El Gobierno aragonés defenderá ante el Tribunal Constitucional (TC) los «derechos históricos» de la región, a la que se reivindicará de forma efectiva como «nacionalidad histórica». Así lo ha reiterado el Ejecutivo que preside el socialista Javier Lambán, ante el litigio que deberá resolver el TC tras los recursos de inconstitucionalidad planteados por el PP y por el Gobierno de Sánchez contra la Ley de Actualización de Derechos Históricos
que aprobaron las Cortes de Aragón a mediados del año pasado.
Esta ley fue promovida por los nacionalistas de Chunta Aragonesista, que participan en el Gobierno de Lambán. La propuesta de ley salió adelante con el apoyo del PSOE, Podemos, IU y el PAR. En esta
ley, que entró en vigor en julio del año pasado
, se habla de Aragón como «país» y «nacionalidad histórica», se defienden los «derechos históricos» de Aragón como parte inseparable del «pueblo aragonés» y «anteriores a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía». Varios de los
artículos que el Gobierno de Sánchez ha decidido recurrir ante el TC
son los que apelan precisamente a esa condición de Aragón como «nacionalidad histórica de naturaleza foral». Entre otros argumentos, el Gobierno de España considera que parte del articulado de esta ley aragonesa atenta contra la «soberanía nacional».
Pese a que el recurso de inconstitucionalidad coloca en este asunto jurídico al Gobierno de Sánchez del lado del PP y frente a la posición mantenida por los socialistas aragoneses, desde el Gobierno de Lambán han restado importancia a esta circunstancia y han puesto especial hincapié en subrayar que este asunto no ha generado rifirrafes con Pedro Sánchez. Fuentes oficiales de la Presidencia del Gobierno de Aragón han asegurado a ABC que «la Ley de Derechos Históricos no ha merecido ninguna conversación entre Javier Lambán y Pedro Sánchez, y tampoco han hablado del tema en la reunión que tuvieron en La Moncloa o en el reciente mitin en Zaragoza».
Las mismas fuentes también han mostrado la disposición del Gobierno de Aragón a negociar una readaptación jurídica de esta ley «para evitar cualquier duda sobre su constitucionalidad». Han asegurado que ya se ha empezado a trabajar en esa línea y que «los letrados del Gobierno de Aragón han hablado con total voluntad de pacto y han estado de acuerdo en que puede haber varios preceptos que pueden ser modificados para evitar cualquier duda sobre su constitucionalidad».
El PP también apeló a la «nacionalidad histórica»
Pero desde el equipo de Lambán se subraya que no puede ser objeto de negociación el carácter de Aragón como «nacionalidad histórica», ni tampoco la eficacia de sus «derechos históricos», su vigencia y actualización. Aseguran que el Gobierno aragonés, como el resto de poderes de la Comunidad autónoma, están obligados por el Estatuto de Autonomía a defender esos principios, y han aprovechado para cargar contra el PP por oponerse a ello.
Han recordado que los populares votaron a favor el Estatuto de Autonomía de Aragón, que define a Aragón como «nacionalidad histórica» y que incluye expresamente como objetivo la actualización de los derechos históricos. Y han aludido también a que el PP y el PAR presentaron conjuntamente en 2014 una proposición de ley de actualización de los derechos históricos que también subrayaba que «Aragón es una nacionalidad histórica de origen foral», al tiempo que proclamaba que el hecho de que «la identidad de Aragón esté unida a la identidad de España no exige la renuncia del pueblo aragonés a sus derechos históricos».
Desde la Presidencia del Gobierno aragonés se subraya que «esos derechos históricos están incluidos en el propio Estatuto de Autonomía y, por tanto, el presidente (Lambán) y el Gobierno (regional) no renunciarán nunca a esos derechos y a su cumplimiento».
