, y se limitó a desear que antes de que remate la tarea del Ejecutivo «se sepa algo del Pazo de Meirás».
Las estatuas
El debate por la reversión a manos públicas de Meirás se reaviva dos semanas después del fiasco del Concello de Santiago en su intento por recuperar las dos estatuas del Maestro Mateo en manos de los Franco, sustanciado en una contundente sentencia de un juzgado madrileño en favor de los herederos del dictador. El fallo vino a demostrar que la recuperación de bienes en propiedad de los Franco no es tan fácil como algunos partidos lo quisieron dibujar, porque la simple alegación al «expolio» no produce efectos legales.
Sobre este particular se refirió también Pontón, pero para culpar a la Xunta por «eludir su propia responsabilidad» al «no implicarse» en la reclamación de las dos estatuas, una imputación inexacta ya que el gobierno autonómico no posee legitimación para reclamar estos bienes. El socialista Leiceaga fue mas prudente e invitó al Concello de Santiago a estudiar con detenimiento la sentencia de cara a un mejor recurso de apelación. «El Ayuntamiento debe apelar y revisar su estrategia», apostilló.
