Con el ambiente preelectoral recorriendo los pasillos del Congreso de los Diputados e impregnando el ánimo de muchos parlamentarios, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) afrontan hoy su votación a las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos, Esquerra Republicana (ERC), PDeCAT, Coalición Canaria y Foro Asturias. Un total de 185 votos, por encima de la mayoría absoluta (176 diputados), que inclina la mayoría de la Cámara hacia el derribo de las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez. La votación está prevista para este medio día y hasta entonces el plazo de negociaciones sigue abierto pero, ¿qué ocurrirá si el Pleno tumba finalmente los PGE? ¿Qué medidas de las anunciadas seguirán en marcha?
En caso de que el Pleno dé luz verde a una enmienda a la totalidad, los Presupuestos serán devueltos al Gobierno, que tendrá dos opciones: presentar unas nuevas cuentas o convocar elecciones. Sólo en 1995, cuando Felipe González vio caer sus cuentas al perder el respaldo de los nacionalistas de CiU, partido predecesor del PdeCat, se ha vivido antes una situación similar, y entonces el Ejecutivo socialista se decantó por los comicios, lo que hace que, también hoy, la llamada a las urnas se dé prácticamente por descontada. "Sería la primera vez en la democracia que un Gobierno siguiera adelante con la legislatura tras no haber conseguido sacar adelante los Presupuestos", explican desde la oposición.
Mientras tanto, seguirían prorrogados los Presupuestos de 2018, elaborados por el equipo de Mariano Rajoy y, aunque buena parte de las medidas incluidas en las cuentas de Pedro Sánchez ya han sido aprobadas por real decreto, todas aquellas iniciativas que no hayan completado su proceso de aprobación decaerían. Así, no habría cambios en la subida salarial a los funcionarios, ni en las pensiones, aunque quedarían en el aire el fin del copago y ayudas a las familias para combatir la pobreza, entre otras medidas. En cuanto a las inversiones, se prorrogarían los proyectos ya en curso, aunque no podrían ponerse en marcha nuevos proyectos, lo que dejaría a Cataluña sin los miles de millones prometidos.
En concreto, en el caso de la subida de las pensiones un 1,6% ya entró el pasado 1 de enero, siendo del 3% para las mínimas y las no contributivas, así como el aumento de la base reguladora de las prestaciones por viudedad del 56% al 60%. Todo ello suma 2.750 millones de euros y, haya o no Presupuestos, es un gasto que ya se ha aprobado y ha comenzado a ejecutarse. Junto a ello, también ha entrado en vigor por decreto la subida salarial a los funcionarios del 2,25% –que finalmente será del 2,5% al crecer la economía un 2,5% en 2018 por una parte que tenían ligada a este indicador–. Esto tiene otro impacto de 3.700 millones.
Queda fuera el aumento de las ayudas a familias para combatir la pobreza en 321 millones, la eliminación del copago a 6,8 millones de pensionistas y colectivos más vulnerables. Todas ellas se pueden aprobar por decreto, eso sí, aunque el Gobierno deberá consultar antes a la Abogacía del Estado para saber qué medidas puede sacar por decreto y cuáles no. También este es el caso de la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas, que por ejemplo para los funcionarios se aprobaría por decreto si no salen las cuentas.
Lo que no se podría articular mediante una norma aparte sería el aumento de inversiones previsto, de un 20% a 12.1812 millones, que ascendían a 2.051 millones en el caso de Cataluña. Estas se prorrogarían con las de las cuentas de 2018 y no se pueden aprobar por otra vía. Pero realmente el grueso de medidas que contenían las cuentas a efectos presupuestarios son las subidas de impuestos. Una de las principales es la que eleva el impuesto al diésel en 3,8 céntimos, que supondrá 670 millones más. En este caso, fuentes del Gobierno apuntaban que la idea es que, haya o no cuentas, la subida fuera en la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética. En el caso de los incrementos de IRPF y Sociedades también se podrían aprobar por decreto y de hecho el PP así lo hizo en 2012, si bien en el Ministerio de Hacienda prefieren otras fórmulas al suponer un aumento considerable de la recaudación. La cercanía de elecciones generales también alejan esta opción.
Precisamente, en año de elecciones autonómicas y municipales, el aumento de las entregas a cuentas a las comunidades, que suponen 6.938,8 millones de euros adicionales, se aprobaría por decreto. Queda en duda, eso sí, los 2.500 millones de liquidación por el mes del IVA de 2017 que no entró en caja en dicho año por la aprobación del Sistema Inmediato de Información (SII).
Al haberse aprobado el grueso de las medidas de aumento de gasto, la ausencia de Presupuestos previsiblemente elevaría más el déficit. Solo las subidas de IRPF y Sociedades suponen 2.000 millones más de recaudación. Otros tributos, como la tasa Google y Tobin –con las que Hacienda prevé recaudar respectivamente 1.2000 y 850 millones– se tramitan aparte ya que son figuras que se crean por primera vez. Hacienda calcula que el déficit será de entre un 2,2% y un 2,4% del PIB si no hay cuentas –si las hay, el objetivo es del 1,3%, aunque la mayor parte de organismos descuentan que estará más cerca del 2%–, un análisis que comparte con Autoridad Fiscal y Banco de España.
La ministra de Hacienda, María José Montero, defendió ayer sus cuentas definiéndolas como una "enmienda a la totalidad" a las cuentas del Partido Popular, cuyas políticas calificó de "injustas y erróneas", aunque lo cierto es que las cuentas de Sánchez han sido objeto de numerosas críticas en las últimas semanas. El lunes, sin ir más lejos, el Círculo de empresarios aseguró que sería mejor que no se aprobaran los nuevos Presupuestos y se prorrogaran los de 2018. Hoy se decidirá si así ocurre o si, por el contrario, las cuentas siguen adelante con su tramitación parlamentaria.
