La supresión del Consejo Consultivo restará control externo a la Junta
Tenía que llegar el pacto de gobierno y llegó. PP y Cs apuraron en sus negociaciones para plasmar los intereses de ambos partidos en un acuerdo de 90 medidas que anuncia cambios en profundidad en la estructura de la Junta. Los dos habían expresado con anterioridad su intención de reducir las agencias y fundaciones públicas, situándolos ahora en la mitad de los 301 que actualmente existen. El desbroce deberá esperar a la auditoría que, según el texto aprobado, encargarán a la Cámara de Cuentas de Andalucía. Este es uno de los organismos que sufrirán la tijera, pese a que su presidente ha reclamado más medios para agilizar los análisis de los gastos realizados por el sistema público, cuya fiscalización le corresponde. Actualmente hay trece informes en elaboración, que afectan a ayuntamientos, universidades o para valorar la eficacia de los planes de empleo para jóvenes. El principal problema que afronta es la lentitud, ya que llegan a publicarse tres años después del cierre del ejercicio. La Cámara de Cuentas es solo uno, pero no el principal señalado. Sí lo es el Consejo Consultivo, un organismo que PP y Cs han acordado expresamente eliminar. El acuerdo detalla que serán los servicios jurídicos de la Junta los que realicen a partir de ahora sus tareas.
El PP ya eliminó en Madrid este organismo, constituyendo en su lugar una Comisión Jurídica Asesora, formada exclusivamente por letrados adscritos a la Abogacía de la comunidad, nombrados por decreto durante seis años. Los requisitos, que podrían ser los mismos para Andalucía, incluyen ser funcionario con más de diez años de antigüedad.
La actuación del Consejo implica pronunciarse en materia legislativa y en la actividad administrativa, protegiendo los derechos de los ciudadanos. Sus dictámenes, sin embargo, no son vinculantes, excepto en los casos en los que la ley lo establezca así. Un ejemplo fue la reforma del Estatuto de Autonomía, donde su pronunciamiento fue clave para aclarar las cuestiones polémicas. Su presidente, Juan Cano Bueso, va a cumplir 16 años en el cargo y prácticamente desde su creación es integrante, ya que fue consejero entre los años 1996 y 2002. Concebido inicialmente en 1993 como un órgano de asesoramiento del Consejo de Gobierno, ha ido progresivamente erigiéndose en el superior órgano consultivo de las administraciones públicas, principalmente de las corporaciones locales. Este papel quedó fortalecido a partir de que la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional le atribuyera intervención, a través de dictamen preceptivo, en los conflictos de competencia en defensa de la autonomía local. Sus dictámenes han generado además una doctrina que ha facilitado la adecuación y la interpretación de las normas jurídicas, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía, cuya protección tiene encomendada.
Las consultas que se dirigen al Consejo Consultivo pueden ser preceptivas –obligatorias– o facultativas –voluntarias-. En él están integrados letrados públicos, pero son los consejeros, y especialmente el presidente, quienes tienen la última palabra . Desde el inicio de su funcionamiento, incorpora en su memoria anual las sugerencias para mejorar la actuación administrativa. La mayoría de las alrededor de 900 consultas que recibe anualmente proceden de ayuntamientos, tardando una media de 25 días en pronunciarse al respecto. Actualmente está formado por ocho miembros –el presidente, seis consejeros electivos con dedicación exclusiva y la secretaria general–. Esos serían los cargos políticos, elegidos por los partidos. Su presupuesto es de 3,8 millones, de los que 3,3 corresponden a gastos de personal. Más de 440.000 son para pagar a los altos cargos.
La composición de este organismo contempla también a consejeros permanentes y natos. Los natos son quienes ostentan cargos jurídicos de relevancia, como el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), mientras tienen carácter de miembros permanentes los expresidentes andaluces hasta que cumplan 65 años. Ese límite excluye a todos, excepto a Susana Díaz, que sí podría formar parte durante los próximos veinte años del Consejo asesor. Si finalmente se suprime, a Díaz le quedaría la política como única alternativa tras su retirada.
A nivel nacional, existe un órgano similar, el Consejo de Estado, donde los expresidentes cobran sueldos de cien mil euros. La incompatibilidad con otras ocupaciones remuneradas ha hecho que tanto José María Aznar como José Luis Rodríguez Zapatero renunciaran después de un breve paso, entregándose a la actividad privada. Ni Mariano Rajoy ni Felipe González han llegado a incorporarse a él.