Educadores sociales se reivindican por los MENA
La incesante llegada de inmigrantes a las costas andaluzas ha puesto en jaque a los servicios sociales y a las ONG que les ofrecen una primera atención. En este contexto, los menores no acompañados (MENA) suponen un colectivo especialmente sensible. El pasado verano la Junta lanzó un SOS al Gobierno central para que otras comunidades autónomas colaboraran en el acogimiento. Pero los problemas no acaban aquí. El Consejo General de Colegios de Educadores Sociales se reivindica para que este colectivo profesional sea prioritario en la atención a estos menores, desmintiendo así una opinión que empieza a extenderse sobre una supuesta falta de especialistas en este ámbito.
De hecho, tal y como apunta el colegio profesional, las empresas que se están ofreciendo para gestionar los nuevos centros de acogida estarían alertando de la falta de educadores sociales, planteando la necesidad de cubrir sus plazas con otros perfiles. Y es más. Las administraciones «se están mostrando flexibles a introducir otras figuras profesionales del sector social».
A juicio del colegio, este planteamiento es «difícil de sostener» porque en las últimas promociones universitarias se han titulado más de 2.000 educadores en toda España. Además, atendiendo a los derechos y a la específica realidad de los MENA «es necesario e imprescindible que sea personal cualificado el que se contrate para esta tarea». El colectivo achaca la supuesta falta de profesionales a la «precariedad laboral» y a las ofertas que «no cumplen los convenios colectivos establecidos y se rigen por convenios propios o de otra índole con el fin de recortar los derechos y los salarios de los educadores», que «no se corresponden con el grado de responsabilidad que adquieren en su ejercicio profesional».
El referente socioeducativo en las unidades de atención son, por tanto, los educadores sociales. «No se puede aceptar que la atención a un colectivo con necesidades extremadamente delicadas recaiga en otros profesionales y se ponga en riesgo a personas con una situación de extrema vulnerabilidad».
En cuanto a los recursos que necesitan los MENA, el Colegio de Educadores Sociales exige la definición de nuevos dispositivos para la primera acogida, que serán «de urgencia y diagnóstico». Posteriormente, una vez realizado el diagnóstico inicial, deben entrar en el circuito habitual del acogimiento residencial «establecido en las leyes de protección a la infancia estatal y autonómicas», ampliando la red de recursos de acogimiento residencial y familiar teniendo en cuenta el grado de autonomía y la situación personal a nivel social y educativo.
Las labores que realiza el colectivo son múltiples. Desde la solicitud del permiso de residencia y trabajo hasta la colaboración con las administraciones de justicia, educación y salud «con el objetivo de facilitar su integración». También la evolución de la llegada en los últimos diez años, la planificación de recursos para la acogida y la distribución de plazas, dependiendo de los países de origen. En este sentido, el colegio exige al Gobierno central que aumente la inversión en la protección de la infancia. «Trasladar el problema a las autonomías no resuelve la situación».